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Más de 70 exmilitares reconocerán crímenes de guerra ante la JEP

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Un total de 74 comparecientes de la fuerza pública se presentarán ante la justicia transicional para reconocer ante 140 víctimas su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad, una diligencia que se realizará del 8 al 10 de agosto, informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En una audiencia, 28 máximos responsables, entre ellos tres excomandantes del Batallón ‘Cacique Pigoanza’, los tenientes coroneles en retiro Carlos Yair Salamanca Robles, Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García, contarán «cómo se ejecutó el plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados en el departamento de Huila» entre 2005 y 2008.

La diligencia es una oportunidad para que los comparecientes contribuyan a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de la JEP, los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad participaron en la comisión de 200 asesinatos, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio.

En sus intervenciones, los comparecientes de la fuerza pública se referirán a los hechos y conductas imputadas por la JEP, su rol en la comisión de estos crímenes y los daños causados a las víctimas, las comunidades y el territorio.

Asimismo, hablarán sobre algunos de los proyectos a los que se podrían vincular para contribuir a restaurar, aliviar y dignificar a quienes les causaron los daños.

Por su lado, las víctimas, que también estarán en la diligencia, describirán los impactos que les causaron los crímenes y presentarán demandas restaurativas que orientarán las sanciones que se impondrán.

En este Subcaso Huila del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, los mayores generales Alberto Rodríguez y Marcos Pinto, así como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y el general Jaime Lasprilla Villamizar, que fue comandante del Ejército, manifestaron que no reconocen su responsabilidad por los crímenes imputados.

En ese mismo sentido se manifestaron el brigadier general William Fernando Pérez y el coronel Fernando Moncayo Guancha, todos en condición de retiro.

En estos casos, sus procesos fueron trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA, la Fiscalía de la JEP) que, si decide acusarlos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, iniciaría un procedimiento en el que se exponen a una sanción de cárcel de hasta 20 años.

La JEP ha contabilizado 6.402 de estos casos, que fueron cometidos sobre todo entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.

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En confusos hechos fue asesinado el hijo del inspector general de la Policía

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Al parecer, la muerte del joven se habría dado producto de una riña cuando, al parecer, estaba acompañado de su pareja sentimental.

El hijo del general William Rincón, quien es el inspector general de la Policía Nacional, fue asesinado en Bogotá. La Fiscalía está investigando los hechos que dieron con la muerte del joven de 21 años.

Los hechos habrían ocurrido en la mañana del domingo cuando, según versiones preliminares, el hijo del general se encontraba con su pareja sentimental y un grupo de personas. Al parecer, una pelea habría sido el detonante de los sucesos.

De acuerdo con el general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá, el lamentable hecho sucedió alrededor de las 11:30 de la mañana en el barrio Restrepo, en la localidad Rafael Uribe Uribe.

Según el oficial de la Policía de Bogotá, “en los mismos hechos, tres personas más resultaron heridas y se encuentran recibiendo atención médica en un centro hospitalario”.

Algunas versiones indican que en la zona se presentaron disparos, además, se menciona que el escolta que tenía asignado el hijo del general Rincón habría desenfundado su arma, haciendo varios tiros al aire, al parecer, tratando de disuadir la situación.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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