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Internacionales

Anuncian investigación contra María Corina Machado y Edmundo González por «incitar a la insurrección»

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El Ministerio Público venezolano anunció este lunes que abrió una investigación contra la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quien disputa los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

A través de un comunicado, la Fiscalía indica que ambos efectuaron una «abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes».

Machado y Urrutia pidieron este lunes a los militares y policías impedir lo que consideran un «golpe de Estado» dado por Nicolás Maduro, quien, aseguran, quiere hacer a los efectivos de los organismos de seguridad cómplices de esta operación.

«Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias (…) Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones», señala el escrito.

¿Por qué se les investiga?

El comunicado del Ministerio Público señala que el pronunciamiento de los dirigentes evidencian la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para generar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración.

Según destaca, Machado y González Urrutia actúan «al margen de la Constitución y la Ley» al hablar de un ganador distinto a Maduro en las elecciones en este «írrito documento».

¿Qué dice el comunicado de Machado y González?

El texto al que hace referencia la Fiscalía fue dado a conocer por Machado y González la tarde de este lunes. En el documento se reitera la denuncia de fraude electoral que ha hecho la PUD -que asegura haber ganado las presidenciales del 28 de julio, pese a que Maduro fue anunciado como mandatario reelecto- y la represión sucesiva a las protestas en contra de la proclamación del oficialista, cuestionada por buena parte de la comunidad internacional.

Los opositores insisten en que Maduro «se niega a reconocer que fue derrotado» -como aseguran Estados Unidos, Argentina y otros países-. En vista de las protestas a su proclamación -dicen-, «ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos electorales y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad».

«Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando (militar) se alinea con Maduro y sus viles intereses. Maduro ha dado un golpe de Estado que contraría todo el orden constitucional y los quiere (a los efectivos que no pertenecen a la cúpula) hacer sus cómplices», sostiene el comunicado.

Machado y González Urrutia remarcan que los venezolanos no son enemigos de la Fuerza Armada. Por tanto, los llaman «a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado, que golpean, torturan y también asesinan».

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Exempleadas de Julio Iglesias lo demandan de nuevo por agresión sexual

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*La ONG que lleva el caso, Women’s Link, consideró que los hechos denunciados pueden constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre.

Las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al cantante ante la Fiscalía por presunto acoso y agresión sexual en 2021 presentaron una nueva queja después de que el Ministerio Fiscal archivara su denuncia inicial al entender que los tribunales españoles no eran competentes para investigar.

La ONG que las asiste, Women’s Link, anunció este viernes en un comunicado la queja presentada por Rebeca y Laura (nombres ficticios) y sostienen que estas describen que el cantante «las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes».

Esta organización consideró que los hechos denunciados pueden constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.

Cuando en enero acudieron a la Fiscalía, las trabajadoras (una antigua empleada del hogar y una fisioterapeuta) relataron agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando él tenía 77 años, en las casas que posee en República Dominicana y Bahamas.

Una de ellas sostuvo que estaban obligadas a realizarse revisiones ginecológicas, tests de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.

La primera denunció que interpusieron ante la Fiscalía terminó archivada al entender que en este caso no existía un vínculo relevante con España y que no había jurisdicción para actuar.

Ahora esperan un desenlace diferente, según señalaron a EFE Jovana Ríos, directora ejecutiva de Women’s Link, y Estefanny Molina, directora adjunta y de estrategias globales de la ONG.

«Esperamos que la querella de Rebeca y Laura se admita, se investigue y envíe un mensaje claro de que todas las personas tienen derecho a acceder a garantías de acceso a justicia», sostuvieron.

También subrayaron que el archivo adoptado por la Fiscalía no supone «que los hechos hayan sido juzgados ni que exista una decisión judicial definitiva sobre el fondo del asunto»: «Hechos tan graves» merecen a su juicio una investigación por parte de las autoridades.

Además, afirmaron que «miles de trabajadoras remuneradas del hogar» puedan estar enfrentando situaciones similares en América Latina, el Caribe y Europa, puesto que se trata de «un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación».

«Lo que Rebeca y Laura denuncian importa tanto por ellas como por todas las trabajadoras que podrían enfrentar violencias», recalcaron.

Desde que se conoció la denuncia, Julio Iglesias negó la veracidad de las acusaciones en su contra y sus abogados sostuvieron que el cantante había sido sometido a un «linchamiento público».

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¿Quién era Jonathan Meléndez, el reconocido músico asesinado junto a su familia en México?

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*Las investigaciones apuntan a «la probable participación» de dos hombres que «habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio».

El músico mexicano, su esposa embarazada y su hija pequeña fueron asesinados en México en un crimen por el que hasta ahora está preso su socio y otra persona. Jonathan Meléndez, de 38 años, era tecladista, compositor y productor musical, así como integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo.

Era conocido en el mundo de la música como ‘Honas’. Nació el 7 de abril de 1988 en Ciudad de México y participó en la agrupación desde su formación en 2013, contribuyendo especialmente con teclados, sintetizadores, composición y producción.

En la escena musical comenzó a desarrollar experiencia en diferentes proyectos y fue allí donde conoció a quienes posteriormente serían sus compañeros en Camilo Séptimo. En 2013, Meléndez se unió a Manuel Mendoza y Erik Vázquez para formar Camilo Séptimo. Jonathan asumió principalmente los teclados y sintetizadores, pero su papel iba mucho más allá de tocar en vivo: también participaba como compositor y productor.

El artista fue hallado por la policía casi a la medianoche del martes en su casa, ubicada en un barrio residencial de la periferia de la capital mexicana. La secretaría de Seguridad indicó que el hombre -popularmente conocidos como Honas- estaba maniatado y con un disparo en la cabeza.

Lo mismo su esposa, de 35 años y cuatro meses de embarazo, y su hija de tres años. Una cuarta víctima, una mujer de 21 años, fue hallada muerta de un disparo en la espalda. El perro de la familia también terminó muerto. Un niño de 6 años no identificado fue encontrado «con vida y sin signos de violencia», indicó la secretaría.

El organismo dijo que las investigaciones apuntan a «la probable participación» de dos hombres que «habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio».

 

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Más de 1.000 muertos y 4.400 desaparecidos tras la devastadora avalancha en Nepal y China

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El balance conjunto de las autoridades de Nepal y China tras la masiva avalancha del pasado miércoles en su zona fronteriza supera ya el millón de fallecidos, mientras aún se busca a más de 4.000 personas que no han podido ser localizadas, según el último recuento de las autoridades nepalíes.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal elevó este martes a 987 la cifra de cuerpos recuperados en las zonas afectadas, a la vez que rebajó a 3.916 el número de desaparecidos en su territorio tras eliminar a más de 290 personas del recuento que había realizado previamente en las centrales hidroeléctricas.

Sumando los datos de la región fronteriza del Tíbet, donde el Gobierno chino mantiene el saldo en 16 fallecidos y 546 desaparecidos, la catástrofe deja hasta el momento un balance global de 1.003 muertos y 4.462 personas sin localizar a ambos lados de la montaña.

La progresiva reducción en la lista de personas sin contacto en Nepal se debe fundamentalmente a la recuperación del suministro eléctrico y las telecomunicaciones en los distritos más aislados. Según el informe de la NDRRMA, las 110 torres de telefonía de Nepal Telecom afectadas por la riada están ya operativas.

Gran parte de la caída en el reporte de desaparecidos corresponde a la cifra de trabajadores en proyectos hidroeléctricos, la cual pasó de 933 a 639, sin dar más detalles de su paradero. Se cree que muchos de ellos podrían haber quedado atrapados en túneles subterráneos.

Al menos 583 extranjeros continúan sin ser localizados, agregó el organismo, que afirmó el domingo haber podido contactar con tres ciudadanos de nacionalidad española.

Más de 21.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, principalmente el Ejército (8.896 militares), la Policía (7.912) y agentes de la Fuerza de Policía Armada (4.203) se han desplegado para continuar con la séptima jornada de operaciones de búsqueda y rescate en los más de 150 kilómetros arrasados.

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