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Fiscalía

Ariel Emilio Cortés Martínez asume como director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

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*Tomó posesión en el cargo con el compromiso de fortalecer la capacidad institucional, con la apropiación de técnicas avanzadas de análisis y herramientas tecnológicas idóneas para optimizar el abordaje de los asuntos de competencia del Instituto.

Ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y en acto público realizado en el Nivel Central, en Bogotá, tomó posesión como director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el doctor Ariel Emilio Cortés Martínez, con el compromiso de orientar la entidad hacia los más altos estándares técnicos, tecnológicos y científicos.

“Es preciso fortalecer la capacidad institucional con la apropiación de técnicas avanzadas de análisis y herramientas tecnológicas idóneas para el abordaje de sus diferentes funciones, desde una perspectiva holística. Así mismo, es esencial optimizar el manejo de los recursos humanos, técnicos y financieros; de modo que el Instituto amplíe la capacidad instalada, adecúe sus estructuras y distribuya equitativamente la carga laboral”, indicó la fiscal general al hablar sobre los retos que enfrenta el Instituto.

El nuevo director es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, magister en Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios de la Universidad Pompeu Fabra de España. Además, es
doctor en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de España y cuenta con un fellowship en la Universidad de Surrey del Reino Unido.

En 25 años de trayectoria profesional ha ejercido cargos directivos en hospitales y clínicas del país, se ha desempeñado como consultor y asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Banco Mundial y la Dirección de Sanidad Policial, entre otras entidades.

“Asumo el compromiso de velar con rigor y dedicación por el cumplimiento cabal de la misión que nos ha sido encomendada, servir como soporte científico y técnico a la administración de justicia, auxiliando a jueces, fiscales y demás organismos judiciales; siempre respaldado por el valioso equipo que me acompaña”, señaló el doctor Cortés
Martínez.

Durante el acto de posesión, la fiscal general de la Nación enfatizó en la necesidad de estrechar el vínculo entre el Instituto y la Rama Judicial para dar respuestas oportunas a las víctimas.

“Me alegra mucho escuchar en las palabras del director que pone a las víctimas en el centro de las actividades del Instituto. Considero que ese es un muy buen punto de partida porque estamos y somos por y para ellas”, concluyó.
El saliente director en encargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jorge Arturo Jiménez Pájaro, continuará en la entidad y se desempeñará como director de la Regional Bogotá.

Fiscalía

Golpe a red delictiva señalada de falsificar documentos para grupos armados ilegales

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*La investigación estableció que la organización habría falsificado cerca de 500 documentos de identidad para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

La Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto el actuar de una red delincuencial que, presuntamente, se dedicaba a falsificar cédulas de ciudadanía y otros documentos públicos para facilitar actividades ilícitas en Santa Marta (Magdalena).

Las actividades investigativas permitieron establecer que, en diferentes inmuebles de la ciudad, los presuntos integrantes de la organización elaboraban cédulas de ciudadanía, tarjetas de propiedad de vehículos y placas para motocicletas y automóviles, utilizadas posteriormente para cometer estafas, falsedades y suplantaciones.

Para evadir la acción de las autoridades, algunos de ellos se hacían pasar por prestamistas informales o administradores de pagadiarios.

La investigación también evidenció que la red delincuencial sería la encargada de fabricar documentos falsos para grupos armados ilegales que delinquen en la región. En agosto de 2025, presuntamente recibió un pedido de cerca de 500 cédulas de ciudadanía que serían entregadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Por estos hechos fueron capturados y judicializados Elkin Alfonso López Arrieta, Germán Emilio Flórez Maestre, Miguel Ángel López Arrieta y Óscar Enrique Torres Ayola.

En diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, fueron incautadas 73 cédulas de ciudadanía; una troqueladora; una laminadora; dos computadores portátiles; 11 celulares; 84 tarjetas SIM; papel fotográfico, y otros elementos que, al parecer, eran utilizados para elaborar los documentos
fraudulentos.

Algunos de los documentos incautados contenían la fotografía de uno de los procesados; sin embargo, los nombres no coincidían con su verdadera identidad.

Otros presentaban alteraciones específicas en la impresión, la tinta fluorescente invisible UV, la película holográfica, los microtextos legibles, entre otros elementos.

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Fiscalía

Tres hombres implicados presuntamente en maltrato animal fueron judicializados

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*La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), judicializó a tres hombres, presuntamente involucrados en casos de maltrato contra caballos que estaban siendo utilizados para tirar carretas.

Los elementos materiales probatorios aportados evidenciaron que los hechos ocurrieron en Sabanalarga (Atlántico) donde los animales fueron encontrados con lesiones físicas que comprometían su bienestar y salud.

Uno de los imputados es Oswaldo Enrique Manotas Mendoza presunto propietario y cuidador de un equino que fue encontrado el 15 de octubre de 2025 con lesiones cutáneas en el tórax y heridas en la línea media dorsal compatibles con contusiones y traumatismos repetitivos.

De otra parte, fue judicializado Calixto Juan Coronado Peña presunto propietario y cuidador de un caballo que fue encontrado el 6 de julio de 2025 en condiciones de desnutrición, con debilidad generalizada y múltiples lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

Hallazgos veterinarios señalan que las afectaciones se relacionaban con fricción repetitiva.

Finalmente, fue imputado Jesús Rafael Coronado Maestre, luego de que el 9 de julio de 2025 las autoridades encontraran un equino en grave deterioro físico, deshidratación severa, heridas supurantes y otras alteraciones que comprometían su integridad.

La Fiscalía imputó a los procesados el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de los animales. Cargo agravado por suceder en vía pública.

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Fiscalía

Avalado principio de oportunidad a capitán de la Policía involucrado en escándalo de las chuzadas

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*El oficial aceptó su responsabilidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones y se comprometió a ser testigo de cargo contra otros involucrados en los hechos.

Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías avaló e impartió legalidad al principio de oportunidad otorgado al capitán de la Policía Nacional, Óscar Leandro Mojica Cordón.

Con esta decisión, se suspende parcialmente la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante 12 meses. A cambio, el beneficiario se comprometió a rendir testimonio en otros procesos penales en los que resultó víctima Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia.

La Fiscalía estableció que, para la época de los hechos, Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y, presuntamente, participó en la falsificación de informes y el formato de entrevista a fuente no formal que sirvieron de soporte para obtener, de manera ilegal, órdenes de interceptación.

En dichos documentos se afirmó falsamente que estas personas eran integrantes de una organización dedicada al hurto de residencias en la ciudad. La investigación se originó por el reporte del hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia.

En el curso de ese proceso se detectaron las irregularidades que derivaron en las interceptaciones ilegales. El proceso penal en su contra continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

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