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Bernardo Moreno Villegas, exsecretario de Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades por el escándalo de la ‘Yidispolítica’

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La Policía Nacional reportó en las últimas horas la entrega del exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno Villegas, por su participación en el escándalo de corrupción conocido como la ‘Yidispolítica’. Esta detención se habría efectuado por autoridades en Calarcá (Quindío), días después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena en contra del exfuncionario por el delito de tráfico de influencias.

Moreno Villegas, que se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez, fue sentenciado a 5 años y 7 meses de prisión.

La condena se deriva de su implicación en un esquema de corrupción donde se le acusa de haber utilizado su posición de poder para ofrecer sobornos y nombramientos en altos cargos gubernamentales a favor de la excongresista Yidis Medina Padilla. Este acuerdo corrupto, que se realizó bajo la premisa de intercambiar favores políticos por beneficios personales, ha sido uno de los puntos clave en el caso de ‘Yidispolítica’, que ha expuesto graves irregularidades en la gestión política de la época.

Según la excongresista, Moreno Villegas le prometió varios cargos en la administración a cambio de su apoyo a la reelección de Uribe en 2006. Puntualmente, la Corte Suprema determinó que el exfuncionario actuó para asegurar el apoyo de Medina Padilla al proyecto de Acto Legislativo n.º 267 de 2004, que modificaba el artículo 197 de la Constitución Política para permitir la reelección presidencial inmediata.

A cambio de su apoyo, Medina Padilla recibió garantías de que sus recomendados serían nombrados en diversos cargos públicos en la Red de Solidaridad Social (RSS), Etesa, el Sena y en notarías.

La sentencia reveló que, en un “pacto ilegal”, Bernardo Moreno utilizó su influencia para concretar estos nombramientos, a pesar de saber que “una vinculación al Estado no podía convertirse en un medio para cumplir compromisos ilícitos”. La Corte detalló en el fallo cómo Moreno Villegas “se intrometió en asuntos internos de las entidades directamente o a través de sus asesores”, y realizó una serie de acciones para asegurar los nombramientos, como el envío de hojas de vida, llamadas telefónicas a directores y citas con Medina Padilla.

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Asesinan a inspector del Inpec cuando llegaba a la Cárcel de Palogordo, en Girón

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*Recibió tres impactos de bala. Los sicarios huyeron después de cometer el crimen.

El inspector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Efraín Quesada Urrego, fue asesinado en Santander, después de haber sufrido un atentado cuando se dirigía a la Cárcel de Palogordo, en Girón.

Quesada fue trasladado a la Clínica Foscal, en Floridablanca, donde fue sometido a una cirugía, pero pese a los esfuerzos médicos, terminó falleciendo por los tres impactos de bala que recibió.

Según se ha conocido, el funcionario del Inpec fue interceptado a las 6:20 de la mañana por hombres armados en el sector de la finca Los Naranjos, en inmediaciones a la cárcel de Girón.

Los sicarios escaparon por la misma vía que comunica a Girón con Piedecuesta, después de que otros funcionarios del Inpec se acercaran al escuchar las detonaciones de las armas de fuego.

«Lamentamos el fallecimiento del Inspector Efraín Quesada, funcionario de la Cárcel de Girón. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento y hacemos un llamado a las autoridades competentes para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia», manifestó el Inpec.

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A un día de la posesión presidencial en Cali se registran fuertes combates en el Valle del Cauca

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*Estos combates se registran justo cuando en Cali se realiza un consejo de seguridad para seguir ajustando las medidas que buscan garantizar la protección de los invitados nacionales e internacionales.

Los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ se registran desde la mañana de este jueves, muy cerca del corregimiento de Tenerife, que está ubicado en zona montañosa, entre los municipios de Palmira y El Cerrito, Valle. Campesinos de la zona reportan disparos y explosiones desde muy temprano.

Estos combates se registran justo cuando en Cali está comenzado un consejo de seguridad para seguir ajustando las medidas que buscan garantizar la protección de los invitados nacionales e internacionales que están llegando para la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, dijo previamente que se están reforzando y monitoreando todos los puestos de control instalados en Cali y los alrededores: «Sobre todo en los puntos que conectan con el departamento del Cauca, como lo es el puesto de Valcilla, que conecta el municipio de Florida con el municipio de Miranda, Cauca, el puente Valencia, que conecta Jamundí con el departamento del Cauca. Es decir, los puntos estratégicos que estamos monitoreando, en donde hay presencia de nuestra fuerza pública, policías y soldados de forma física vigilando ese puesto», indicó Londoño.

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la recta Cali – Palmira están militarizadas. Esta tarde llegaran los primeros lideres mundiales invitados a la posesión presidencial.

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Cambian las reglas para patinetas eléctricas en Colombia: obligaciones que deberán cumplirse

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El Gobierno nacional expidió la primera reglamentación integral para los vehículos de micromovilidad en Colombia, una medida con la que busca mejorar la seguridad vial, ordenar la circulación de estos medios de transporte y promover una movilidad urbana más sostenible.

La Resolución 20263040030675 de 2026, expedida por el Ministerio de Transporte, desarrolla la Ley 2486 de 2025 y establece las condiciones para la circulación de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, entre ellos bicicletas eléctricas, patinetas eléctricas, monociclos, triciclos eléctricos y otros dispositivos de uso personal.

Uno de los principales cambios es la creación de una clasificación oficial para este tipo de vehículos, diferenciando cuáles son automotores y cuáles no, con el propósito de facilitar su identificación tanto para las autoridades como para fabricantes, comercializadores y usuarios.

Casco obligatorio y nuevos requisitos de seguridad

La nueva reglamentación dispone que los usuarios deberán utilizar casco certificado, el mismo tipo de casco exigido para motociclistas, además de prendas retrorreflectivas durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Los vehículos también deberán contar con condiciones mínimas de seguridad, entre ellas sistemas de frenos, iluminación delantera y trasera, avisador acústico, limitador de velocidad, indicador de batería, velocímetro, luces direccionales y mecanismos que impidan modificar la velocidad máxima autorizada.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la reglamentación responde al crecimiento que ha tenido la micromovilidad en el país y busca proteger tanto a quienes utilizan estos vehículos como al resto de actores viales.

Identificación obligatoria desde 2027

Aunque la Ley 2486 no permite exigir placas para estos vehículos, la resolución crea una lámina de identificación obligatoria, que deberá incluir información como velocidad máxima, número de serie, año de fabricación, marca, modelo, potencia, peso y categoría del vehículo.

Esta obligación comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2027, con el objetivo de facilitar la identificación de los vehículos por parte de las autoridades de tránsito.

El Ministerio de Transporte anunció que durante los primeros tres meses se adelantará una etapa de pedagogía y socialización de la norma, liderada junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Durante ese periodo no habrá sanciones por incumplimiento de las nuevas disposiciones, ya que el propósito será informar a los ciudadanos sobre las reglas que comenzarán a aplicarse.

La reglamentación también incluye lineamientos para el transporte de estos vehículos en los sistemas de transporte público, la disposición ambiental de baterías y componentes, así como protocolos para la atención de emergencias relacionadas con baterías de litio.

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