*La víctima abordó un taxi al salir de un establecimiento nocturno en Chapinero. Permaneció retenida cerca de 40 horas y fue obligada a realizar transferencias por aproximadamente 40 millones de pesos.

Luego de valorar las pruebas y argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal especializado condenó a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo a 28 años y 6 meses de prisión por el secuestro y hurto de una mujer que tomó un taxi para regresar a su residencia en Bogotá.

En el curso de la investigación liderada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales se conoció que, en la madrugada del 22 de febrero de 2026, la víctima salió de un establecimiento nocturno en la localidad de Chapinero y, ante la imposibilidad de solicitar transporte mediante una aplicación, abordó un taxi en la calle con destino a Engativá.

Juan Pablo Gómez Cardozo conducía el vehículo y se detuvo cerca de la residencia de la mujer para permitir que su hermano y otro hombre subieran. Los dos la sometieron mediante agresiones físicas y verbales, y se apoderaron de sus pertenencias.

Posteriormente, la trasladaron a un inmueble donde permaneció retenida cerca de 40 horas.

Durante ese tiempo le exigieron las claves bancarias y obligaron a realizar transferencias virtuales por aproximadamente 40 millones de pesos. Finalmente, fue liberada el 23 de febrero en inmediaciones de la vía a Choachí (Cundinamarca).

Los hermanos Gómez Cardozo, durante la audiencia de imputación realizada en marzo, aceptaron de manera libre y voluntaria los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas. La condena en su contra, además de definir pena en centro carcelario, les impuso una multa de 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

*Entre los elementos incautados había un fusil Colt, dos pistolas y accesorios tácticos. La mujer fue capturada en flagrancia y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

Una diligencia de embargo y secuestro por el presunto incumplimiento del pago del arriendo puso al descubierto armas y municiones en la casa donde residía la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra, en el sector de Pance, en Cali.

La inspección de un clóset cambió el curso del procedimiento ordenado por un juez civil. Allí fueron encontrados 977 cartuchos calibre 5.56, utilizados en armas de largo alcance. Posteriormente, fueron hallados un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, cuyo modelo y características no hace parte del inventario de la fuerza pública en Colombia; dos pistolas Glock calibre 9mm, con sus respectivos cargadores y cartuchos; un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas, un adaptador de luz y láser.

Durante la diligencia Durán Bocanegra manifestó que no tenía permisos para mantener ese material y fue capturada en situación de flagrancia por la Policía Nacional.

En el lugar también había 4.844 dólares, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y estupefacientes.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a la mujer el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Los cargos no fueron aceptados y un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las investigaciones de la Fiscalía continúan para establecer la posible participación de la creadora de contenido en otros hechos delictivos, así como el origen y destinación de los elementos encontrados.

*El exfuncionario realizaba transferencias a su cuenta personal coincidiendo con el pago de su salario. Las operaciones carecían de soportes que justificaran el giro de los recursos.

Los movimientos de dinero desde las cuentas de la Asamblea Departamental de Amazonas hacia una cuenta personal, sin soportes que sustentaran las transacciones, permitieron identificar la presunta apropiación de recursos públicos por parte del exsecretario general de la corporación, Luis Antonio Rocha Santos.

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación indican que, entre mayo y diciembre de 2025, el exfuncionario aprovechó el acceso que tenía por su cargo para realizar los giros.

Para evitar ser detectado, habría movido los recursos de manera irregular coincidiendo con la consignación de su salario mensual.

De esta manera, al parecer, se apropió de 1.254 millones de pesos del erario departamental.

Las evidencias dan cuenta de que las primeras transferencias fueron por montos cercanos a los 5 millones de pesos y posteriormente alcanzaron sumas de hasta 17 millones.

El análisis criminal estratégico, el uso de herramientas tecnológicas y el trabajo contable de peritos expertos permitieron conocer que las operaciones no tenían contratos, cuentas de cobro, comprobantes de egreso, resoluciones, obligaciones presupuestales, documentos contables ni actos administrativos que las justificaran.

Por estos hechos, el exfuncionario fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional en el aeropuerto internacional de Leticia, cuando llegó en un vuelo procedente de Bogotá. Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Amazonas le imputó el delito de peculado por apropiación agravado.

Rocha Santos aceptó de manera libre y voluntaria el cargo.