*La estructura habría obtenido más de 280 millones de pesos con esta actividad ilícita.

La Fiscalía General de la Nación desarticuló al grupo delincuencial denominado ‘Venus’, señalado de extorsionar a ciudadanos contactados a través de plataformas digitales y cuentas de redes sociales en las que se ofrecían servicios sexuales.

Los elementos materiales probatorios indican que los integrantes de esta organización ilegal se comunicaban con las víctimas, ganaban su confianza y les solicitaban información personal y fotografías íntimas.

Posteriormente, les exigían sumas superiores a los dos millones de pesos a cambio de no divulgar el material.

En otros casos, obtenían imágenes publicadas por hombres y mujeres en diferentes espacios digitales y las acompañaban con mensajes que contenían acusaciones falsas, como la participación en actos de pedofilia y otras conductas ilegales. Después, los amenazaban con difundir ese contenido si no entregaban dinero.

En diligencias realizadas de manera articulada con la Policía Nacional fueron capturadas seis personas que harían parte de la estructura, en Bogotá, Ubaté y San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca), y Chaparral (Tolima) y dos más fueron notificadas en centro carcelario.

En su contra hay cuatro denuncias interpuestas en Caldas. Adicionalmente, se conoció que habrían movido en diferentes cuentas bancarias hasta 280 millones de pesos.

Entre los procesados están Karol Dayanne Caviedes Guzmán y Daniel Andrés Rodríguez Cuevas, quienes serían los encargados de captar, administrar y distribuir los recursos obtenidos ilícitamente.

Para recibir el dinero presuntamente utilizaban productos financieros creados a nombre de terceros y ciudadanos fallecidos, que tenían sus huellas dactilares y registros fotográficos con el propósito de ocultar las identidades.

Una fiscal de la Seccional Caldas, les imputó de acuerdo con su responsabilidad individual, los
delitos de concierto para delinquir, extorsión y enriquecimiento ilícito.

Por disposición de un juez de control de garantías, cinco recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y tres más deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.

*Las conductas delictivas que motivaron la sentencia fueron perpetradas en Cesar y La Guajira.

Luego de valorar las pruebas y argumentos aportados por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a cuatro exintegrantes del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por 78 hechos delictivos perpetrados entre 1995 y 2005, en La Guajira y Cesar.

Se trata de Óscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida, cabecilla del Frente Juán Andrés Álvarez, una estructura urbana al servicio de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Amaury Gómez Ramos, alias Bigotes o Binladen, segundo de esa agrupación armada; Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias El Pájaro, quien intervino en varias masacres atribuidas a esta agrupación; y Evangelista Bastos Bernal, alias Pedro o Jota, encargado de diversas labores logísticas dentro del grupo armado ilegal.

Estas personas fueron declaradas responsables de delitos de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados en personas protegidas.

Uno de los episodios examinados en la sentencia corresponde a la incursión en Villanueva (La Guajira), el 8 de diciembre de 1998. Hombres armados ingresaron al municipio en horas de la madrugada, entraron violentamente a varias viviendas, retuvieron a algunos habitantes y les causaron la muerte a 11 de ellos.

Igualmente, se abordó el crimen del entonces alcalde de Agustín Codazzi, Gilberto Gómez; y del enfermero del hospital municipal, Jairo Ferias Fonseca, asesinados el 19 de septiembre de 1997, mientras se movilizaban por la vía que comunica a Valledupar con Codazzi.

Los procesados recibieron penas privativas de la libertad de entre 240 y 480 meses de prisión, multas equivalentes a entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos.

A todos los postulados se les impuso una pena alternativa definida en la Ley de Justicia y Paz.

*La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de un permanente asedio y acoso en contra la víctima. En ese sentido, el señalado agresor fue imputado por el delito de feminicidio agravado.

Óscar Giovanny Marulanda conoció a la mujer en febrero de este año en un almacén de venta de utensilios y artículos para el hogar en Soacha (Cundinamarca), lugar donde ella laboraba hace cinco años.

Tras manifestarle su interés sentimental, la mujer le dejó claro que no deseaba iniciar una relación con él. Desde ese momento, de acuerdo con la investigación, comenzaron episodios de asedio y acoso en su contra.

En dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para trasladarla de su lugar de trabajo hasta su residencia y evitar así el hostigamiento del que era objeto.

El 10 de mayo y el 5 de junio pasados, el procesado llegó hasta la vivienda de la madre y el excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla. Posteriormente, el domingo 12 de junio, el hombre habría ingresado al establecimiento de comercio donde ella cumplía su jornada y atacado con un cuchillo, causándole cuatro heridas. Aunque fue trasladada a un hospital en una patrulla de la Policía Nacional, murió por la gravedad de las lesiones.

El señalado agresor fue capturado en flagrancia. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca lo imputó por el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó. Entre tanto, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.