El líder comunitario, comunicador y locutor colombiano Jader Durango fue asesinado en una zona rural del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, informó este lunes la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que elevó a 82 los asesinatos de líderes sociales en 2026.

Durango, de 42 años, integrante del colectivo de comunicación Casup, era reconocido en el corregimiento (aldea) de Batata por su trabajo en la formación de jóvenes en locución y comunicación comunitaria.

Según Indepaz, el cuerpo del líder fue hallado el sábado en la carretera que comunica los sectores de La Sierpe y Murmullo, con múltiples heridas de bala.

En Tierralta hacen presencia el ‘Clan del Golfo’, la mayor banda criminal del país que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), además de ‘Los Caparros’ y otras organizaciones delincuenciales de carácter local.

La disputa entre estos grupos por el control de rutas y rentas ilegales ha provocado durante los últimos años homicidios, desplazamientos y amenazas contra comunidades y líderes sociales, según la Defensoría del Pueblo.

Según la ONG Fundación para la Libertad de Prensa, desde 2022 una decena de periodistas han sido asesinados en Colombia por su labor informativa.

*El caso se presentó a inicios de noviembre de 2025 en una finca mientras el agresor almorzaba.

Un caso de maltrato animal que conmocionó al país en noviembre de 2025 derivó en la condena a 20 meses de prisión que un juez le impuso al ciudadano Fernando Alonso Oviedo Sánchez.

El acto generó indignación nacional tras viralizarse en redes sociales por medio de un video. Los hechos ocurrieron en el municipio de Montecristo, departamento de Bolívar, cuando Oviedo Sánchez fue grabado azotando brutalmente a su perro con un látigo, luego de que el animal se comiera un pedazo de carne.

La investigación, liderada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, determinó que Oviedo Sánchez inmovilizó al perro y le propinó una golpiza que le causó lesiones de consideración.

El ataque fue captado en video por un vecino, material que resultó clave para el desarrollo del proceso judicial, que en principio apuntaba al lugar de los hechos en el municipio de Sonsón, Antioquia, pero días después se aclaró que la agresión al can no se presentó allí.

Tras la difusión de las imágenes, el caso provocó una ola de rechazo en todo el país y reavivó el debate sobre la protección de los animales y las sanciones para los agresores.

Según lo que resolvió el ente investigador en su comunicado, el procesado aceptó los cargos de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de un animal, en la modalidad agravada.

Sumado a todo lo anterior, la evidencia en video permitió a las autoridades demostrar la responsabilidad de Oviedo Sánchez, quien actuó con violencia tras descubrir que el perro había tomado la carne de un mesón.

Además de la pena de prisión, el juez impuso al condenado una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También fue inhabilitado por 63 meses para adquirir, tener, cuidar o refugiar animales y por cinco años para ejercer derechos y funciones públicas.

La difusión del video generó inicialmente confusión sobre el lugar exacto de los hechos. En un primer momento se creyó que el ataque había ocurrido en Yarumal (Antioquia), pero posteriormente las autoridades confirmaron que fue en el sur de Bolívar, específicamente en Montecristo.

La reacción pública llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa para dar con el responsable, lo que finalmente motivó que Oviedo Sánchez se presentara ante las autoridades.

*La acción buscaba que Cepeda se retractara y no volviera a emitir pronunciamientos sobre este tema.

El Juzgado 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá negó, en primera instancia, la tutela con la que dos personas buscaban que el excandidato presidencial Iván Cepeda se retractara de sus declaraciones sobre la desobediencia civil. Además, pedía que el senador no volviera a emitir un pronunciamiento de ese tipo.

El juez concluyó que lo de Cepeda «constituye una manifestación pública de contenido político» y que la hipótesis de que podría generar alteraciones del orden público «no se encuentra respaldada por elementos objetivos que permitan establecer la existencia de una amenaza cierta, real o actual sobre el derecho invocada».

El fallo también declaró improcedente la pretensión de ordenar la retractación de Cepeda y la prohibición para futuras manifestaciones sobre este asunto.

«Estas medidas implicarían una restricción desproporcionada del derecho fundamental a la libre expresión, especialmente en su dimensión política», apuntó el Juzgado.

Al respecto, Cepeda manifestó que la «desobediencia civil constituye un derecho y componente estructural del estado constitucional, que parte de su reconocimiento, y se ejerce desde él y en su defensa».