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438 conflictos sociales por problemas con luz y agua en todo el país

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Los bloqueos de vías por falta de energía ha sido el denominador en Barranquilla y su área metropolitana.

Los bloqueos de vías por falta de energía ha sido el denominador en Barranquilla y su área metropolitana.

Situación que ha tendido a aumentar, principalmente en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.

Entre enero del 2022 y el 15 de marzo del 2024, en Colombia fueron registrados 438 conflictos sociales a causa de inconformismos de la ciudadanía con la prestación de servicios públicos domiciliarios, así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo en la reciente presentación de un informe en Cartagena, durante una sesión del Diálogo Defensorial para la Transformación.

El documento ‘Conflictividad social asociada a la prestación de servicios públicos domiciliarios: Estudio de caso Bolívar, Sucre y Córdoba’ evidencia que de todos los eventos, 203 estuvieron asociados al agua potable (46,3%) y 195 al servicio de energía eléctrica (44,5%); es decir, los dos servicios abarcaron el 90,9% de la totalidad de los conflictos manifiestos.

Los eventos tuvieron como causas, principalmente, la interrupción del suministro del servicio, las altas tarifas y la falta de infraestructura adecuada. Estos problemas afectaron en particular a comunidades vulnerables de zonas rurales y asentamientos irregulares. Bolívar, Sucre y Córdoba fueron los departamentos que más afrontaron la problemática.

El informe, elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad, también da a conocer que Magdalena fue el departamento que reportó la mayor cantidad de conflictos sociales, con 58 casos (13,2%); le siguieron Atlántico, con 57 (12,3%); Bolívar, con 54 (12,3%); Córdoba, con 31 (7,1%), y la Guajira, con 28 (6,4%). Los seis departamentos concentran el 58,9% de la totalidad de los eventos.

«Como institución de derechos humanos y en su compromiso constante con la protección de los derechos fundamentales de los colombianos, participó durante el 2022 y el 2023 en 34 espacios de diálogo y mesas de negociación relacionados con conflictos generados por la prestación de los servicios públicos. La mayoría fueron realizados en Magdalena, Nariño, Cauca, Bolívar y Córdoba», indicó la Defensoría.

Así mismo señaló la Defensoría del Pueblo que «teniendo en cuenta el aumento de la conflictividad y el impacto económico y social que afecta a las comunidades, les recomienda al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales y a las empresas prestadoras de servicios públicos a atender las solicitudes de los ciudadanos y buscar alternativas que permitan la construcción conjunta de acciones, cuyo fin sea solucionar las problemáticas identificadas en el sistema de servicios públicos no solo en el Caribe, sino en las demás regiones del territorio nacional».

En la sesión del Diálogo Defensorial fue acordada para el 19 de este mes la instalación de una primera mesa de trabajo, que contará con la participación de voceros del operador de energía eléctrica Afinia, lideresas y líderes de la comunidad, así como con representantes de los gobiernos de Bolívar y Cartagena.

«El fin será tratar asuntos sobre la calidad y continuidad de los servicios, la construcción de las obras y el desmonte y la retirada de postes que están afectando la movilidad en un sector de Cartagena, pues la comunidad tiene programado para el próximo 30 de julio realizar un bloqueo en la vía La Cordialidad», puntualizó la Defensoría.

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Consejo de Estado no abre incidente de desacato contra el presidente Petro

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El Consejo de Estado se abstuvo este jueves de abrir incidente de desacato por el supuesto incumplimiento a la orden que se le impartió al presidente Gustavo Petro para que se retractara de unas afirmaciones que hizo contra el ciudadano Enrique Vargas Lleras, por irregularidades en el manejo de recursos de la salud que se habrían producido por parte de una EPS.

Para el Consejo de Estado, el escrito que presentó el mandatario para dar cumplimiento a ese fallo contiene su retractación expresa de las imputaciones que dieron origen a la demanda.

El Presidente, consideró el Consejo de Estado, admitió haberse referido al accionante, Enrique Vargas Lleras, por su participación en la junta directiva de la EPS y señaló que los hechos afirmados en la realidad solo son objeto de investigación.

Frente a la objeción de conciencia solicitado por el Presidente, el Consejo de Estado precisó que la tutela solo estaba encaminada a garantizar el derecho fundamental a la honra y buen nombre de un ciudadano; no a coartar la libertad de expresión del jefe del Estado, ni a impedir el cumplimiento de la obligación que tiene todo servidor púbico de denunciar ante las autoridades competentes irregularidades o ilícitos de los que tenga conocimiento.

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Capturan a “las inspectoras” del Clan del Golfo, que multaban hasta por el motilado y color de las uñas

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En uno de los más grandes operativos contra el Clan del Golfo realizado en Antioquia en los últimos meses, que las autoridades adelantaron en tres municipios del Occidente y en Medellín, capturaron a nueve presuntos integrantes de este grupo criminal, incluyendo cuatro mujeres que eran conocidas como “las inspectoras” de esta organización criminal y a quienes se les señala de haberse convertido en el terror en varios municipios ejecutando multas y castigos por las razones más irrisorias.

El operativo se realizó en Heliconia, Armenia Mantequilla y Ebéjico, además de la capital antioqueña.

Allí fueron capturados nueve presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez, y entre estos figuran tres mujeres identificadas con los alias de ‘Victoria’, ‘Claudia’ y ‘Mila’.

Según señaló el director de la Policía, general William Salamanca, estas mujeres se habían adjudicado el rol de “inspectoras” en los municipios y recorrían barrios y calles imponiendo multas y hasta trabajos forzosos como limpiar potreros, arrear ganado y ejecutar todo tipo de trabajos manuales como castigo por cosas tan absurdas como un corte de cabello o un color de uñas que fueran en contravía con “el manual” de comportamiento impuesto por estos criminales, y que según las autoridades es uno de los mecanismos utilizados para ejercer control social entre la población.

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Incrementan pie de fuerza y ofrecen cien millones de pesos por autores de atentado en Arauca

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Tras un consejo de seguridad extraordinario en el departamento de Arauca, las autoridades y las Fuerzas Militares anunciaron medidas inmediatas para capturar a los responsables del atentado perpetrado el martes 17 de septiembre contra una guarnición del Ejército en esa zona del país.

Entre las acciones destacan el envío de 30 pelotones del Ejército y de la Armada al departamento, así como una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita la captura de los miembros del ELN, señalados como responsables del ataque terrorista, que dejó 25 soldados heridos y dos fallecidos.

Durante la reunión de seguridad, inteligencia militar reveló que el responsable de atentado terrorista es alias Raúl, cabecilla del Frente de Guerra Domingo Laín Sáenz del ELN.

“Se reafirma toda la contundencia de las Fuerzas Militares de Colombia en contra del grupo armado organizado ELN, al no existir ningún decreto de cese al fuego vigente”, informó la institución.

Así mismo, se anunció la creación, por parte de la Policía Nacional, del cartel de los más buscados en el departamento con el fin de incentivar la denuncia y propiciar cuanto antes la judicialización de los implicados.

Hasta ahora, luego de los atentados, han sido capturados dos presuntos responsables, quienes ya fueron presentados ante un juez y este mismo jueves serán llevados a las diligencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento

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