*Cinco presuntas integrantes fueron capturadas en Barranquilla y Girón. Se les atribuyen ganancias ilícitas mensuales millonarias. Barranquilla.

Las visitas a personas privadas de la libertad habrían sido utilizadas como fachada para introducir cocaína, marihuana y otras sustancias a establecimientos carcelarios de mediana y máxima seguridad en diferentes zonas del país. Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió poner al descubierto a ‘Las Invisibles’, la red que estaría involucrada en esta modalidad delictiva.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional y el Gaula del Ejército Nacional, capturaron en Barranquilla y Girón (Santander) a cinco presuntas integrantes de la organización. De manera simultánea, fueron realizadas diligencias de registro y allanamientos en las cárceles La Modelo de Barranquilla, Palo Gordo de Girón y La Tramacúa de Valledupar.

En los procedimientos se incautaron 13 celulares, tarjetas SIM, memorias USB, estupefacientes, cuadernos con información de datos relevantes para el desarrollo de las investigaciones, un router wifi, un reloj inteligente, cargadores, audífonos y dinero en efectivo. Los elementos materiales probatorios indican que ‘Las Invisibles’ tramitaban permisos para entrar a distintos centros carcelarios con el supuesto de visitar a familiares o conocidos.

De esta manera, ingresaban estupefacientes ocultos o adheridos al cuerpo para llevarlos a patios específicos y venderlos a internos que se encargaban de la distribución en los penales. Esta actividad ilícita, al parecer, les permitía recaudar mensualmente ganancias millonarias. Un fiscal de la Seccional Atlántico presentará a las cinco capturadas ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

*En la investigación se conoció un acto terrorista en el que habría sido incinerado un bus de servicio intermunicipal por el no pago de la exigencia económica.

El recaudo de dinero producto de extorsiones, el suministro de víveres, medicamentos y armas, las labores logísticas y la adquisición de clorhidrato de cocaína serían algunas de las actividades desarrolladas por tres hombres que, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, harían parte de la denominada compañía Héroes de Tarazá del ELN, con presencia en Cáceres, Tarazá y Valdivia, en el Bajo Cauca antioqueño.

Se trata de los hermanos Jaider Giovanni y Wilder Arley Vera Gil, y John Argenis Mazo Chavarría, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantía e imputados por los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado y terrorismo.

Los elementos materiales probatorios indican que Jaider Giovanni Vera Gil sería el encargado de agrupar los recursos provenientes de extorsiones a comerciantes ubicados sobre la Troncal al Caribe. Además, estaría relacionado con la incineración de un bus de servicio intermunicipal, ocurrida el 15 de diciembre de 2025, acción que generó temor entre la población y afectó la movilidad por este corredor vial.

Los otros dos procesados son señalados de cumplir diferentes roles relacionados el abastecimiento de alimentos y diversos elementos para la estructura armada; así como el cobro de las exigencias económicas que imponía el grupo ilegal a diversos sectores económicos de la región. Los tres hombres no aceptaron los cargos en su contra y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Se trata de 42 activos que habrían permanecido ocultos mediante operaciones relacionadas con diferentes sectores de la economía para darle apariencia de legalidad y evadir el control de las autoridades.

El rastreo a movimientos patrimoniales y operaciones financieras permitió a la Fiscalía General de la Nación identificar bienes que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros que estuvo al servicio del extinto narcotraficante del Cartel de Cali, Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’.

Los elementos materiales probatorios indican que, durante varios años, fueron utilizadas personas y empresas de los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar para ocultar, transformar y administrar los activos identificados, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades.

En consecuencia, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos. Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá (Valle del Cauca), y Sonsón (Antioquia).

Entre los activos hay inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. En Bogotá, las medidas recayeron sobre un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales; y en Cali, sobre dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio. En Jamundí fueron afectados un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote; en Tuluá, un terreno; y en Sonsón, siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, que asciende en extensión a 1.083 hectáreas.