Serán 44 años y ocho meses los que pasará tras las rejas el vigilante Jorge Alejandro Zapata García por el asesinato de su excompañera sentimental y su hijastro, luego de que la mujer se negara a retomar una relación que había finalizado por la violencia recurrente.

La decisión adoptada por el juez de conocimiento ocurrió luego de que se valoraran las pruebas presentadas por la Fiscalía para esclarecer el crimen de Maribel Andrea Pimienta Rivera, de 35 años, y de su hijo, Breiner Andrés Agudelo Pimienta, de 17 años.

El crimen ocurrió sobre las 5:25 de la tarde del jueves 27 de enero de 2022 en la carrera 51 con la calle 38A, en el barrio San Isidro, de Itagüí, cuando la mujer llegó a su vivienda en una moto. Detrás de ella llegó Zapata García, hoy de 38 años, y la interceptó para iniciar una discusión entre ambos.

Al parecer, el condenado le insistía a Maribel Andrea que retomara la relación sentimental con ella, la cual había durado menos de un año, y que se acabó por los reiterativos hechos de maltrato físico que sufría la mujer, de acuerdo con las denuncias realizadas antes del crimen.

Cuando la mujer le ratificó su determinación, la discusión se subió de tono y este vigilante desenfundó su arma de dotación y le disparó, dejándola malherida. Al ver lo ocurrido, Breiner Andrés se asomó al balcón y este hombre también lo baleó en varias oportunidades.

Acto seguido, Zapata García usó esta misma arma y se disparó en la cabeza, provocándose lesiones leves, por lo que tuvo que ser llevado a un centro asistencial de Itagüí, donde se le hicieron las curaciones, antes de ser procesado penalmente.

Madre e hijo también alcanzaron a ser remitidos a hospitales de este mismo municipio, pero por las lesiones sufridas fallecieron antes de ser atendidos por los médicos.

Antes de este ataque, Maribel Andrea había interpuesto medidas cautelares en contra de su victimario para que no se le acercara, debido a los múltiples casos de acoso de los cuales fue víctima luego de terminar el vínculo sentimental.

A Zapata García le oficializaron su captura el 18 de febrero de 2022, luego de que fuera dado de alta del centro asistencial donde recibió atención médica, en un proceso realizado por agentes del CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana.

El juez lo condenó por los delitos de feminicidio y homicidio agravados; y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones, en una decisión que no tuvo apelación por parte de la defensa del condenado.

Según la investigación, Jorge Alejandro Zapata interceptó a Maribel Andrea cuando ella llegaba a su vivienda y le insistió en retomar la relación sentimental. Tras la negativa de la mujer, le disparó con su arma de dotación. Minutos después también atacó a Breiner Andrés Agudelo, de 17 años, quien se encontraba en el inmueble.

Las capturas se realizaron en diferentes sectores de Barranquilla y Soledad.

Unidades del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla capturaron en flagrancia a 8 presuntos integrantes de la banda ‘Los Costeños’ y de la ‘Nueva Generación El Freseo’ tras estar relacionados con actividades delictivas como la extorsión e intimidación a comerciantes con armas de fuegos y artefactos explosivos.

El coronel Diego Mora Muñoz, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que estos resultados hacen parte de la ofensiva permanente contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión.

Las capturas se realizaron en diferentes sectores de Barranquilla y Soledad. “Los uniformados lograron afectar las actividades ilícitas de estructuras delincuenciales dedicadas a la intimidación de comerciantes y ciudadanos mediante amenazas, entrega de panfletos extorsivos y cobro de exigencias económicas ilegales”, destacó la Policía Metropolitana.

Algunas de las capturas se ejecutaron en momentos en que los presuntos delincuentes recibían dinero producto de las extorsiones a comerciantes.

Adicionalmente “en una de las operaciones contra estructuras criminales fueron capturadas tres personas señaladas de participar en hechos de intimidación contra establecimientos comerciales mediante disparos dirigidos a sus fachadas como mecanismo de presión”.

Durante el desarrollo de estas operaciones fueron incautados $3.300.000 en efectivo, correspondientes al dinero producto de las extorsiones, cuatro equipos celulares, dos motocicletas y una granada.

“Los capturados presentan anotaciones judiciales por diferentes delitos; uno de ellos registra un total de 15 anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales, fuga de presos, hurto, fabricación, porte de armas de fuego y porte de estupefacientes”, puntualizó la Policía.

Tras la reciente condena a 20 años de prisión contra cinco de los nueve implicados en la tortura y homicidio de un joven con discapacidad, su familia pide que no haya beneficios para los militares.

Esneider Flórez Manco era un campesino con discapacidad cognitiva y mental que trabajaba ocasionalmente en máquinas de caña en el corregimiento El Madero, a una hora del casco urbano de Frontino, Antioquia. Tenía 27 años y era el menor de seis hermanos, el niño de la casa, por lo que vivía con sus papás.

Un día salió a caminar solo, como solía hacerlo y no regresó; semanas después su familia se enteró que fueron miembros del Ejército los que lo habían desaparecido, tras someterlo a torturas que acabaron con su vida, hechos por los que recientemente fueron condenados cinco de los nueve militares señalados del crimen.

Edilse Flórez, hermana de Esneider, manifestó en diálogo con Blu Radio que 20 años de condena no es suficiente por el daño causado, por lo que la petición a la justicia es que los uniformados procesados no accedan a más beneficios.

«Ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Es como dijo el soldado, el que logró que todo eso se se supiera, él dijo, yo desde que lo vi entrar a la base militar, (pues, desde que lo vi entrar no desde que lo entraron, porque a él a él lo entraron a la fuerza), a él se le veía la capacidad que tenía».

Flórez narró que su hermano era el guardián de su madre, quien está altamente afectada por lo sucedido y se encuentra con acompañamiento psicológico, al igual que su padre.

«Sé que 20 años no es suficiente por el daño que nos hicieron, y queremos que se siga haciendo justicia, que los demás que faltan sean condenados. No queremos ni que le hagan más rebajas ni que por buena conducta los dejen salir antes de tiempo que si van a pagar los 20 años que sean en la cárcel», indicó.

Las labores de policía judicial permitieron establecer que el campesino murió en el baño de la base militar y, tras el homicidio, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado hasta un helipuerto y arrojado al río El Cerro.