*La investigación de la Fiscalía General de la Nación da cuenta de que cabecillas del autodenominado frente Jaime Martínez ordenaron el crimen.

Un supuesto trabajo de transporte fue la excusa que utilizaron las disidencias de la Farc para atraer al yerno del líder comunal Carlos Andrés Sánchez Hernández hasta un lugar donde pretendían asesinarlo.

El dirigente lo acompañó para orientarlo en la ruta y murió durante el ataque armado, ocurrido en enero de 2026 en Cucutilla (Norte de Santander).

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía indican que, en diciembre de 2025, cabecillas del autodenominado frente Jaime Martínez ordenaron a Edinson Fernando Lame Mosquera y a otra persona causarle la muerte al familiar del líder porque supuestamente conocía información sobre los movimientos del grupo ilegal.

Los señalados sicarios se habrían desplazado desde el sur del país hasta Cúcuta, donde contactaron al hombre y le ofrecieron movilizar un vehículo desde Pamplona hasta Cúcuta.

El 13 de enero, el líder comunal acompañó a su yerno a la cita programada para cumplir la labor. Los dos fueron recogidos en un punto específico y trasladados en motocicletas.

Durante el recorrido, en un paraje solitario, fueron atacados con machetes.
Sánchez Hernández murió en el lugar, mientras que su familiar sufrió algunas heridas, pero logró escapar.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Lame Mosquera los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa.

El procesado aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

«Once presuntos integrantes recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. En el curso de la investigación fueron identificados y asociados 37 casos de extorsión y 19 hechos de desplazamiento forzado.

Cuotas mensuales de entre 100.000 y 500.000 pesos y plazos de un día para pagarlas habrían sido impuestos por ‘Bombillo Rojo’ a habitantes del barrio Lleras Camargo y otros sectores de la comuna 20 de Cali (Valle del Cauca). Quienes no accedían eran amenazados de muerte, agredidos u obligados junto a sus familias a abandonar sus viviendas, de las que presuntamente se apropiaba la organización junto con sus enseres.

Producto de las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación fueron identificados y asociados 33 casos de extorsiones consumadas y 4 tentadas, y 19 hechos de desplazamiento forzado ocurridos entre noviembre de 2023 y julio de 2026, en los que estaría involucrada la estructura delincuencial, conformada por dos ‘clanes familiares’ del mismo sector.

Sus integrantes son señalados de seleccionar a las víctimas, llegar a sus residencias para exigirles dinero mediante intimidaciones con armas de fuego y desplazarlas de manera forzada.

Para recuperar los inmuebles después de ser expulsadas, les habrían cobrado en algunas oportunidades 50 millones de pesos.

Los elementos materiales probatorios indican que también habrían instrumentalizado a menores de edad para vigilar a los afectados y recaudar los pagos enseñándoles cómo debían abordar a las víctimas y hacer los cobros.

Uno de los eventos delictivos documentados ocurrió entre noviembre y diciembre de 2025, cuando dispararon y lanzaron piedras contra un inmueble, y amenazaron de muerte a una de sus residentes si no entregaba la llamada ‘vacuna’. La familia abandonó el lugar, donde funcionaba un comedor comunitario, y los presuntos responsables ingresaron para apoderarse de los bienes.

En este espacio las víctimas brindaban alimentación a adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad del sector.

Más de 20 diligencias de allanamiento y registro, ordenadas por la Fiscalía y realizadas por la Policía Metropolitana de Cali, permitieron capturar a 11 personas que harían parte de ‘Bombillo Rojo’.

Un hombre señalado de agredir con arma cortopunzante a una mujer que intentó auxiliar a una vecina en medio de una presunta situación de violencia intrafamiliar, en hechos ocurridos el pasado 17 de octubre en el norte de Bogotá, fue capturado en Cartagena (Bolívar).

La víctima sufrió graves heridas y falleció dos días después, tras permanecer en una unidad de cuidados intensivos.

La captura se dio en cumplimiento de orden judicial. Fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional.

En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías y un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará el delito de homicidio agravado.