Sobre las 5:00 de la tarde de este lunes hizo erupción el volcán San José Mulatos –un cráter que comparte jurisdicciones con los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá– y hasta ahora las autoridades tratan de ingresar a la zona.

“Los hechos acaban de ocurrir y el cuerpo de bomberos se dirige al lugar para verificar la situación”, relató Alexánder González, secretario general de San Pedro de Urabá.

“Tenemos claro que la expulsión del material volcánico cayó hacia los lados del municipio de Necoclí, estamos trabajando en la verificación porque en la zona hay un cacerío pequeño”, añadió el funcionario.

Pobladores de la zona le relataron a EL COLOMBIANO que justo antes de la erupción sintieron un ruido similar al que hace un “avión fantasma” y luego se “vio el candeleo entre las montañas”.

El material volcánico también cayó sobre la vía que comunica a San Pedro de Urabá con Necoclí. La vía permanece cerrada.

Un abogado que laboraba para el Distrito de Medellín como defensor de Derechos Humanos fue capturado este jueves en el suroccidente de la ciudad mientras le pasaba drogas, varios teléfonos móviles y otros elementos tecnológicos a una persona detenida.

“El ejemplo empieza por casa y la lucha contra los delincuentes no tiene consideración alguna. Que le caiga todo el peso de la ley a este y a cualquier otro funcionario que crea que puede incurrir en actos de corrupción y delictivos”, escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X, donde publicó la información, con todo y foto del profesional del derecho.

El jurista, al que pescaron en flagrancia, fue identificado por el mandatario local como Francisco José Vélez y, según detalló, era un contratista adscrito a la unidad de Defensoría de Derechos Humanos de la Alcaldía .El sitio donde lo sorprendieron cometiendo el acto ilícito fue la estación de Policía de Belén, mientras le entregaba a un sindicado que estaba recluido allí un paquete que contenía 300 gramos de base de coca, 200 gramos de marihuana, 5 teléfonos celulares, 6 cargadores y 3 sim cards. “Gracias a la policía por los controles que viene realizando dentro de las estaciones del policía para prevenir el tráfico de elementos prohibidos al interior de los centros de detención y con ellos reducir los delitos que se cometen desde allí. Y especialmente gracias por la reacción oportuna en este caso que permitió que esta persona fuera capturada inmediatamente y presentada ante la justicia para que responda por el tráfico de sustancias estupefacientes y el ingreso ilegal de elementos prohibidos a sala transitoria”, concluyó el alcalde Gutiérrez.

En los últimos días se han presentado en Colombia varias capturas de funcionarios estatales por participar en presuntos actos de corrupción en operaciones encabezadas por las mismas instituciones donde ellos laboraban .El sábado pasado, por ejemplo, la jefatura de Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional en articulación con la Fiscalía informaron que en desarrollo de operaciones de contrainteligencia capturaron a cinco militares activos, entre ellos tres suboficiales y dos soldados profesionales, lo mismo que a cuatro militares retirados. Presuntamente serían responsables del tráfico de materiales militares en distintas unidades castrenses.

Las aprehensiones ocurrieron en los departamentos de Caquetá, La Guajira y en la ciudad de Bogotá.

En el coliseo Fredilberto Ramos de Tarazá, campesinos de varios municipios del Bajo Cauca, el Magdalena Medio y Urabá se congregaron este miércoles 6 de noviembre para recibir los títulos de propiedad de sus tierras adjudicadas por el Gobierno Nacional.

A pesar de la ausencia de presidente Gustavo Petro, el evento se llevó a cabo con la participación de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; Otty Patiño, comisionado de paz; Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y alcaldes del Bajo Cauca, quienes hicieron énfasis en la importancia de la entrega de tierras en la región para la construcción de paz.

Felipe Ortiz explicó que los retrasos en el evento fueron causados por el mal clima en Bogotá y pidió disculpas a los asistentes. Durante su intervención, afirmó que el Gobierno ha entregado 14.000 hectáreas en el Bajo Cauca hasta la fecha y que con estas acciones se busca contribuir a la paz y al desarrollo rural. Además, enfatizó que “la mejor forma de derrotar la violencia es asegurar que los campesinos puedan trabajar en sus propias tierras”.

Otty Patiño, por su parte, reiteró el compromiso del Gobierno con la reforma agraria y con el cumplimiento de los acuerdos de paz. Recordó que este proceso requiere además de la entrega de tierras, la mejora de infraestructuras, como las vías, y la creación de condiciones para el desarrollo de las comunidades.

La ministra Carvajalino, al tomar la palabra, recordó que la región de Tarazá ha sido históricamente afectada por la violencia, rememorando los tiempos en que el río Cauca fue testigo de la violencia y del despojo de tierras en los años 90. “Este río, que ha visto la guerra, hoy puede ser testigo del presidente Gustavo Petro”, expresó. En su discurso, prometió avanzar en la recuperación de la vida campesina y en el impulso a la producción agrícola en el Bajo Cauca.

Uno de los momentos simbólicos del evento fue la entrega de azadones a las 12 asociaciones campesinas presentes, una herramienta que representa el compromiso de los agricultores por trabajar en la tierra que hoy les pertenece. Además, se firmó el decreto para la constitución de la Zona de Reserva Campesina de Tarazá, bajo el acuerdo 398 de 2024, con la intención de preservar más de 42.000 hectáreas para la producción agrícola y la conservación ambiental.

El evento forma parte de la Reforma Agraria y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, un proyecto del Gobierno para reparar a las familias desplazadas por el conflicto armado. Durante la ceremonia, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 3.671 hectáreas, terrenos que en el pasado pertenecieron a jefes paramilitares como Ramiro Vanoy, alias “Cuco Vanoy”, y Carlos Mario Jiménez, conocido como “Macaco”. Ahora, estos predios pasarán a manos de 282 familias rurales.

Con la entrega de estas tierras, el Gobierno busca impulsar proyectos agrícolas en la región. En el Bajo Cauca, se entregaron 3.280 hectáreas, de las cuales 584 están en Tarazá. Esta zona ha sido declarada Reserva Campesina, con más de 42.000 hectáreas destinadas a la producción agrícola y a la preservación ambiental.