*La contratación habría sido realizada de manera directa durante la vigencia de la Ley de Garantías, pese a que por su cuantía debía adelantarse mediante licitación pública.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cinco personas que estarían implicadas en las irregularidades detectadas en un contrato interadministrativo por más de 16.000 millones de pesos, destinado a la recuperación e intervención de vías para el transporte público en Medellín.

Los procesados son el exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; el exsubsecretario técnico, Mauricio Alonso Zuleta Estrada; la exsubsecretaria Jurídica, Estefanya Cuervo Sánchez; el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo; y el contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos.

Los hechos objeto de investigación están relacionados con la celebración de un contrato, entre el 28 y 29 de junio de 2023, para ejecutar obras en la comuna 10 y en los sectores Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal. El objeto contemplaba diversas actividades como la demolición de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, construcción y adecuación de andenes y bahías, mantenimiento y reparación de pavimentos.

Los elementos materiales probatorios obtenidos dan cuenta de que las obras previstas fueron contratadas por la Secretaría de Movilidad, entidad que no era competente para este fin porque es la encargada de asuntos como la semaforización y señalización vial.

En ese sentido, le correspondía a la Secretaría de Infraestructura Física, con apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros. Asimismo, quedaron en evidencia presuntas deficiencias en el análisis del sector y en los estudios previos, particularmente por la ausencia de una justificación suficiente sobre el presupuesto oficial o valor del contrato.

Adicionalmente, se conoció que la contratación se realizó de manera directa durante la vigencia de la Ley de Garantías, pese a que, por su cuantía, debía convocarse licitación pública.

*La menor de edad habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual.

El cuerpo de una niña de 9 años fue encontrado el pasado 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Las labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación indican que Shenner José Rojas Lárez, de nacionalidad venezolana, sería el responsable de la muerte.

El 14 de septiembre, esta persona sostuvo una discusión con su pareja, hermana de la víctima, en el inmueble donde residían en Mosquera (Cundinamarca). Durante el altercado, asumió una actitud violenta y causó daños en la vivienda. Ante esta situación, la mujer acudió a un CAI para solicitar asistencia de la Policía Nacional. El hombre habría aprovechado su ausencia para sacar a la menor de edad del inmueble y transportarla en una motocicleta.

El ciudadano extranjero es señalado de llevar a la niña hasta un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, y al día siguiente trasladarla al barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, donde presuntamente le causó la muerte mediante asfixia, según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Ese 15 de septiembre en horas de la tarde el cuerpo fue encontrado en un canal de aguas lluvias. Las actividades de policía judicial y los análisis realizados dan cuenta de que la menor de edad habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual, en ocasiones anteriores, mientras estaba al cuidado de Rojas Lárez.

Asimismo, evidenciaron que el crimen correspondería a una forma de violencia vicaria y de retaliación contra su compañera. Por todo lo anterior, y en atención a una orden judicial obtenida en su contra, el hombre fue capturado el 16 de septiembre por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en vía pública de la localidad de Los Mártires.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Las víctimas habrían recibido amenazas contra sus vidas y familias, así como advertencias de quemar sus vehículos o expulsarlos de las rutas en las que desarrollaban su actividad.

Entre 28.800 y 35.500 pesos debía aportar cada conductor para completar una cuota semanal de aproximadamente 1’300.000 pesos. De acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, por lo menos 60 personas que ejercían actividades de transporte informal en los sectores de Bosa El Recreo y el Portal Las Américas, en el suroccidente de Bogotá, habrían sido sometidas a estas exigencias económicas por parte del grupo delincuencial ‘El Tren de Aragua’.

Las víctimas eran contactadas mediante videollamadas o servicios de mensajería instantánea. En esas comunicaciones les advertían sobre posibles atentados contra su vida o la de sus familiares, la quema de los vehículos y la expulsión de las rutas donde trabajaban, como mecanismo para obligarlas a realizar los pagos.

Un conductor era escogido para recolectar el dinero de varios de los transportadores afectados en la zona, transferir la suma agrupada a billeteras virtuales, enviar el comprobante de la transacción a través de mensaje de texto y destruir el soporte físico, con el propósito de evitar el seguimiento de las autoridades.

Por estos hechos ocurridos entre el 19 de febrero de 2024 y agosto de 2026, fueron capturados 10 presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, quienes serían los encargados de coordinar los cobros extorsivos, recibir los recursos en billeteras virtuales, retirar determinadas sumas y distribuirlas entre las demás personas que harían parte de la estructura delictiva.

Los procedimientos de captura fueron realizados de manera coordinada con unidades del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, Barranquilla y Tunja (Boyacá). Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto parta delinquir y extorsión, las dos conductas agravadas.