*La víctima habría sido despojada de sus pertenencias y atacada en una zona despoblada cuando se dirigía a una actividad turística. 

La investigación por la desaparición y posterior muerte de una ciudadana neerlandesa en Salento (Quindío), permitió a la Fiscalía General de la Nación identificar y judicializar a Eduardo Ramiro Mendoza Nare, un ciudadano venezolano presunto responsable de estos hechos.

El pasado 25 de mayo, la víctima salió del hospedaje donde se encontraba para asistir a una actividad turística en una finca ubicada en zona rural. Con ese propósito tomó una vía hacia la vereda Palestina y, desde ese momento, se perdió contacto con ella. Labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que tan pronto la mujer llegó al sector, Mendoza Nare la habría abordado en una zona despoblada y golpeado con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo para despojarla de sus pertenencias.

La agresión ocasionó un trauma craneoencefálico que produjo su muerte. Luego del ataque, el hombre se cambió de ropa, abandonó la zona y abordó un bus intermunicipal con destino a Medellín (Antioquia). Entre tanto, el cuerpo de la ciudadana extranjera fue encontrado en una quebrada cinco días después, el 31 de mayo. Mendoza Nare fue capturado por servidores del CTI en vía pública de Salento. Un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de feminicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

*La menor de edad habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual.

El cuerpo de una niña de 9 años fue encontrado el pasado 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Las labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación indican que Shenner José Rojas Lárez, de nacionalidad venezolana, sería el responsable de la muerte.

El 14 de septiembre, esta persona sostuvo una discusión con su pareja, hermana de la víctima, en el inmueble donde residían en Mosquera (Cundinamarca). Durante el altercado, asumió una actitud violenta y causó daños en la vivienda. Ante esta situación, la mujer acudió a un CAI para solicitar asistencia de la Policía Nacional. El hombre habría aprovechado su ausencia para sacar a la menor de edad del inmueble y transportarla en una motocicleta.

El ciudadano extranjero es señalado de llevar a la niña hasta un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, y al día siguiente trasladarla al barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, donde presuntamente le causó la muerte mediante asfixia, según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Ese 15 de septiembre en horas de la tarde el cuerpo fue encontrado en un canal de aguas lluvias. Las actividades de policía judicial y los análisis realizados dan cuenta de que la menor de edad habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual, en ocasiones anteriores, mientras estaba al cuidado de Rojas Lárez.

Asimismo, evidenciaron que el crimen correspondería a una forma de violencia vicaria y de retaliación contra su compañera. Por todo lo anterior, y en atención a una orden judicial obtenida en su contra, el hombre fue capturado el 16 de septiembre por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en vía pública de la localidad de Los Mártires.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Las víctimas habrían recibido amenazas contra sus vidas y familias, así como advertencias de quemar sus vehículos o expulsarlos de las rutas en las que desarrollaban su actividad.

Entre 28.800 y 35.500 pesos debía aportar cada conductor para completar una cuota semanal de aproximadamente 1’300.000 pesos. De acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, por lo menos 60 personas que ejercían actividades de transporte informal en los sectores de Bosa El Recreo y el Portal Las Américas, en el suroccidente de Bogotá, habrían sido sometidas a estas exigencias económicas por parte del grupo delincuencial ‘El Tren de Aragua’.

Las víctimas eran contactadas mediante videollamadas o servicios de mensajería instantánea. En esas comunicaciones les advertían sobre posibles atentados contra su vida o la de sus familiares, la quema de los vehículos y la expulsión de las rutas donde trabajaban, como mecanismo para obligarlas a realizar los pagos.

Un conductor era escogido para recolectar el dinero de varios de los transportadores afectados en la zona, transferir la suma agrupada a billeteras virtuales, enviar el comprobante de la transacción a través de mensaje de texto y destruir el soporte físico, con el propósito de evitar el seguimiento de las autoridades.

Por estos hechos ocurridos entre el 19 de febrero de 2024 y agosto de 2026, fueron capturados 10 presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, quienes serían los encargados de coordinar los cobros extorsivos, recibir los recursos en billeteras virtuales, retirar determinadas sumas y distribuirlas entre las demás personas que harían parte de la estructura delictiva.

Los procedimientos de captura fueron realizados de manera coordinada con unidades del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, Barranquilla y Tunja (Boyacá). Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto parta delinquir y extorsión, las dos conductas agravadas.