Diez personas detenidas en la URI de La Cordialidad, al lado de la UCJ, en la calle 56 con carrera 11 de Barranquilla, se fugaron en horas de la mañana de este miércoles.

Al parecer, los detenidos se fugaron al forzar una reja y subieron una paredilla. Varias patrullas de la Policía Metropolitana llegaron al sitio y de manera preliminar se conoció que al menos 5 de los fugados fueron recapturados. La situación de hacinamiento en las cárceles y URI de la ciudad facilitan este tipo de fugas.

Información que maneja la Personería Distrital indica que a la fecha hay un hacinamiento del 116 % en la Cárcel Modelo con una capacidad para tener 454 reclusos y actualmente hay 528; en la Penitenciaría El Bosque hay un hacinamiento de 130 % con una capacidad para 1162 reclusos y hay 1510; y en la Distrital El Bosque hay hacinamiento del 139 % con una capacidad de 300 detenidos y se encuentran 416.

Este hacinamiento en las cárceles se refleja también con la acumulación de detenidos en las URI que no pueden ser llevados a esos centros de reclusión ante la falta de espacio.

*Se ordenó la captura y reclusión de Carlos Caicedo en una cárcel, además de una multa de $4.453.229.734 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la prisión.

Una juez condenó al excandidato presidencial Carlos Caicedo a una pena de nueve años y nueve meses de cárcel por corrupción en la fallida modernización de la red sanitaria de Santa Marta que ocurrió cuando fue alcalde de esta ciudad.

En el fallo, se ordenó su captura y su reclusión en una cárcel que tendrá que determinar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), además una multa de $4.453.229.734 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la prisión.

Según la investigación, el exalcalde habría direccionado el contrato de construcción de dichas obras, generando un posible detrimento en el patrimonio de la capital del departamento del Magdalena.

“En ejercicio de sus funciones, tramitó y celebró el contrato 191 de 2015, por un valor de 6.954 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses”, detalló la Fiscalía.

Entre los elementos materiales probatorios que se han recaudado sobre el caso se encuentra que, en la fase precontractual, Caicedo supuestamente pidió que fuera contratado, mediante prestación de servicios, específicamente un arquitecto para que “elaborara los diseños del proyecto”. No obstante, el producto presentado por el profesional fue incompleto: no tenía paneles ni placas prefabricadas de alta densidad para aislar el calor y el ruido, entre otros aspectos.

“En lo que respecta a la etapa de ejecución, se presentaron múltiples imprevistos, pues no se tuvieron en cuenta las redes y acometidas para gas natural. Tampoco se gestionó la autorización para construir en un predio privado, que además no contaba con estudios de suelos y sismorresistencia”, detalló la Fiscalía.

Agregó que “para superar estas y las diversas inconsistencias presentadas se realizaron 11 otrosíes y adiciones por 4.534 millones. Diez años después, el contrato no ha sido liquidado y las obras fueron pagadas en 94 %, sin ser entregadas en su totalidad”.

La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en compañía de su abogado, el exmagistrado Wilson Ruiz.

Los presuntos delitos por los que denunció al mandatario son: peculado por aplicación oficial diferente, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia y tráfico de influencias como servidor público.

Rodríguez y su defensa también anunciaron que radicarán una denuncia penal en la Fiscalía porque, presuntamente, miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) han proferido amenazas contra la exfuncionaria.

La decisión se produce después de que diferentes funcionarios del Gobierno, incluido el mandatario, advirtieran sobre la posibilidad de presentar denuncias por los presuntos delitos de injuria y calumnia en respuesta a las afirmaciones hechas por Rodríguez.

A través de sus redes sociales, Wilson Ruiz confirmó que asumió la representación jurídica de la exfuncionaria y anunció la presentación de una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“Junto a mi equipo jurídico estamos acompañando a Angie Rodríguez, exgerente del Fondo Adaptación. Por ello, presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del Presidente en su contra. Cometió una serie de agravios por los que tendrá que responder”, escribió Ruiz.

Rodríguez, quien también se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró que cuenta con información sobre la presunta participación de funcionarios del Gobierno en hechos de corrupción, así como en la supuesta entrega irregular de contratos y cargos a personas recomendadas.

La exfuncionaria manifestó que está dispuesta a entregar toda la información y las pruebas que dice tener ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que las autoridades investiguen los hechos denunciados.