*Los elementos materiales probatorios indican que el exfuncionario habría extralimitado sus funciones.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción. Los hechos que se le atribuyen están relacionados con la emisión de tres actos administrativos que tendrían como propósito obstaculizar la licitación 001 de 2023, cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.

En un primer momento, el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió con los requisitos exigidos.

En consecuencia, se programó la audiencia de adjudicación pública; sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán suscribió la Resolución 7485 mediante la cual declaró desierta la licitación argumentando la existencia de un único oferente.

Ante esta decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente y Leyva Durán mantuvo la decisión impugnada. Ese mismo día, expidió un nuevo acto administrativo con el que declaró la urgencia manifiesta, habilitando así la adjudicación directa del contrato de pasaportes sin proceso licitatorio.

Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, estas actuaciones pusieron en riesgo la continuidad en la elaboración de pasaportes y vulneraron el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar libremente del país. Asimismo, pese a la posibilidad de corregir las decisiones adoptadas, el excanciller no lo hizo y ratificó su actuación.

*Serían los responsables de contactar y captar a una adolescente, y posteriormente hacer publicaciones en plataformas virtuales en las que la presentaban para atender servicios sexuales.

Elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que Wilmer Rafael Torres Torres y Stefhanny Michel Amarillo Viviesca estarían implicados en la captación con fines de explotación sexual de menores de edad en Cúcuta (Norte de Santander).

La pareja habría contactado a un adolescente de 17 años e instrumentalizado a través de
plataformas virtuales que difunden material con contenido explícito, en hechos ocurridos en marzo del año en curso.

La joven fue convencida de aceptar una supuesta oferta laboral y acogida en un inmueble, donde era inducida a grabar videos y realizar trasmisiones en vivo en las que ofrecía servicios sexuales. Torres Torres y Amarillo Viviesca presuntamente asumían toda la logística, comercializaban el material audiovisual y coordinaban los encuentros íntimos con hombres mayores, a cambio de dinero.

En el curso de la investigación se conoció que la víctima recibía como retribución
alimentación, hospedaje, artículos de aseo y un pequeño porcentaje de los pagos por las actividades de tipo sexual.

La menor de edad fue recuperada en un procedimiento realizado de manera articulada con unidades de la Policía Nacional y quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Entre tanto, la pareja fue capturada y una fiscal de la Seccional Norte de Santander la presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de trata de personas y pornografía con menor de 18 años.

*La víctima fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol, y posteriormente el cuerpo arrojado a un río.

Al suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el teniente del Ejército Nacional Leider Ortiz Ortiz aceptó su responsabilidad en los actos de tortura y posterior homicidio de un campesino el 7 de octubre de 2025, en una base militar de Frontino (Antioquia).

Un juez penal especializado de conocimiento avaló la negociación judicial y condenó al oficial a 20 años y 2 meses de prisión por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.

Las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron conocer que la víctima, quien presentaba una discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares con el supuesto de que pertenecía a un grupo armado ilegal. Posteriormente, fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol.

Los tratos crueles e inhumanos se prologaron durante cinco horas. Finalmente, el hombre de 27 años murió en un baño de la guarnición, el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después fue ubicado por las autoridades, extraído del afluente y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Por este caso fueron judicializados y actualmente cumplen medida privativa de la libertad el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.