Un juez de Medellín absolvió este miércoles en primera instancia a Santiago Uribe en el juicio por su presunta participación en el grupo paramilitar los Doce Apóstoles.

Este es uno de los casos judiciales más sonados y largos del país; la etapa final del juicio comenzó en enero de 2021 y desde entonces se esperaba una sentencia. En concreto, al hermano del expresidente se le ha señalado por su presunta participación en la conformación de dicho grupo, que nació en Yarumal, en el Norte de Antioquia, pero en el proceso también se investiga el homicidio del campesino Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera, ocurrido en ese municipio el 25 de febrero de 1994.

La Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias en enero de 2017 para que Uribe fuera investigado por estos hechos. El juicio continuó con un expediente que contiene 45 libros y centenares de horas de testimonios, que documentan o contradicen la hipótesis de que Santiago Uribe Vélez promovió la creación, en febrero de 1992, de dicho grupo paramilitar desde la administración de la Hacienda La Carolina, que permitió que los paramilitares entrenaran en su finca y tomó decisiones acerca de cuáles serían las personas a eliminar en medio de la “limpieza social” propuesta desde el grupo contrainsurgente.

Este caso tomó mayor relevancia en los últimos días, ya que la JEP publicó un organigrama donde señalaban a Santiago Uribe como líder de ‘Los 12 Apóstoles’.

Además, el Presidente Gustavo Petro y el exmandatario Uribe tuvieron cruces de mensajes en redes sociales, ya que el primero sostuvo que quería ver a Santiago Uribe tras las rejas y el segundo le recordó a Petro que su hermano, Juan Fernando, fue a cárceles a «pedir votos» para elegirlo presidente.

Indignación en todo el país ha desatado el aberrante acto de odio protagonizado por el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien lleno de rabia botó a la basura unas botas pintadas como símbolo de protesta de las Madres de Soacha contra los llamados falsos positivos.

Las Madres de Soacha dieron a conocer que interpondrán una denuncia penal contra el representante Polo Polo. Todo comenzó con un video que hizo el congresista cuando decidió botar a la basura una obra de este colectivo de mujeres que pusieron en el Capitolio Nacional.

Las Madres de Soacha pintaron 6.402 botas como homenaje a sus hijos que fueron asesinados en las ejecuciones extrajudiciales o más conocidos como ‘falsos positivos’. Sin embargo, Polo Polo grabó un video en el que botó a la basura estas botas. “Esas botas tienen que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura”, comentó Polo Polo en un video que se viralizó en redes sociales.

Este acto generó indignación, pero fueron las Madres de Soacha que se pronunciaron y pidieron una investigación a la Comisión Disciplinaria del congreso por este hecho que hizo el representante.

También, a través de un video, las Madres explicaron la importancia de su obra de arte y homenaje a las víctimas que dejaron los 6.402 falsos positivos en el país.

“Para algunos ignorantes de Colombia que no saben qué es el significado de estas botas, que es de las 6.402 víctimas de falsos positivos de Colombia, no solamente de Soacha y Bogotá, queremos decirle, que qué tristeza que ustedes hagan esto de botar botas en un basurero, cuando no son basura. Estos fueron nuestros hijos, nuestros seres queridos a los cuales mató el Estado”, comentó una de las mujeres integrantes del colectivo. También aseguraron que este acto fue una falta de respeto con las víctimas de toda Colombia.

“Firmaremos denuncia penal y queja disciplinaria contra el señor @MiguelPoloP Esto apenas comienza. No permitiremos que nadie más se burle de nuestro dolor y el de más de 6,402 víctimas de los mal llamados falsos positivos”, dieron a conocer las Madres de Soacha a través de redes sociales.

Ante este acto desdeñable contra las madres y víctimas de este crimen de Estado, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que igualmente presentará una denuncia penal contra el representante Polo Polo por los delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados.

En el marco de la investigación por la presunta corrupción en el Congreso con recursos arañados irregularmente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este martes la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria formal cinco congresistas y un exrepresentante.

Se trata de los senadores Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como los representantes Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Astrith Manrique (curul de víctimas). A ellos se suma el exrepresentante Juan Diego Múñoz (Partido Conservador).

La Sala de Instrucción de la Corte anunció que los investigará formalmente por el presunto delito de cohecho impropio. Por ello, serán citados a diligencia de indagatoria.

De acuerdo con la alta corte, los investigados participaron en presuntos acuerdos ilegales para aprobar proyectos y eventuales contrataciones en la Unidad. Lo anterior, tras analizar más de 50 pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de 10 pruebas testimoniales.

“Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”, explicó la Corte Suprema.

Según el tribunal, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los congresistas supuestamente habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).

“En los últimos 18 días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron 13 de los 18 conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023”, agregó la Corte.

Por estos hechos hay una investigación preliminar contra el senador Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de La U). En su caso, la Sala consideró que las supuestas irregularidades de las que se lo señala corresponden a situaciones distintas a las que se investigan en este momento.

“Por tratarse de hechos distintos, se decidió enviar a reparto lo correspondiente al aforado Chagüi Flórez, para que, en otro radicado, se asigne un magistrado para que conozca de tales señalamientos”, concluyó la Corte.