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Judicial

Abren investigación contra la juez de Barranquilla que otorgó libertad condicional a Emilio Tapia

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Se trata de Claribel Onisa Fernández Castellón, Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla.

La Comisión De Disciplina Judicial ordenó la compulsa de copias contra Claribel Onisa Fernández Castellón, Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla al otorgar libertad condicional a Emilio Tapia.

Se consideró que la Juez se expone a un posible actuar irregular por parte de la funcionaria judicial, por lo que se ordenó la compulsa de copias para que se reparta como queja disciplinaria.

Se conoció que este es el tercer proceso que se abre contra la Juez Claribel Onisa Fernández Castellón.

¿Por qué le concedió libertad a Emilio Tapia?

En la mañana de este martes, 16 de diciembre se conoció que la Juez consideró que Emilio Tapia cumplió con algunos requisitos para la libertad condicional y que se habría demostrado su buena conducta en la Cárcel de El Bosque, en Barranquilla.

El 31 de octubre, Emilio Tapia había sido recapturado luego que la Juez en cuestión, Claribel Onisa Fernández, le había concedido libertad

Judicial

Por ‘falsos positivos’, JEP condena a 5 años y 9 meses de cárcel al coronel (r) Germán León

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*Se convierte en el primer oficial del Ejército sancionado con una pena alternativa dentro del Macrocaso 03.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este viernes al teniente coronel retirado del Ejército, Germán León Durán, a 5 años, 9 meses y un día de prisión por su responsabilidad en 31 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados como bajas en combate entre 2005 y 2006.

La decisión convierte a León en el primer oficial del Ejército sancionado con una pena alternativa dentro del Macrocaso 03, que investiga las llamadas «muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate», conocidas en Colombia como falsos positivos.

Según la JEP, los crímenes ocurrieron en los departamentos de Casanare y Boyacá, cuando el oficial comandaba el Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército.

Durante ese periodo, «la unidad desarrolló un patrón sistemático de asesinatos y desapariciones de civiles, en su mayoría jóvenes campesinos y personas vulnerables», que eran engañados con falsas ofertas de trabajo o señalados como integrantes de grupos armados ilegales para luego ser ejecutados y reportados como guerrilleros muertos en combate.

El tribunal calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada, y como crímenes de guerra por homicidio en persona protegida. Además, señaló que el 94,8 % de los resultados operacionales reportados por el batallón durante la comandancia de León Durán fueron ilegítimos.

Durante una audiencia pública celebrada en marzo pasado en el municipio de Yopal, en Casanare, el exoficial reconoció su responsabilidad y admitió que las órdenes que firmó facilitaron la ejecución de los crímenes.

«Yo emití la orden (…) Si yo no hubiera dado esa firma, no se hubiera presentado la pérdida de su ser querido», afirmó ante víctimas y familiares, según recogió la sentencia.

León Durán también reconoció que omitió deliberadamente ejercer controles sobre las operaciones de la unidad para proteger su carrera militar y aceptó que se fabricaron antecedentes falsos para estigmatizar a las víctimas.

Asimismo, asumió responsabilidad por otros hechos que no habían sido imputados formalmente, entre ellos una tentativa de homicidio.

La JEP valoró positivamente el reconocimiento tardío de responsabilidad y el compromiso del exmilitar de contribuir a la búsqueda de desaparecidos, participar en actos de dignificación de las víctimas y promover iniciativas de formación en derechos humanos dentro de las Fuerzas Militares.

La sanción impuesta hace parte del régimen de justicia transicional y supone una reducción significativa frente a las penas ordinarias que podrían superar los 20 años de prisión para delitos de esta gravedad. No obstante, el beneficio está condicionado al cumplimiento de compromisos de verdad, reparación y no repetición.

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Judicial

Álvaro Uribe confirma que fue llamado a indagatoria por dos masacres y un homicidio

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*Las masacre de El Aro y La Granja, el homicidio del líder de derechos humanos José María Valle y el caso de la Hacienda Guacharacas.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó por sus redes sociales haber sido llamado a indagatoria por la Fiscalía por dos masacres, por el homicidio del líder José María Valle y el caso de la Hacienda Guacharacas, propiedad de su familia.

“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas”, escribió el exmandatario en su cuenta de X y señaló que ahora, “a enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”.

La masacre de El Aro, corregimiento del municipio de Ituango, ocurrió el 22 de octubre de 1997 y fueron asesinados 17 campesinos.

Mientras tanto, la masacre de La Granja, también corregimiento de Ituango, fue perpetrada el 11 de junio de 1996. Allí fueron asesinadas cinco a cinco personas en el corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango

En las dos masacres, Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia.

También se le indagará por el asesinato del defensor de derechos humanos José María Valle, el 27 de febrero de 1998.

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La muerte se lo llevó en el velorio de un amigo: sicarios lo acribillaron cuando daba el pésame

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*La víctima asistía al velorio de Luis Cañate Berrio, quien falleció tras ser baleado en el barrio El Valle el 14 de junio.

Un hombre muerto y tres heridos dejó un ataque a bala perpetrado la madrugada de este jueves, en momentos en que se desarrollaba un velorio, en la calle 45B con 8D, en el barrio Santuario, de Barranquilla.

La víctima mortal fue identificada como Denilson Otero Lara, de 24 años de edad.

Los lesionados responden a los nombres de María Alejandra Berrio De La Rosa, de 24 años; Javier Eduardo De La Rosa Polo, de 23 años; y Santiago Andrés Pérez Guzmán, de 21 años

El informe de las autoridades señala que las víctimas asistían al velorio de Luis Cañate Berrio, quien falleció el pasado 16 de junio tras ser atacado a bala el 14 del mismo mes en el barrio El Valle.

Hasta el sitio llegaron cuatro sicarios en dos motocicletas y abrieron fuego contra los presentes.

Las víctimas fueron auxiliadas y llevadas al Camino La Murillo, donde uno de los lesionados falleció.

Según las autoridades, Denilson Otero Lara registró una herida en el hemitórax izquierdo y tenía una anotación por el delito de fabricación y porte de arma de fuego.

María Alejandra, quien es estudiante de enfermería, registró una herida en el antebrazo izquierdo con orificio de entrada y salida.

Javier Eduardo, quien labora como operador logístico, presenta una herida en la pierna izquierda.

Santiago, por su parte, es electricista y recibió un disparo en región del cuello sin orificio de salida.

Las primeras investigaciones señalan que los hechos obedecerían, al parecer, a problemas que tienen personas que se encontraban en el velorio.

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