*El solicitado habría solicitado el dinero en dos oportunidades, asegurando que podía favorecer a la aspirante con mil votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería (Córdoba), por presuntamente exigir 100 millones de pesos a una candidata al Congreso de la República a cambio de favorecerla con mil votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

De acuerdo con la investigación, el 25 de febrero el procesado contactó telefónicamente a la aspirante y concertó una reunión en su residencia, donde presuntamente le exigió el dinero.

Días después, durante un nuevo encuentro en una cafetería de Montería, habría reiterado la solicitud y asegurado que tenía la capacidad para manipular los resultados electorales y favorecerla con los votos ofrecidos.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de concusión. El cargo no fue aceptado.

*Este hombre fue declarado responsable de los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, las dos conductas agravadas.

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de
conocimiento condenó a 30 años de prisión a Giovanny Vega Blanco, entrenador de atletismo que agredió sexualmente a siete menores de edad en hechos ocurridos en Bucaramanga (Santander) entre 2014 y 2022.

Las deportistas, de edad entre los 15 y 17 años, pertenecían al club deportivo dirigido por el hoy condenado, y fueron sometidas a múltiples vejámenes de carácter sexual mientras se encontraban en proceso de formación deportiva bajo su dirección, con la expectativa de alcanzar reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Las menores de edad, quienes en su mayoría se encontraban en condición de
vulnerabilidad, también fueron víctimas de abuso psicológico y verbal. Según la
investigación, este hombre las sometía a expresiones humillantes y descalificantes que les generaron graves afectaciones psicológicas.

La Fiscalía estableció que Vega Blanco se valió de su condición de formador y cuidador de las víctimas, así como de su trayectoria deportiva, para intimidarlas y evitar que denunciaran los hechos.

Por lo anterior, fue declarado responsable de los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambas conductas agravadas.

En la decisión, el juez lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

*Los procesados habrían cumplido funciones de inteligencia, logística y planeación de atentados, además de apoyar actividades de extorsión.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Júnior José Redín Segura, Pablo Andrés Mosquera Ramírez, Jenny Marilín Cepeda Cortés y Julián Esteban Burbano Burbano, presuntos integrantes de la estructura Franco Benavides del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en la planeación y ejecución de acciones terroristas en Pasto (Nariño).

De acuerdo con la investigación, desde 2025 habrían integrado esta estructura armada ilegal, con injerencia en Nariño y Valle del Cauca, dedicada al narcotráfico, las extorsiones, los homicidios selectivos y los atentados terroristas.

Los elementos materiales probatorios indican que Mosquera Ramírez y Cepeda Cortés habrían participado en la coordinación del atentado con explosivos contra la sede de una emisora radial, perpetrado el 25 de noviembre de 2025 en el centro de Pasto.

Al parecer, asistieron a las reuniones en las que se planeó el ataque y coordinaron la entrega del artefacto explosivo.

Redín Segura y Burbano Burbano, por su parte, presuntamente cumplían funciones permanentes de inteligencia, coordinación y planeación de ataques con explosivos.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión, y terrorismo.

Ninguno aceptó los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.