*La víctimas fueron citadas con el supuesto de cerrar un negocio; sin embargo, fueron retenidas
durante nueve días y finalmente asesinadas mediante asfixia mecánica.

Concretar la compra de varias cabezas de ganado fue el pretexto que utilizó un grupo delincuencial para contactar y citar a dos comerciantes a un punto específico de Fuente de Oro (Meta).

El 21 de noviembre de 2024, los interesados en el negocio se trasladaron por vía terrestre, pero en el camino fueron interceptados y retenidos.

Durante nueve días permanecieron encerrados en un inmueble; mientras sus familiares recibieron llamadas telefónicas en las que les exigieron 100 millones de pesos por una liberación que nunca llegaría. Los comerciantes fueron asesinados mediante asfixia mecánica el 30 de noviembre de 2024, y sus cuerpos sepultados en una zona boscosa y de difícil acceso ubicada entre Fuente de Oro y San Martín (Meta).

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar a dos de los presuntos responsables de la acción delictiva. Se trata de Ruperto Torres Vivero, quien se habría encargado de coordinar las comunicaciones para presionar la entrega del dinero solicitado; y María Sor Zulma Agrono Valencia, señalada de asumir la logística y facilitar la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros para recibir y darle tránsito a los recursos que esperaba la red ilegal por el secuestro.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con unidades del Gaula de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Potosí, en Bogotá.

Por su parte, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales
les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de secuestro, utilización ilícita de redes de comunicación, ocultamiento de
elemento material probatorio y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantía les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

*El médico fue judicializado y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.

Actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación y la asociación de, por lo menos, 20 denuncias interpuestas por víctimas en Medellín (Antioquia), permitieron identificar un presunto patrón delictivo del médico urólogo, Alberto Posada Peláez, en contra de la libertad sexual y la integridad de sus pacientes.

El especialista es señalado de recibir en consulta a las mujeres, hacerles comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y solicitarles ponerse una bata para realizar un supuesto chequeo médico, que en realidad terminaba en abuso y sometimiento sexual aprovechando el estado de indefensión en el que se encontraban.

Los elementos materiales probatorios indican que el médico, al parecer, utilizó su conocimiento, condición de poder y confianza para abusar de varias de sus pacientes en su consultorio privado.

En ese sentido, fue capturado por unidades de la Policía Nacional en un parqueadero localizado en el sur de Medellín. Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.

El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra y fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La investigación continúa para ubicar a otras posibles víctimas que hasta el momento no han denunciado.

*El hombre habría atacado a la mujer en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante causándole la muerte y abandonado el cuerpo en inmediaciones de un riachuelo.

La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación por el crimen de la líder trans, de nombre identitario Fernanda Domicó, permitió la identificación y judicialización de Jhon Ever Martínez Avendaño, el presunto responsable de la acción delincuencial ocurrida en

La víctima, quien también se desempeñaba como representante de una comunidad indígena y jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dabeiba, Antioquia, salió de su lugar de residencia y se encontró con el hoy procesado en una finca, a la cual acudían con frecuencia.

El hombre es señalado de agredir a la mujer con un objeto contundente y un arma cortopunzante ocasionándole la muerte en el inmueble. De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos, posteriormente habría trasladado el cuerpo a inmediaciones de un riachuelo y dejado abandonado en una zona boscosa, donde fue encontrado por habitantes del sector.

En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Martínez Avendaño los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, cargos que no aceptó.

Entre tanto, una juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.