Las pruebas presentas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de conocimiento condenara a 42 años y 8 meses de prisión a un hombre, responsable de asesinar a su compañera sentimental en Repelón (Atlántico).

La investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Atlántico demostró que el
hombre en la madrugada del 15 de octubre de 2024, en una vivienda del barrio Porvenir ahorcó a la víctima causándole la muerte.

Posteriormente, envolvió en cuerpo en una sábana y lo ocultó bajo la cama, después huyó del lugar en una motocicleta.

En ese sentido fue declarado responsable del delito de feminicidio agravado.

El hombre de 48 años, fue capturado el 22 de octubre de 2024, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y permanece privado de la libertad desde ese momento.

Esta decisión es de primera instancia y frente a ella proceden los recursos de ley.

*William Guerrero Gil coordinó y facilitó la incursión armada en la que cinco jóvenes fueron asesinados y otros dos resultaron heridos.

En atención a las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento condenó a 60 años de prisión a William Guerrero Gil, comobdeterminador de una acción armada de las disidencias de las Farc que dejó cinco jóvenes muertos y dos más heridos en una finca de la vereda Cerro Rico, en Guadalajara de Buga.

El hoy sentenciado, quien para la época trabajaba como conductor de un empresario, contactó a integrantes del frente Adán Izquierdo del grupo armado ilegal, les propuso secuestrar al hijo de su jefe y exigir dinero por la liberación. Para concretar el plan criminal entregó planos, fotografías e indicaciones del lugar en el que residían, y les indicó la suma que podían pedir.

Una estructura armada recibió la instrucción de ejecutar la retención; sin embargo, al ingresar a la finca dispararon indiscriminadamente contra un grupo de adolescentes que departía en el lugar.

Por estos hechos, Guerrero Gil fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Además, fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por 20 años.

Esta es la tercera persona condenada por este crimen. Anteriormente, fueron sentenciados Jhon Jaime Ramírez, alias JJ; y Diego Fernando Rivas Suleta, alias Simón, a más de 31 años de prisión.

Esta decisión es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

*Los crímenes ocurrieron entre 2024 y 2026. Estarían relacionados con disputas violentas por el control de las rentas ilícitas y corresponderían a un método de amedrantamiento a la población civil.

Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión de una ola de homicidios ocurridos durante los dos últimos años en Bucaramanga (Santander) y su área metropolitana, pusieron en evidencia a una red sicarial al servicio del grupo delincuencial ‘Tren de Aragua’.

En una labor articulada con la Policía Nacional fueron identificados y capturados 18 de los posibles integrantes de la estructura criminal, quienes estarían implicados directamente en 26 asesinatos.

Uno de los eventos delictivos que se les atribuye sucedió el 25 de octubre de 2025, en el barrio Villa Esperanza, en Floridablanca. Tres personas murieron y una resultó herida en medio de un ataque con armas de fuego. El señalado determinador de esta y otras acciones violentas sería Brayan Alejandro Javier Peña, presunto cabecilla de la red ilegal.

Los elementos materiales probatorios indican que los demás detenidos serían los responsables de ejecutar los homicidios, cumplir actividades logísticas, de apoyo y vigilancia, entre otros roles. Asimismo, permitieron conocer que los crímenes tendrían relación con una disputa violenta por el control del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas, y corresponderían a un método de amedrantamiento a la población civil de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta (Santander).

Una fiscal de la Seccional Santander presentó a las 18 personas capturadas ante un juez penal de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.