*Siete presuntos integrantes de la estructura también fueron imputados por hacer exigencias económicas en medio de amenazas a comerciantes, tenderos, vendedores informales y pobladores.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta participación de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Costeños’, en una ola de extorsiones contra comerciantes y pobladores de Barranquilla, Soledad y Galapa (Atlántico).

De acuerdo con la investigación, esta persona habría continuado dirigiendo las actividades extorsivas desde los centros carcelarios donde ha permanecido privado de la libertad entre 2025 y 2026.

En los casos conocidos las víctimas recibieron panfletos intimidatorios y videollamadas en las que alias Negro Ober, al parecer, realizaba directamente las exigencias económicas.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de julio de 2025, en Soledad. Un comerciante fue interceptado cuando guardaba su vehículo cerca de un billar y, mediante el uso de armas de fuego, retenido. Posteriormente, fue trasladado hasta el sector conocido como ‘Round Point’, en Galapa, y allí amenazado y comunicado mediante videollamada con alias Negro

Ober, quien le habría pedido 10 millones de pesos a cambio de devolverle el carro y permitirle continuar con su actividad comercial.

El 14 de julio siguiente, la víctima fue contactada por vía telefónica y nuevamente retenida.

En esa oportunidad le indicaron que debía pagar una exigencia económica distinta de 13 millones de pesos.

En este y otros eventos delictivos documentados, alias Negro Ober presuntamente se articuló con siete señalados integrantes de ‘Los Costeños’, quienes cumplirían distintos roles como facilitar las llamadas extorsivas, ejercer intimidación sobre los afectados y cobrar las extorsiones.

La Fiscalía General de la Nación, a través de unidades especializadas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policia y el Ejército Nacional intervinieron el Centro de Detención Transitorio de Barrancabermeja (Santander) como parte de un proceso investigativo que se adelanta contra la extorsión carcelaria.

Las diligencias estaban dirigidas al grupo delincuencial autodenominado ‘Los de la M’, señalado de coordinar desde el centro carcelario el cobro de extorsiones mediante llamadas y videollamadas.

La extorsión carcelaria sería una fuente de financiación para otros delitos.

Las evidencias indican que ‘Los de la M’ recaudarían cerca de 96 millones de pesos mensuales intimidando y haciendo exigencias económicas a sus víctimas.

Los recursos serían destinados a financiar actividades como homicidios, tráfico de armas y de estupefacientes.

En el operativo fueron incautados 20 celulares, 23 cargadores, 18 armas blancas y 11 tarjetas SIM.

*Producto de la labor investigativa fueron capturadas cinco personas y ocupados con fines de extinción de dominio 36 bienes, avaluados preliminarmente en más de 10,2 millones de dólares. 

Empresas sin capacidad operativa, movimientos bancarios por altas sumas, transacciones con criptoactivos y posteriores inversiones en inmuebles y vehículos de alta gama hicieron parte de las maniobras utilizadas por una organización criminal para incorporar a la economía legal más de 2,3 billones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales, siguió el rastro de estos recursos y detectó un entramado societario que, entre 2018 y 2026, habría sido utilizado para dar apariencia de legalidad a dineros procedentes del narcotráfico.

El esquema inició con la conformación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros. Las evidencias indican que varias de estas compañías carecían de infraestructura y capacidad operativa, registraban escasa o inexistente actividad económica y presentaban inconsistencias entre sus estados financieros y sus movimientos bancarios.

A ello se sumaron operaciones internacionales de alto valor, así como transacciones cruzadas entre las mismas firmas. Otra vía presuntamente empleada para movilizar el dinero fue el mercado de criptoactivos. Los investigadores identificaron transferencias millonarias en una moneda digital conocida como USDT con empresas vinculadas a grupos narcotraficantes que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

El capital que ingresaba al país por el sistema financiero o mediante activos virtuales era monetizado y retirado con rapidez. Parte de esos fondos habría terminado invertida en propiedades y vehículos de alta gama, con lo cual presuntamente se completaba el proceso para ocultar su origen ilícito. Roles de la estructura criminal.

El seguimiento a estas operaciones permitió identificar a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como presunto cabecilla de la organización y articulador de las actividades de monetización, compensación y entrega de recursos. Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría relacionada con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado societario. Janeth Catalina Cano Santamaría, al parecer, coordinaba la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de cuantiosas sumas de dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa sería el encargado de darle tránsito y mantener ocultos los dineros a través de las sociedades investigadas.

Estas cinco personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA.

En los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, y otros elementos de interés para el avance de las investigaciones. Extinción de dominio Asimismo, tres inmuebles ubicados en Envigado (Antioquia) y Barranquilla, valorados en cerca de 2.500 millones de pesos, fueron ocupados con fines de comiso.

De manera paralela, y como parte de un proceso de extinción del derecho de dominio, fueron decretadas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado (4 inmuebles, 19 vehículos, 9 sociedades y 4 establecimientos de comercio), cuyo valor estimado supera los 10,2 millones de dólares.