*Francisco Javier Estupiñán Bravo era el representante de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, empresa que debía entregar 40 carrotanques para La Guajira.

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Francisco Javier Estupiñán Bravo por el escándalo de corrupción de la UNGRD y ajustó su pena a nueve años, 11 meses y 27 días de prisión.

Fue encontrado responsable de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, así como interés indebido en la celebración de contratos.

Estupiñán Bravo era el representante de la Corporación Mixta Integral Yapurutú e intervino en el direccionamiento y la adjudicación de una orden de proveeduría en la UNGRD en favor de Yapurutú.

La orden era por 29 mil millones de pesos y tenía como objeto el suministro de 40 carrotanques para atender a la comunidad en La Guajira.

Estupiñán Bravo anexó una certificación que garantizaba la disponibilidad y entrega inmediata de los vehículos, información que no correspondía a la realidad. Con base en esos documentos, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 el procesado, junto con otros intervinientes, tramitó desembolsos por 25.375 millones de pesos, pese a que los carrotanques permanecían en etapa de ensamblaje.

Durante este proceso contractual se presentaron sobrecostos por 11.114 millones de pesos. De este monto, el procesado y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de 4.330 millones de pesos y favorecieron a terceros para que se quedaran con 6.784 millones de pesos adicionales.

El condenado también fue inhabilitado por 119,9 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas, además, fue multado con 5.500 millones de pesos por los dineros apropiados, así como otra por 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otra parte, un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad celebrado entre Estupiñán Bravo y la Fiscalía, en el que el procesado se comprometió a aportar información de otros intervinientes en los hechos de corrupción de la UNGRD.

Con esta colaboración, cesa de manera parcial la acción penal por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado por eso y falsedad de documento privado.

*Es responsable de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a la pena de 9 años y 4 meses de prisión a Ederlides Alfonso Gutiérrez Manga, exsecretario de planeación de Sitionuevo, Magdalena, responsable de varias irregularidades en la suscripción de 14 contratos de mínima cuantía en 2012.

Un fiscal de la Seccional Magdalena demostró que Gutiérrez Manga es responsable de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la investigación, entre el 1 de enero y el 4 de abril de 2012, Gutiérrez Manga, en su condición de secretario de Planeación e interventor, participó en la tramitación y liquidación irregular de 14 contratos de obra.

El entonces secretario de planeación elaboró estudios previos y suscribió actas de inicio, terminación e informes de interventoría que daban apariencia de legalidad y cumplimiento a obras y actividades que no fueron ejecutadas.

Además, se comprobó la falta de publicación de la etapa precontractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), así como la ausencia de requisitos legales esenciales. Con estas actuaciones se facilitó la apropiación de recursos públicos en favor de terceros y se ocasionó una afectación patrimonial de $157.719.166 al municipio.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura. Actualmente, Gutiérrez Manga cumple su condena en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta.

*El Juzgado Quinto Penal del Circuito de la capital del Cesar halló culpable del delito de concusión al expatrullero Juan Carlos López Daza.

A una pena de 96 meses de prisión (8 años) fue condenado en primera instancia el expatrullero de la Policía Nacional Juan Carlos López Daza, tras ser hallado responsable del delito de concusión.

La decisión fue proferida por el juez Andrés Alberto Palencia Fajardo, titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, luego de valorar de manera integral el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación en el juicio oral.

Los hechos se remontan al 20 de junio de 2016, cuando la víctima fue abordada por dos uniformados en la capital del Cesar y conducida hasta las instalaciones del CAI Garupal.

En el lugar, los funcionarios le advirtieron sobre una supuesta judicialización por irregularidades con la motocicleta en la que se movilizaba.

Según la tesis del ente investigador respaldada por el despacho, los agentes le exigieron al ciudadano la suma de $300.000 para evitar la inmovilización del vehículo y el trámite judicial.

La víctima entregó una parte de la cifra en efectivo y completó el saldo exigido realizando un retiro en un cajero automático esa misma jornada.