*El procesado, quien se encuentra actualmente condenado por otro proceso relacionado con delitos sexuales, habría aprovechado su condición de mototaxista para agredir a las víctimas.

La Fiscalía General de la Nación identificó a un señalado abusador sexual en serie en Montería (Córdoba), que entre 2019 y 2024 habría sometido a vejámenes sexuales a nueve mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 24 años.

De acuerdo con la investigación, Kevin Andrés Caro Vásquez, al parecer, aprovechó su actividad como mototaxista para acercarse a las víctimas cuando esperaban transporte.

Una vez iniciaban el recorrido, les decía que debía recoger medicamentos o encomiendas y, con ese argumento, desviaba la ruta.

Así, presuntamente, las llevaba hasta zonas boscosas y apartadas, entre estas las lagunas de oxidación cercanas al sector del Rancho del INAT, el Humedal Berlín y los barrios El Poblado y El Dorado. En estos lugares habría cometido las agresiones sexuales.

Los nueve casos fueron relacionados a partir de muestras de ADN, entrevistas, testimonios, informes médicos, videos y fotografías, entre otros elementos materiales probatorios recopilados durante las labores investigativas.

Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Córdoba le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. Los cargos no fueron aceptados.

Este hombre se encuentra actualmente privado de la libertad en cumplimiento de una condena de 16 años de prisión por hechos relacionados con delitos sexuales.

*Los activos, avaluados en más de 22.118 millones de pesos, corresponden a 34 inmuebles, seis vehículos, una sociedad y tres establecimientos de comercio, ubicados en cinco departamentos del país.

En desarrollo de un proceso de extinción de dominio, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 44 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de ‘Los del Dorado’, un grupo delincuencial señalado de participar en la producción de cocaína y su posterior envío hacia Estados Unidos y países de Centroamérica.

Las propiedades están representadas en 34 inmuebles, 17 rurales y 17 urbanos, 6 vehículos, 3 establecimientos de comercio y una sociedad, localizados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander.

La investigación, adelantada de manera articulada entre la Delegada para las Finanzas Criminales y la DIJIN de la Policía Nacional, con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, da cuenta de que la estructura delictiva afectada obtenía pasta base de coca en Nariño, la cual era ocultada en vehículos de carga, trasladada hasta laboratorios clandestinos ubicados en zona rural de Puerto Triunfo (Antioquia) y transformada en clorhidrato de cocaína.
Luego, los cargamentos de estupefacientes eran camuflados en camiones que transportaban ganado, arena, escombros y materiales de construcción, amparados con la respectiva documentación comercial, y movilizados hacia el Caribe colombiano para coordinar su salida marítima a destinos internacionales.

Paralelamente, la organización ilegal presuntamente adquiría bienes con recursos provenientes del narcotráfico y los registraba a nombre de terceros, con el fin de ocultar su verdadero origen.

*La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, suscribieron un acuerdo para la constitución de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que permitirá fortalecer la investigación de delitos transnacionales.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Ministerio Público de República Dominicana fortalecieron sus mecanismos de cooperación jurídica internacional con la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que permitirá coordinar actuaciones y avanzar de manera articulada contra organizaciones dedicadas a la criminalidad transnacional.

El acuerdo fue suscrito por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El mecanismo se establece en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Palermo, y permitirá fortalecer especialmente las investigaciones relacionadas con trata de personas con fines de explotación sexual, además de otros delitos como los económicos y la corrupción.

Durante el acto de firma, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, destacó que los delitos transnacionales requieren respuestas coordinadas entre las autoridades de los países afectados. “En delitos transnacionales la lucha tiene que ser a través de instrumentos como este, que nos permitan hacer un intercambio ordenado e informado; un instrumento que nos permita contar con investigación aquí y allá, pero también desarrollar programas conjuntos de investigación”, señaló.

A su vez, la fiscal general resaltó la importancia de fortalecer la persecución de las finanzas criminales, teniendo en cuenta que las organizaciones dedicadas a la trata de personas requieren recursos para facilitar el traslado y explotación de sus víctimas entre diferentes países. Por su parte, la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, destacó que este acuerdo representa un compromiso de ambos países para fortalecer una cooperación oportuna y efectiva frente a la delincuencia organizada.

“La trata de personas es un delito de alta prioridad para nuestra gestión”, afirmó Reynoso, quien señaló que este fenómeno atenta contra la dignidad humana y requiere una respuesta integral de las autoridades. Un mecanismo para enfrentar la criminalidad transnacional El ECI permitirá el intercambio directo de información, evidencia física y elementos materiales probatorios, así como la coordinación de actuaciones investigativas y medidas procesales, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos de Colombia y República Dominicana.

De esta manera, ambos países podrán conformar equipos para atender casos concretos y compartir metodologías y experiencias que contribuyan al esclarecimiento de hechos y la judicialización de los responsables. Este es el Equipo Conjunto de Investigación número 13 creado por Colombia en estos últimos años con países signatarios de la Convención de Palermo. Con este acuerdo, la Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación jurídica internacional y sumar capacidades con autoridades de otros países para enfrentar las estructuras de criminalidad organizada que trascienden las fronteras.