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A reparto en Dirección de Lavado de Activos el proceso contra Nicolás Petro

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En desarrollo de la Resolución N°0372 de 2024 de la Delegada para la Seguridad Territorial que declaró fundada la recusación formulada al fiscal 001 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso someter a reparto el conocimiento de las actuaciones contra el exdiputado Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del Presidente Gustavo Petro.

Teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de delitos por los que se ha investigado y avanza el juicio oral, noticias criminales relacionadas con lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, el caso será asignado a la Fiscalía que por reparto corresponda en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Delegada para las Finanzas Criminales.

Como consecuencia de lo anterior y para garantizar el ejercicio coherente y eficiente de la acción penal en los delitos conexos que se investigan, mediante Resolución 0- 0312 de la fecha se suprime el Grupo de Tareas Especiales conformado para esta temática, manteniéndose el equipo de servidores, expertos y analistas con funciones permanentes de policía judicial que han conocido estos actos investigativos para que continúe apoyando al fiscal que por reparto corresponda su impulso.

Remezón del caso

Recordemos que el caso de Nicolás Petro Burgos sufrió una remezón el pasado 10 de julio, cuando muchos de los colombianos estaban pendientes del partido de la selección contra Uruguay por las semifinales de la Copa América.

Por decisión de la Fiscalía General de la Nación, el Fiscal 1o. delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos, fue apartado del caso contra el exdiputado e hijo del Presidente Gustavo Petro, quien es procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La decisión quedó enmarcada, según la Fiscalía, porque la Comisión Nacional de Disciplina Jurídica le formuló pliego de cargos por supuestamente filtrar el video del interrogatorio de Petro Burgos.

La decisión de la Fiscalía

La Delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación declaró «fundada» la recusación que presentó el hijo del Presidente contra el fiscal por la filtración del video, basándose en la formulación de cargos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

«La decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante el Tribunal Superior del Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra Nicolás Petro».

La base para esto fue la causal objetiva 11 del artículo 56 de la Ley 906 del 2004, que dice que «si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial».

Los cargos que formuló la Disciplina Judicial contra Burgos fueron por omitir su deber de custodia, por supuestas presiones indebidas para lograr un preacuerdo y por la presunta extralimitaciones al querer investigar al Presidente Gustavo Petro.

El juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, el 29 de abril accedió al requerimiento de aplazar la audiencia preparatoria para el 5 y 6 de agosto, tras la petición de la defensa de Nicolás Petro.

La solicitud fue aceptada porque la defensa señaló falta de descubrimiento de las pruebas y no haber tenido tiempo de abrir el material probatorio que entregó el ente acusador.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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