Una modalidad delictiva utilizada para ingresar estupefacientes al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá y garantizar su salida a destinos internacionales quedó al descubierto en una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Los presuntos involucrados son trabajadores de una empresa de seguridad que, al parecer, recogían diversas cantidades de clorhidrato de cocaína y marihuana en hoteles de la localidad de Fontibón, las camuflaban en los uniformes, chalecos y otros accesorios; y aprovechaban que tenían permisos para moverse por la terminal aérea para cruzar los filtros de seguridad hasta los baños de las salas de abordaje y entregar las sustancias ilícitas a
viajeros específicos que salían a España.

Michel Sneider Sánchez Jiménez, Jesús Iván Surmay Navarro, Flor María Arias Vega y Heidy Johana Galindo Arias serían los empleados implicados. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los cuatro procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

En el curso de esta investigación las autoridades lograron la captura en flagrancia de tres transportadores o pasantes, que llevaban ocultos 37 kilogramos de cocaína en sus equipajes.

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, fue citada por la Fiscalía a imputación de cargos por sus aparentes vínculos con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia quedó programada para el próximo 29 de noviembre, y en ella la exfuncionaria quedará vinculada a un proceso en el que se le investigará por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Noticia en desarrollo

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de peculado por apropiación a Juan Carlos Vargas Suárez, un exdepositario que estaría implicado en la desaparición de 10 lingotes dorados y 69 relojes que pertenecerían al señalado narcotraficante Carlos Felipe Toro Sánchez o ‘Pipe Montoya’.

Entre febrero de 2021 y abril de 2022, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) designó al hoy procesado para que administrara varios bienes que habían sido afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio.

Algunas de las propiedades a custodiar eran las barras doradas, que de acuerdo con el dictamen de peritos certificados corresponderían a listones metálicos; y una colección de relojes, varios de estos de gama alta, que superarían en valor los 1.300 millones de pesos.

En su momento, los elementos fueron guardados en una caja fuerte que estaba instalada en un criadero de caballos de paso fino en Tenjo (Cundinamarca), pero al ser buscados para entregarlo a un nuevo depositario no fueron encontrados.

El depositario no entregó explicaciones sobre el paradero de los bienes extraviados, por lo que un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción le atribuye haber fallado en su deber de cuidado y aseguramiento de los activos que le fueron confiados, los cuales tendrían un origen ilícito.