*Las autoridades activaron un plan de prevención ante la convocatoria de movilizaciones prevista para este 14 de julio en el Norte y Nordeste del departamento.

La Gobernación de Antioquia confirmó que adelanta acciones preventivas ante el anuncio de una protesta convocada por sectores mineros que comenzaría este martes 14 de julio, especialmente en municipios del Norte y Nordeste antioqueño, donde se ubican varias centrales hidroeléctricas estratégicas para el país.

El pronunciamiento se conoce días después de que EPM advirtiera sobre información recibida respecto a posibles bloqueos que podrían afectar el acceso a las centrales Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras, infraestructura que aporta cerca del 16 % de la energía que consume Colombia.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, explicó que las autoridades realizaron un consejo de seguridad para anticiparse a cualquier alteración del orden público y proteger la infraestructura crítica del sistema energético.

“No nos podemos dejar coger desprevenidos”, afirmó el funcionario, al señalar que el Ejército, la Policía y la Fiscalía ya coordinan las acciones operativas para responder ante cualquier eventualidad. Agregó que las estrategias específicas no serán reveladas por razones de seguridad.

Martínez indicó que la preocupación surge por antecedentes recientes en los que, tras operativos contra la minería ilegal, se han presentado bloqueos de vías, quema de vehículos y otras acciones violentas, como ocurrió en los últimos días en municipios del Nordeste antioqueño.

El secretario sostuvo que la minería ilegal continúa siendo una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y aseguró que estas organizaciones buscan mantener el control de economías ilícitas como la extracción ilegal de oro, el narcotráfico y la extorsión.

Además, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las operaciones permanentes contra estos grupos mediante mayores capacidades de inteligencia, policía judicial y unidades especiales, con el fin de atacar de manera estructural las organizaciones criminales que operan en el departamento.

El municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño, fue epicentro este domingo de una intensa jornada de alteraciones del orden público que se prolongó por varias horas.

En medio de las protestas relacionadas con operativos contra la minería ilegal, las autoridades reportaron una persona fallecida, dos lesionadas y la quema de seis vehículos, entre ellos motocicletas, camionetas y una volqueta.

Según informó la Gobernación de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón atribuyó los hechos al presunto accionar del Clan del Golfo, señalando que la organización estaría detrás de los disturbios como respuesta a recientes operativos de la Fuerza Pública. Estas afirmaciones corresponden a la versión oficial entregada por el mandatario departamental.

Tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades anunciaron nuevas medidas para recuperar el control del municipio, entre ellas restricciones a la movilidad, el refuerzo del pie de fuerza con unidades especializadas de la Policía y el despliegue del Ejército para intervenir los bloqueos que permanecían en las principales vías de acceso al referido municipio antioqueño.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, más de dos décadas después de que desaparecieran durante el conflicto armado, informó este sábado la entidad.

La JEP explicó que los cuerpos fueron ubicados en zonas rurales del corregimiento de San José de Apartadó, «gracias a información suministrada por integrantes de las extintas FARC en versiones voluntarias y diligencias judiciales realizadas dentro del Caso 04», que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto en la subregión de Urabá.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción.

Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF).

Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.

La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.