*Es señalada de constreñir a quien fuera la niñera de su hijo y ordenar a funcionarios disponer de bienes oficiales para establecer responsabilidades ante la pérdida de un dinero de su propiedad.

La Fiscalía General de la Nación imputó a la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres, por su presunta intervención en actuaciones relacionadas con la práctica irregular de una prueba de polígrafo a una de sus empleadas domésticas, Marelbys Meza Buelvas, para intentar conocer el paradero de un dinero que desapreció de su lugar de residencia.

El 29 de enero de 2023, Sarabia Torres reportó la pérdida de la suma que se encontraba en una bolsa negra dentro de una maleta, la cual había sido llevada a su apartamento por una oficial que estaba a cargo de su seguridad personal. Posteriormente, habría señalado a Meza Buelvas como principal sospechosa del hurto.

Los elementos materiales probatorios indican que, ese mismo día, la exfuncionaria presuntamente ordenó telefónicamente al entonces jefe de seguridad de la Presidencia practicar una prueba de polígrafo a su empleada.

En atención a esa instrucción, la mujer fue trasladada en un vehículo oficial desde su residencia en Soacha (Cundinamarca) hasta el edificio Galán, ubicado junto a la Casa de Nariño, donde se realizó el procedimiento.

Durante el tiempo en el que duró la práctica del polígrafo Meza Buelvas fue intimidada y acusada de haber cometido hurto, además de recibir advertencias relacionadas con una eventual privación de la libertad.

Para la Fiscalía, la decisión de disponer de funcionarios y recursos oficiales para atender un asunto de carácter particular habría desbordado las competencias misionales de Sarabia Torres y de otros servidores públicos involucrados, y constituido un posible abuso del poder y del cargo. En ese sentido, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a la exjefe de Gabinete los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Los cargos no fueron aceptados.

*Con falsos perfiles en WhatsApp la organización hacía ofrecimientos de servicios sexuales, conseguía fotografías íntimas de las víctimas o realizaba montajes, y posteriormente les exigían dinero para no publicar el material. De esta manera, los señalados integrantes movieron dinero para adquirir inmuebles y vehículos, entre otros activos.

Una llamada desde la cárcel La Picota, en Bogotá, era el punto de partida. Después venían los engaños, las amenazas y las exigencias de dinero. Para realizar estas comunicaciones, los integrantes de una organización habrían burlado los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y accedido ilegalmente a teléfonos celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras.

Así funcionaba un ecosistema financiero ilegal que no se limitaba a una sola cárcel, sino que se extendía a varios centros penitenciarios del país que se alimentaba de las extorsiones y estafas cometidas desde prisión. El dinero obtenido era recibido en billeteras digitales y cuentas de terceros. Desde allí se distribuía entre los integrantes de la red, que delinquían también de manera articulada fuera de la cárcel.

Entre tanto, el dinero era retirado en efectivo y destinado para la compra de inmuebles, vehículos y otros activos. En la labor investigativa adelantada por la Fiscalía General de la Nación, se examinaron más de 631.000 operaciones financieras y documentaron 43 noticias criminales correspondientes a denuncias y reportes de víctimas.

Las actividades de policía judicial, que tuvieron su origen en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), permitieron seguir la ruta de los recursos, establecer su origen, tránsito y destino, e identificar a quienes controlaban su circulación. De esta manera, se determinó que la organización habría obtenido más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas realizadas desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota. Parte del dinero retornaba mediante consignaciones de bajo monto que tendrían como destinatario a Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma. Aunque se encuentra privado de la libertad, tendría el control criminal y financiero del entramado. Viracachá Ballén, postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como exintegrante de las extintas Farc, cumple una condena de 38 años de prisión por el crimen de un integrante de la Policía Nacional y otras conductas ilícitas.

También se le atribuyen extorsiones y lesiones personales contra otras personas privadas de la libertad. De esta manera, presuntamente mantenía el dominio sobre la actividad ilegal y ejercía injerencia en varios patios del establecimiento carcelario. En estos espacios, al parecer, eran reclutados y entrenados internos para realizar llamadas masivas a potenciales víctimas en distintas regiones del país. Una de las modalidades consistía en crear perfiles falsos de mujeres para contactar personas por WhatsApp y ofrecerles supuestos servicios sexuales. Luego, eran utilizadas fotografías tomadas de redes sociales y montajes para hacer señalamientos relacionados con delitos sexuales y exigir transferencias de dinero a cambio de no divulgar el material.

Al generar intimidación y obtener un primer pago, aumentaban las amenazas para presionar nuevas transacciones. El seguimiento de los recursos también permitió detectar un esquema de ocultamiento de, por lo menos, 2.000 millones de pesos en menos de cuatro años. Parte de las ganancias ilícitas sería destinada a mantener el control dentro del establecimiento penitenciario y facilitar el ingreso y la comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos.

La estructura estaría integrada, entre otros, por la esposa, el hijo y la hijastra de Viracachá Ballén, quienes presuntamente facilitaron el movimiento de los recursos y la adquisición de bienes. Las labores investigativas permitieron identificar seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en Bogotá; Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá (Cundinamarca); y Restrepo (Meta), que habrían sido adquiridos con dineros provenientes de las actividades ilícitas.

La Fiscalía promoverá la imposición de medidas cautelares sobre estos activos con fines de comiso. Fabián Viracachá Ballén fue notificado de este nuevo proceso en el centro carcelario donde permanece privado de la libertad. Simultáneamente, servidores del CTI, con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, capturaron a algunos de sus familiares, identificados como Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez. Un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales los presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá y les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad. Los tres procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, reactivó las órdenes de captura contra tres exmiembros representantes del grupo armado ilegal conocido como ‘Clan del Golfo’, quienes habían sido beneficiarios de la suspensión de dichas actuaciones en el marco de los procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociojurídicos.

La medida fue adoptada después de que, mediante la Resolución Presidencial 398 del 11 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con esta organización. En ese sentido, se reactivan las órdenes de captura en contra de OroIzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo.

La resolución precisa, además, que respecto a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia de la República no procede reactivar las órdenes de captura, debido a que nunca fueron suspendidas. La decisión fue comunicada a las autoridades de policía judicial para su implementación, conforme a sus funciones.