*Las víctimas habrían recibido amenazas contra sus vidas y familias, así como advertencias de quemar sus vehículos o expulsarlos de las rutas en las que desarrollaban su actividad.

Entre 28.800 y 35.500 pesos debía aportar cada conductor para completar una cuota semanal de aproximadamente 1’300.000 pesos. De acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, por lo menos 60 personas que ejercían actividades de transporte informal en los sectores de Bosa El Recreo y el Portal Las Américas, en el suroccidente de Bogotá, habrían sido sometidas a estas exigencias económicas por parte del grupo delincuencial ‘El Tren de Aragua’.

Las víctimas eran contactadas mediante videollamadas o servicios de mensajería instantánea. En esas comunicaciones les advertían sobre posibles atentados contra su vida o la de sus familiares, la quema de los vehículos y la expulsión de las rutas donde trabajaban, como mecanismo para obligarlas a realizar los pagos.

Un conductor era escogido para recolectar el dinero de varios de los transportadores afectados en la zona, transferir la suma agrupada a billeteras virtuales, enviar el comprobante de la transacción a través de mensaje de texto y destruir el soporte físico, con el propósito de evitar el seguimiento de las autoridades.

Por estos hechos ocurridos entre el 19 de febrero de 2024 y agosto de 2026, fueron capturados 10 presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, quienes serían los encargados de coordinar los cobros extorsivos, recibir los recursos en billeteras virtuales, retirar determinadas sumas y distribuirlas entre las demás personas que harían parte de la estructura delictiva.

Los procedimientos de captura fueron realizados de manera coordinada con unidades del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, Barranquilla y Tunja (Boyacá). Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto parta delinquir y extorsión, las dos conductas agravadas.

*La víctima permaneció retenida durante tres días en un inmueble de la localidad de Ciudad Bolívar y por su liberación exigían 130 millones de pesos.

En una acción articulada del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar fue ubicado y rescatado un ciudadano de 32 años que había sido secuestrado el pasado 13 de septiembre, en inmediaciones de la Avenida Caracas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

La víctima se movilizaba en su vehículo cuando fue interceptada y llevada en contra de su voluntad. Horas después, su mamá recibió varias llamadas telefónicas en las que le informaban sobre la retención y le pedían 130 millones de pesos a cambio de su liberación.

Durante la investigación se estableció que los presuntos responsables enviaron videos en los que el hombre era intimidado con armas de fuego y amenazado con atentar contra su vida si no se cumplía con la exigencia económica. Adicionalmente, se conoció que mientras estuvo en cautiverio permaneció en estado de inconsciencia durante varios momentos.

Las labores de policía judicial, entre ellas actividades de vecindario y la verificación de cámaras de seguridad, permitieron identificar el lugar en el que se estarían realizando las comunicaciones extorsivas: una vivienda ubicada en el barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Con esta información, en la noche del 16 de septiembre se adelantó una diligencia de registro y allanamiento en dicho lugar. Allí fue rescatada la víctima, quien posteriormente se reencontró con sus familiares en la sede de Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación. En el procedimiento también fueron capturadas cuatro personas e incautada un arma de fuego.

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputará, entre otros delitos, secuestro extorsivo.

*Los bienes, ubicados en seis departamentos y Bogotá, están avaluados en más de 184.615 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación hizo una adición a las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio a un conglomerado empresarial que, con la fachada de la comercialización de ropa femenina, habría facilitado el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.

La actuación fue adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, que en esta nueva fase afectó 45 inmuebles, cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, realizan la ocupación de los bienes, con apoyo de unidades del Ejército Nacional.

Los activos están representados en 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca); Cartagena (Bolívar); Pereira (Risaralda); Ibagué (Tolima), y Cali (Valle del Cauca).