*Las víctimas, entre ellas mujeres y menores de edad, eran sometidas y posteriormente les arrebataban sus pertenencias.

La utilización de prendas de apariencia militar, armas de fuego y radios para intimidar a parejas que caminaban por lugares apartados sería parte del actuar de un grupo delincuencial señalado de cometer agresiones sexuales y hurtos en municipios de Magdalena y Bolívar.

La Fiscalía General de la Nación puso en marcha varias actividades investigativas, asoció los casos de 21 víctimas de violencia sexual y 15 de robos, e identificó a los presuntos responsables.

Se trata de Alfonso Rafael y Andrés Antonio Acuña Ortiz y Eliecer David Visbal Acuña, quienes estarían vinculados a eventos delictivos ocurridos entre 2018 y 2026, en Plato y Tenerife (Magdalena), y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

Los elementos materiales probatorios indican que estas personas, al parecer,
interceptaban a sus víctimas cuando transitaban por zonas oscuras y poco concurridas, y las intimidaban con armas de fuego, haciéndose pasar por integrantes de grupos delincuenciales.

En medio de amenazas las trasladaban a lugares cercanos para
someterlas sexualmente, arrebatares las pertenencias y las de sus acompañantes.

Al agrupar hechos ilícitos que afectaron a mujeres adultas, menores de edad y un hombre, se detectaron coincidencias en la forma de actuar.

Los señalados agresores utilizaban pasamontañas, botas, prendas similares a uniformes de la fuerza pública y radios para proyectar la imagen de pertenecer a una organización armada con capacidad operativa.

También empleaban lenguaje cifrado y simulaban recibir órdenes de supuestos
superiores para reforzar la presión.

Otra práctica consistía en obligar a las víctimas a desbloquear sus teléfonos celulares.

Una vez accedían a los dispositivos, revisaban conversaciones, fotografías, contactos familiares y otros datos personales que, presuntamente, aprovechaban para aumentar la
intimidación

*Ocho personas fueron judicializadas por su presunta participación en la explotación ilícita de oro en El Bagre y Nechí.

Un análisis ambiental identificó pérdida de cobertura vegetal, erosión y alteraciones asociadas al transporte de sedimentos hacia el río Cauca. Bogotá D.C., 30 de octubre de 2026. Cuatro dragas tipo brasileño, maquinaria pesada y mercurio habrían sido utilizados para extraer oro de manera ilícita y sistemática en la ronda del río Nechí, en Antioquia.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a cuatro mujeres y cuatro hombres que, al parecer, integraban un clan familiar dedicado a esta actividad desde 2024, sin título minero ni licencia ambiental. Las labores de policía judicial, que incluyeron tres operativos en terreno, interceptaciones telefónicas y labores de seguimiento, entre otras, permitieron identificar a los implicados y los roles que cumplirían.

Alexander Villalba Martínez sería el cabecilla y principal articulador. José Alfredo Villalba Martínez estaría a cargo de la operación de las dragas, mientras que María Isabel Villalba Martínez y Luz Yesenia Santos Romero son señaladas de las labores administrativas, financieras y logísticas. Andrea Catalina Castañeda Correa, por su parte, se encargaría de definir el uso y destinación de las maquinas utilizadas para la extracción del metal.

Entre los judicializados también están Jhon Hever Soto Flórez, presunto administrador de una mina a cielo abierto ubicada en Jardín de Tamaná (Antioquia); Angie Paola Agudelo, posible secretaria de la red; y Maicol Álvarez Caicedo, quien, al parecer, compraba y comercializaba el oro obtenido ilícitamente.

El análisis de la autoridad ambiental identificó afectaciones en una vasta zona del bajo Cauca antioqueño relacionadas con las faenas de minería ilegal desarrolladas, entre ellas pérdida de cobertura vegetal, erosión, formación de depósitos artificiales de agua y transporte de sedimentos hacia el río Cauca.

Durante las diligencias de captura de las ocho personas que harían parte del entramado ilegal, realizadas por unidades de la Policía Nacional en Caucasia y en El Bagre (Antioquia), fueron incautados 695 gramos de oro avaluados en más de 284 millones de pesos, 152.54 gramos de platino, 508 millones de pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares y documentos que serán objeto de valoración para orientar nuevos frentes investigativos.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los implicados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimiento minero e hidrocarburos, daño a los recursos naturales y ecocidio, y lavado de activos.

Un juez promiscuo municipal de El Bagre les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a seis de los procesados. Entre tanto, Andrea Catalina Castañeda Correa y María Isabel Villalba Martínez permanecerán privadas de la libertad en sus lugares de residencia.

*La investigación da cuenta de que el señalado agresor durante más de dos años ejerció comportamientos de control sobre la víctima obligándola a mostrarle conversaciones y contactos de su celular.

Una visita a la cárcel La Modelo de Bogotá terminó con la muerte de una mujer el pasado 22 de agosto.

La víctima acudió al establecimiento penitenciario para encontrarse con su compañero sentimental, William Rafael Martínez Alvarino, con quien sostenía una relación hace cinco años, y habría sido agredida físicamente.

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación indican que el procesado, al parecer, ejerció fuerza sobre la parte superior del cuerpo y uno de los brazos de la mujer, limitando sus posibilidades de defensa.

Posteriormente, realizó maniobras de estrangulamiento y sofocación.

La investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Bogotá con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional, da cuenta de que, aunque Martínez Alvarino permanecía privado de la libertad, la pareja mantenía comunicación frecuente y la víctima lo visitaba periódicamente.

Durante los últimos dos años de la relación, el hombre habría ejercido conductas reiteradas de vigilancia, intimidación y control sobre su compañera sentimental. Entre ellas, le exigía compartir la pantalla de su celular para revisar conversaciones y contactos, así como realizar videollamadas durante las noches y cuando salía de su vivienda para supervisar sus actividades y establecer con quién se relacionaba.

También se documentaron episodios de humillaciones, insultos y acusaciones constantes de infidelidad, que llegaron al punto de amenazas con quitarle la vida si establecía un vínculo sentimental con otra persona.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Martínez Alvarino el delito de feminicidio agravado.

El procesado aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de
aseguramiento en establecimiento carcelario, adicional a la condena que actualmente cumple.