Una bocamina ubicada a más de 3.000 metros de altura, en pleno páramo de Santurbán, quedó registrada por primera vez en una fotografía que confirma el avance de la minería ilegal de oro sobre uno de los ecosistemas más estratégicos del país, del que dependen más de dos millones de habitantes de Santander y Norte de Santander para su abastecimiento de agua.

La imagen fue tomada en el municipio de California, epicentro de una explotación que en los últimos siete años ha dejado sin buena parte de su vegetación a una montaña de aproximadamente 300 hectáreas.

Allí, más de 200 bocas de entrada dan acceso a socavones que originalmente abrieron mineros de tradición en la región, pero que hoy también operan foráneos de otras zonas de Santander, Norte de Santander, Antioquia y varios migrantes, atraídos por lo que se conoce como la «fiebre del oro».

El negocio, pese a ser ilegal, mueve cifras que rondan los miles de millones de pesos. Un estudio de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), realizado hace dos años, estimó en cerca de 26.000 millones de pesos las utilidades mensuales que deja esta actividad en la provincia de Soto Norte.

Se pudo constatar, además, que un solo socavón llegó a producir hasta 10 kilos de oro en apenas una semana, un volumen que, al precio actual del gramo —444.108 pesos—, equivaldría a ganancias cercanas a los 4.441 millones de pesos por un trabajo de días.

No existen registros oficiales de estas cifras justamente por tratarse de minería no autorizada, que además avanza sin ningún control por parte de entidades como el Ministerio de Ambiente o la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Llegar hasta las minas implica recorrer unos 12 kilómetros desde el casco urbano de California por una vía angosta y en mal estado, que se vuelve peligrosa con las lluvias frecuentes de un terreno que supera los 2.300 metros de altura. Motocicletas van y vienen por esa carretera a cualquier hora del día —también de madrugada—, y no es extraño encontrar hasta 15 de ellas estacionadas cerca de los socavones. Sus conductores suelen cubrirse del frío con ruanas, sacos gruesos y pasamontañas; entre ellos, según pobladores de la zona, cada vez hay más menores de edad que se aventuran a extraer oro.

La situación ocurre en medio de un proceso de delimitación del páramo que lleva nueve años sin concluir, ordenado por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-361 tras determinar que el trazado anterior no tuvo suficiente participación comunitaria. El nuevo ejercicio exige que los 40 municipios de Santander y Norte de Santander con influencia sobre Santurbán suscriban acuerdos individuales, insumo con el que luego el Ministerio de Ambiente deberá construir una resolución única.

En esa hoja de ruta, la semana pasada se cumplió una mesa de concertación en Bucaramanga y el 18 de julio está programada otra en la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Mientras avanza ese trámite, rige desde marzo de 2025 una protección temporal: mediante la Resolución 0221, el Ministerio de Ambiente vetó por dos años —prorrogables por dos más— la extracción de oro y plata en 75.000 hectáreas de Soto Norte, incluida Bucaramanga.

La medida, sin embargo, convive con 57 títulos mineros vigentes de pequeña, mediana y gran minería que, según la Agencia Nacional de Minería, cubren 23.929 hectáreas dentro de esa misma zona protegida, equivalentes al 31,5 % del área total.

Los siete municipios incluidos en la reserva son Matanza (22.659 hectáreas), Suratá (25.871 hectáreas), Tona (5.884 hectáreas), Charta (11.283 hectáreas), Bucaramanga (4.925 hectáreas), California (3.496 hectáreas) y Vetas (1.890 hectáreas).

A la ecuación se suma la presencia de Aris Mining, empresa canadiense y principal accionista del proyecto Soto Norte, que ha insistido en que no realiza ninguna actividad minera en la actualidad, pues no tiene proyectos radicados ante el Gobierno nacional, y recordó que la Zona de Reserva Temporal prohíbe cualquier tipo de extracción mientras esté vigente.