*En medio de la emergencia, se confirmó que, hasta el momento, no se reportan personas heridas ni víctimas entre la población civil o integrantes de la fuerza pública que se encontraban en el área.

Momentos de tensión se vivieron en la zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, luego de que las autoridades confirmaran un ataque contra la Central Hidroeléctrica de Amaime, ubicada en el sector de la vereda La Esperanza.

Las autoridades se desplazan hasta este punto para atender la situación, verificar las condiciones de seguridad y adelantar las primeras investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias en las que se habría registrado este hecho.

Según la información preliminar conocida, el ataque estaría relacionado con el uso de artefactos explosivos lanzados mediante drones, los cuales habrían caído sobre las instalaciones de la central hidroeléctrica. Sin embargo, se espera que las autoridades entreguen más información sobre la modalidad del ataque y los posibles daños ocasionados en la infraestructura.

Otro de los aspectos importantes es que, pese a lo ocurrido, no se han reportado interrupciones en el servicio de energía eléctrica ni apagones en este sector, por lo que, hasta ahora, no habría afectaciones en el suministro del servicio.

Asohofrucol, alertó sobre el impacto del proyecto en los pequeños productores y la seguridad alimentaria en Colombia.

Un millón de productores de frutas, verduras y hortalizas se oponen a la propuesta de aplicar un IVA del 19 % a estos alimentos dentro de la Ley de rescate económico. Álvaro Palacio, presidente de Asohofrucol, advirtió que la medida aumentaría los costos de producción, reduciría la oferta nacional y terminaría afectando el precio que pagan los consumidores.

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En entrevista, el dirigente gremial explicó que el impacto no se limitaría al valor de los productos, pues también alcanzaría los insumos y los servicios de asistencia técnica que reciben los campesinos. “Todo subiría el 19 %: todas las frutas y las hortalizas”, afirmó.

*Los afectados por el sismo no saben qué va a pasar con sus viviendas.

A Jorge Iván Hurtado el silencio es lo que más le recuerda el gran terremoto del 10 agosto, a tres meses de la tragedia, cuando las autoridades aún no le han comunicado si podrá regresar a su vivienda o habrá que derribarla por seguridad.

Desde el terremoto de magnitud 7,4, que dejó al menos 335 muertos en Colombia, Hurtado permanece a la espera de que las autoridades locales evalúen si el edificio “debe demolerse o puede repararse”, tal y como explica a EFE este habitante de Manizales, de 61 años.

En el silencio del apartamento, sus pertenencias -las camas, el sofá, la nevera- permanecen cubiertas del polvo por los cascotes del sismo, que marcó las paredes con profundas grietas.

Hurtado acababa de comprarlo y aún no había entrado a vivir. Se encuentra en el edificio Escalinata del barrio de Milán, uno de los más afectados por el temblor en Manizales, ciudad con unas 22.000 familias se vieron damnificadas y sesenta edificios quedaron totalmente colapsados.

La lista de inmuebles en la urbe con orden de demolición asciende a quince, ocho de ellos en el barrio de Milán, después de que la alcaldía -tras la correspondiente evaluación- añadiera otros dos a finales de octubre.

El hasta hace unos días secretario de Planeación de Caldas, Carlos García Guerrero, explicó a EFE que muchas edificaciones de la zona están siendo objeto de «un estudio de vulnerabilidad» tras el hecho.

El análisis técnico para determinar si hace falta una demolición o basta con una reforma estructural puede demorarse «de dos a tres meses», agregó.

Humberto Hurtado, uno de los ingenieros civiles privados contratados para estos estudios, explica que «el proceso es lento» porque el análisis es pormenorizado y posteriormente hace falta una «autorización municipal mediante resolución».

Sin embargo, considera que hasta el momento «ha habido poca ejecución en la demolición de los edificios» y que la situación en el barrio Milán apenas ha cambiado desde los días posteriores al terremoto.

Perder casi todo

La espera genera gran incertidumbre y desazón entre los afectados, que sin decisión oficial no pueden pasar la página de la tragedia, para bien o para mal.

Hurtado sigue pendiente de saber si perdió todo el dinero que invirtió en una vivienda en la que no llegó a vivir. A eso se suma la muerte de su madre, de 92 años, apenas dos semanas después del sismo, en su opinión a causa del estrés que le generó el terremoto.

Milán está lleno de estas historias. Otra de ellas es la de Claudia Leguimazón, residente y propietaria de un apartamento en Los Árboles, un edificio con orden de demolición.

«Voy a perder por completo el apartamento, y eso es muy duro», sentencia entre lágrimas, aunque espera contar con las ayudas de la alcaldía -300.000 pesos mensuales por hasta seis meses- y las de su seguro.