*Por estos hechos, la Fiscalía ya imputó cargos a nueve personas señaladas de integrar la estructura investigada.

La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación contra la Indira Luz Barrios, exgobernadora de Arauca, por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Las investigaciones se relacionan con obras de protección, alcantarillado pluvial y adecuación del relleno sanitario Brisas del Cravo, desarrolladas en los municipios de Arauca y Tame. Según la Fiscalía, las iniciativas superaron los 91.542 millones de pesos.

De acuerdo con el ente acusador, durante su administración habría sido designada como ejecutora la Asociación Regional de Municipios del Caribe, AREMCA, pese a que presuntamente no cumplía con los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos exigidos para administrar recursos provenientes de regalías.

El caso hace parte de una investigación más amplia sobre un presunto entramado de corrupción que, según la Fiscalía, habría utilizado figuras asociativas de municipios para direccionar contratos financiados con dineros públicos del Sistema General de Regalías.

Por estos hechos, la Fiscalía ya imputó cargos a nueve personas señaladas de integrar la estructura investigada. El ente acusador sostiene que, a través de este esquema, habrían sido direccionados aproximadamente 101 proyectos por una cuantía superior a los 496.000 millones de pesos.

*El inmueble fue adquirido mediante la intimidación armada y el desplazamiento masivo de comunidades afrodescendientes e indígenas por parte de los grupos paramilitares, y utilizado para impulsar cultivos de palma de aceite en la región del Bajo Atrato.

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Persecución de Bienes, entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas un predio ubicado en zona rural de Santa Marta (Magdalena), que haría parte del patrimonio de Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, condenados por nexos con algunos de los cabecillas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Vicente Castaño Gil.

El inmueble, avaluado preliminarmente en 17.000 millones de pesos, estaba a nombre de una sociedad constituida inicialmente por los hermanos Zúñiga Caballero, y su origen tendría relación con las actividades ilícitas que se les atribuyeron.

De acuerdo con las evidencias obtenidas, las estructuras paramilitares con injerencia en Chocó intimidaron y desplazaron de manera forzada a las comunidades indígenas y afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, y de otras zonas de la región del Bajo Atrato, las despojaron de sus tierras y permitieron que empresarios, como los hermanos Zúñiga Caballero, desarrollaran proyectos agroindustriales de palma.

Por petición de la Fiscalía y en atención a los argumentos presentados, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el bien identificado.

En ese sentido, pasa a contribuir a los procesos de reparación integral de las personas afectadas por el conflicto armado.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a un hombre de 60 años, señalado de abusar sexualmente de sus cinco hijas, dos sobrinas y una nieta en zonas rurales de Fresno y Rovira (Tolima), y en Bogotá.

Los hechos investigados comenzaron en 1998 y se prolongaron hasta 2024. Durante este tiempo habría ejercido diversos actos en contra de la formación y libertad sexual de ocho de sus familiares menores de edad, consolidando un patrón delictivo sistemático.

Las evidencias indican que la primera víctima fue su hija mayor, quien presuntamente fue sometida a distintos vejámenes entre los 7 y 12 años. Este comportamiento se repitió con sus otras hijas en fincas de Fresno y Rovira.

En todos los casos, al parecer, aprovechó la ausencia de su esposa para cometer los abusos; y posteriormente, ejerció amenazas de muerte contra las menores de edad para evitar que lo denunciaran.

Adicionalmente, se conoció que el hombre también habría intimidado y golpeado a su pareja porque se enteró de las agresiones sexuales perpetradas contra sus familiares durante más de dos décadas.

Por todo lo anterior, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, materializaron una orden de captura en su contra en diligencia realizada en Fresno. Entre tanto, una fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y violencia intrafamiliar, las tres conductas en modalidad agravada, e incesto.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.