*El procesado no quiso aceptar los cargos en su contra por concierto para delinquir agravado, terrorismo y porte de explosivos agravados.

A la cárcel deberá ser enviado en las próximas horas Cleiver Jesús Pérez Sánchez por orden de un juez de control de garantías, tras su presunta relación con los hechos ocurridos en Barranquilla y Soledad el pasado 8 de octubre, en los que se abandonaron banderas del ELN y cilindros en corredores de movilidad estratégicos del Atlántico.

El procesado no quiso aceptar los cargos en su contra por concierto para delinquir agravado, terrorismo y porte de explosivos agravados. No obstante, durante las audiencias, la Fiscalía presentó como evidencia el hallazgo de bloques de pentolita en la vivienda del capturado, ubicada en el barrio El Manantial, en Soledad.

Según el informe pericial, se trata de un explosivo de alto poder destructivo utilizado en labores de demolición y clasificado como material de uso privativo de la Fuerza Pública.

Además, el fiscal del caso expuso elementos que vincularían a Pérez Sánchez con la aparición de dos cilindros y una bandera del ELN en el puente de la Circunvalar con Murillo y en cercanías de la Terminal de Transporte.

Por medio de vídeos de cámaras de seguridad, dice el ente acusador, se puede apreciar como Cleiver ayuda a colocar los cilindros que buscaban sembrar terror en el área metropolitana.

“Los dos hombres se acercaron al vehículo y bajaron los elementos, los cuales serían claramente dos cilindros y una bandera del ELN. Claramente, constituyen materiales probatorios válidos para inferir la relación que tendría el señor Cleiver Jesús Pérez con el vehículo del que descendieron estos objetos”, declaró el juez durante la diligencia.

Recordemos que ‘Cleiver’ sería un presunto integrante de la banda Los Costeños, aunque la Fiscalía no descartó que haya tenido reuniones con cabecillas urbanos del ELN en Barranquilla

*Por presunta corrupción en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí (Antioquia).

Al resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal del circuito de Medellín, en segunda instancia, revocó la medida de aseguramiento de carácter domiciliario impuesta a Miguel Andrés Quintero Calle y ordenó su privación de la libertad en establecimiento carcelario.

El procesado fue vinculado formalmente, el pasado mes de septiembre, a una investigación por el presunto direccionamiento irregular de seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí (Antioquia), en los que se habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos.

En su momento, fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

«Habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos, de acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación. Los acuerdos, celebrados entre 2019 y 2023, tenían como propósito fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar acciones de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, así como desarrollar actividades de formación bomberil y suministrar kits destinados a atender la emergencia sanitaria por el Covid-19», indicó la Fiscalía en su momento.

La contratación, según el ente acusador, se realizó de manera directa sin el cumplimiento de los requisitos legales.

«Además, puso al descubierto posibles sobrecostos en los kits para la pandemia y pagos correspondientes a servicios de transporte y recargas de celulares que no fueron prestados», añadió la Fiscalía.

*Según el fallo judicial deberá cumplir con la medida en las próximas 48 horas.

Un juez de Bogotá ordenó al Museo Nacional de Colombia restituir en 48 horas las 63 piezas de arte e históricas que fueron retiradas el pasado 15 de octubre como parte de la «batalla cultural» del Gobierno.

La resolución del juez 24 de Familia de Bogotá ordena al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional que «reinstalen la totalidad de piezas retiradas el 15 de octubre de 2026 en las salas y lugares donde se encontraban exhibidas».

El juez César Enrique Osorio Ortiz, que respondió a la tutela interpuesta por el congresista Gabriel Becerra, también ordenó que ambas entidades se «abstengan» de retirar obras por «razones relacionadas con su contenido o el punto de vista que expresan».

La polémica comenzó luego de que se dio a conocer que el Gobierno colombiano había ordenado el retiro de más de 60 obras principalmente relacionadas con los movimientos feministas y LGTBI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.

Entre los elementos están una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de izquierda de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado ‘Balígrafo’, una pluma elaborada a partir de una bala y utilizada para firmar el acuerdo de paz.

La medida se enmarcó en la «contrarrevolución cultural» anunciada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien cuestiona el «wokismo» y considera que determinadas representaciones públicas constituyen una «apología del terrorismo».

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió en ese entonces el polémico retiro al afirmar que los museos públicos «no deben servir como instrumentos de adoctrinamiento político ni difundir versiones sesgadas de la historia».