*Es señalado de intervenir ilegalmente para gestionar la ampliación de una licencia de construcción.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que vinculan al alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, a posibles actos de corrupción relacionados con la exigencia de dinero y otros beneficios para facilitar los trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario.

Inicialmente, el 8 de junio de 2025, el mandatario habría exigido a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona en específico para que brindara asesoría para gestionar varios permisos y otros requerimientos administrativos.

Posteriormente, al parecer, pidió aumentar la asignación salarial para su referido, quien laboró durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, el 4 de marzo de 2026, Gamboa Chaparro presuntamente solicitó a la empresaria, a través de mensajes de voz, 112 millones de pesos que correspondían al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción. Luego, mediante una llamada telefónica, retiró esa pretensión.

Dos días después, el 6 de marzo, el alcalde expidió una resolución, pese a encontrarse en un posible conflicto de intereses, que sería una retaliación y presión ante la negativa de la empresaria de acceder a sus peticiones económicas. Situación que se configuró en una desviación del poder.

Como consecuencia de su determinación, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción.

Asimismo, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio

*El exmandatario habría direccionado un contrato que tenía por objeto la adquisición de elementos para poner en funcionamiento el proyecto orientado mejorar la planificación del servicio de policía en el departamento.

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta responsabilidad del exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, en las irregularidades detectadas en el trámite y celebración de un contrato suscrito en diciembre de 2015, que tenía por objeto la adquisición de elementos electrónicos para la creación de un Centro de Información Estratégico Policial Seccional (CIEPS).

El proyecto, que ascendió en valor a 228 millones de pesos, habría sido direccionado a un único proponente que no cumplía los requerimientos contractuales del proceso ni los requisitos esenciales de ley.

Posteriormente, durante la fase de ejecución, se estableció que el contratista entregó 8 de los 30 equipos previstos para dotar la sala policial.

En su momento, se constató que no reunían las condiciones técnicas y fueron retornados, sin que el proveedor los repusiera y entregara la totalidad de lo acordado.

De esta manera, el entonces gobernador, al parecer, permitió que el contratista se apropiara de manera indebida de la totalidad de los dineros de la iniciativa. Recursos que provenían del Fondo de Solidaridad Departamental.

En ese sentido, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador Rodríguez Celis los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, en concurso heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Los cargos no fueron aceptados.

Las pruebas presentas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de conocimiento condenara a 42 años y 8 meses de prisión a un hombre, responsable de asesinar a su compañera sentimental en Repelón (Atlántico).

La investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Atlántico demostró que el
hombre en la madrugada del 15 de octubre de 2024, en una vivienda del barrio Porvenir ahorcó a la víctima causándole la muerte.

Posteriormente, envolvió en cuerpo en una sábana y lo ocultó bajo la cama, después huyó del lugar en una motocicleta.

En ese sentido fue declarado responsable del delito de feminicidio agravado.

El hombre de 48 años, fue capturado el 22 de octubre de 2024, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y permanece privado de la libertad desde ese momento.

Esta decisión es de primera instancia y frente a ella proceden los recursos de ley.