*El automotor habría sido entregado por el particular interesado en ejecutar un proyecto de mejoramiento vial en Cauca mediante la modalidad de obras por impuestos.

Rafael Antonio Henao, un excontratista del Ministerio de Transporte, habría recibido un vehículo avaluado en 90 millones de pesos a cambio de emitir conceptos técnicos favorables para un proyecto de mejoramiento vial en Cauca. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho impropio.

El hoy procesado estuvo vinculado mediante contrato de prestación de servicios a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, entre el 18 de enero y el 28 de diciembre de 2018. Su labor consistió en apoyar la gestión y el seguimiento de iniciativas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.

Asimismo, debía revisar los requisitos presentados por los interesados y elaborar informes de viabilidad a partir del análisis de datos geodésicos, levantamientos y replanteos topográficos.

En desarrollo de esas funciones, los días 27 de noviembre, 18 y 28 de diciembre de 2018, habría emitido tres conceptos técnicos que respaldaban una propuesta para mejorar un tramo de vía rural entre Corinto y Toribío (Cauca).

De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilada, esos documentos contribuyeron a que la Dirección de Infraestructura autorizara la ejecución del proyecto mediante la modalidad de obras por impuestos.

Adicionalmente, se conoció que Henao presuntamente sostuvo reuniones presenciales y conversaciones por chat con el interesado en desarrollar las obras, quien posteriormente, entre el 19 y el 22 de diciembre de 2018, al parecer, le entregó un vehículo y formalizó el traspaso nueve meses después.

*Las afectadas habrían sido encerradas, vigiladas con cámaras de seguridad y obligadas a permanecer en un establecimiento hasta altas horas de la noche.

Una oferta para trabajar como meseras terminó en un escenario de explotación sexual para cuatro mujeres, entre ellas varias adolescentes, quienes viajaron desde Medellín (Antioquia) hasta Villavicencio.

La Fiscalía General de la Nación investiga a María Ofelia Ortiz Gil como presunta responsable de su recibimiento y sometimiento. Los hechos ocurrieron entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024.

Según la investigación, al llegar a la capital de Meta, las víctimas fueron conducidas a un establecimiento de comercio que sería propiedad de Ortiz Gil, quien les habría informado que debían realizar actividades sexuales y permanecer hasta altas horas de la noche cuando se retirara el último cliente.

Las mujeres permanecieron encerradas y vigiladas con cámaras de seguridad. Además, Ortiz Gil presuntamente controlaba sus movimientos, les proporcionaba alojamiento y establecía los valores que debían cobrar por las bebidas alcohólicas y los actos sexuales. La alerta de la madre de una de las adolescentes permitió establecer su ubicación e informar a las autoridades.

Las acciones adelantadas posteriormente permitieron llegar al sitio y rescatar a las cuatro víctimas. Un fiscal de la Seccional Meta imputó a María Ofelia Ortiz Gil el delito de trata de personas agravado. La procesada no aceptó el cargo y, por decisión de una juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial.

*La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, participó en la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la AIAMP, donde impulsó acuerdos y mecanismos de cooperación para afianzar las investigaciones contra organizaciones criminales que trascienden las fronteras.

La cooperación judicial internacional se consolidó como uno de los ejes de la participación de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), realizada en Cusco (Perú) entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre.

Durante la jornada, la Fiscal General suscribió un acuerdo con la Fiscalía de El Salvador para conformar un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) orientado a afectar estructuras criminales que tienen injerencia en ambos países y están vinculadas, entre otras actividades, a la extorsión carcelaria.

El mecanismo facilitará el intercambio de información y elementos materiales probatorios en las iniciativas que adelanten las dos instituciones, particularmente en asuntos relacionados con víctimas, análisis técnicos y procesos de extinción de dominio. Estos esfuerzos serán articulados mediante un plan de acción operativo que, por parte de Colombia, estará liderado por la Delegada para las Finanzas Criminales y la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.

La agenda internacional también incluyó la renovación del memorando de entendimiento suscrito en 2024 entre la Fiscalía General de la Nación y el Basel Institute on Governance, cuyo propósito es brindar asistencia técnica para enfrentar la criminalidad transnacional, especialmente en materia de corrupción, lavado de activos, delitos financieros y recuperación de bienes provenientes de economías ilícitas.

Como parte de esta refrendación, serán organizados y ejecutados programas de capacitación específicos, conceptualizados y diseñados con el objetivo de generar competencias en las áreas antes mencionadas establecieron compromisos para coordinar actividades, y atender los requerimientos de asistencia que sean solicitados en el desarrollo de las actuaciones.

De otra parte, la Fiscal General sostuvo un encuentro con fiscales de Perú y Ecuador, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En este espacio fue presentada la estrategia de litigio desarrollada por la Fiscalía de Colombia, denominada ‘Cumbres Estratégicas para la Investigación y Judicialización de Máximos Responsables e Integrantes de Estructuras Criminales en Colombia’.