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Fiscalía

Fiscalía adopta lineamientos para investigar amenazas y crímenes contra los periodistas

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*Las directrices buscan acelerar y fortalecer las investigaciones homicidios, intimidaciones y otras agresiones vinculadas con el ejercicio de su labor informativa.

La Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución 00119 de 2026, la cual establece lineamientos para orientar la investigación de los crímenes y amenazas cometidos contra
periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación.

Esta decisión fortalece la respuesta institucional respecto a las agresiones contra la prensa, al incorporar estándares más rigurosos, oportunos y con enfoque diferencial, en
reconocimiento del papel esencial que cumple el periodismo en la sociedad.

Las expresiones de violencia contra periodistas, además de afectar a las víctimas de manera individual, impactan directamente el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público.

En ese sentido, el acto administrativo dispone que las investigaciones deben desarrollarse con una comprensión amplia del contexto, considerando tanto la agresión sufrida por el periodista como los hechos que este venía denunciando o verificando en ejercicio de su labor, con el fin de identificar posibles móviles relacionados con censura o retaliación por poner en evidencia intereses ilícitos.

La Resolución 00119 de 2026, fija un estándar de debida diligencia reforzada para que los fiscales actúen con celeridad, de manera exhaustiva y con rigor técnico, evitando dilaciones injustificadas y garantizando la recolección, preservación y análisis integral de las pruebas.

Asimismo, introduce medidas específicas para casos que impliquen riesgo actual o inminente para la vida, la integridad o el ejercicio periodístico, en los que se deberá priorizar la protección de la víctima, la verificación inmediata del riesgo y la activación de mecanismos de protección o que prevengan nuevas agresiones.

De igual manera, incorpora un enfoque diferencial que permite reconocer la condición de periodista a partir del ejercicio real de la labor informativa, sin exigir acreditaciones formales, incluyendo a quienes desarrollan su trabajo en entornos digitales. Con esta perspectiva, cada caso será analizado teniendo en cuenta el posible efecto de amedrentamiento o autocensura, así como su impacto en la circulación de información de interés público.

En materia operativa, se fortalecen los procesos de recepción, registro y enrutamiento de denuncias, con el propósito de garantizar una adecuada identificación de la condición de la víctima y del nexo entre los hechos denunciados y su actividad periodística.

Igualmente, se promueve la articulación entre las distintas dependencias y direcciones especializadas de la entidad, facilitando el intercambio de información, el análisis conjunto de los casos y la identificación de patrones criminales, y así evitar la fragmentación de las investigaciones y mejorar la efectividad en la respuesta.

De manera complementaria, fija un canal permanente de interlocución con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, lo que permitirá fortalecer la prevención, el acompañamiento a las víctimas y la obtención de información relevante para las investigaciones.

También se prevé la puesta en marcha de planes de capacitación dirigidos a fiscales y servidores encargados de la recepción de denuncias.

Fiscalía

Imputan a un hombre señalado del desplazamiento de una pareja en Medellín

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*El procesado haría parte del grupo delincuencial ‘Caicedo’ y estaría implicado en el cobro de extorsiones, distribución de estupefacientes y comercialización ilegal de predios.

Bailar en una fiesta con la compañera sentimental de un integrante del grupo delincuencial ‘Caicedo’ habría desencadenado agresiones y amenazas contra un hombre, quien fue obligado a abandonar su lugar de residencia junto con su pareja en Medellín (Antioquia).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Edison Pino Beitar estaría implicado en las intimidaciones y el desplazamiento forzado ocurridos entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024, en el barrio Cándamo, sector de Buenos Aires.

La víctima fue golpeada en varias ocasiones y le exigieron un millón de pesos, en retaliación por bailar con la novia de uno de los miembros de ‘Caicedo’.

Pino Beitar haría parte de la organización ilegal desde enero de 2024 y sería el encargado del cobro de extorsiones a comerciantes, de imponer multas a habitantes que incumplían las restricciones impuestas por la estructura y de la distribución de estupefacientes en las comunas 8 (Villahermosa), 9 (Buenos Aires) y 10 (La Candelaria).

Adicionalmente, se le atribuye la comercialización ilegal de lotes y de solicitar dinero por la conexión irregular de servicios públicos domiciliarios.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor, y desplazamiento forzado,
como coautor.

Pino Beitar no aceptó los cargos y un juez de control de garantías lo afectó con medida de aseguramiento en centro carcelario.

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En falsos puestos de control «Los Mimos» secuestraban a transportadores para robar sus camiones

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*Los vehículos hurtados en carreteras de Tolima eran desmantelados y sus partes comercializadas de manera ilegal de Bogotá. 

Conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego eran utilizados para simular puestos de control y retener a transportadores de carga en corredores viales entre Natagaima y El Espinal (Tolima). Los presuntos responsables serían ‘Los Mimos’, una organización delincuencial a la que la Fiscalía General de la Nación le atribuye el hurto de cinco camiones y otros bienes por más de 1.300 millones de pesos.

Producto de las denuncias recibidas y las actividades de policía judicial realizadas fueron agrupados cinco casos ocurridos entre agosto de 2024 y marzo de 2026, que guardan relación en las circunstancias en las que sucedieron. En los eventos ilegales conocidos los conductores fueron intimidados y trasladados a zonas boscosas, donde permanecieron privados de la libertad mientras les hurtaban los automotores, las mercancías y sus pertenencias.

Para impedir la localización, la estructura empleaba inhibidores de señal que bloqueaban los sistemas GPS. Posteriormente, los vehículos eran desmantelados y las autopartes comercializadas en Bogotá. Uno de los hechos documentados se presentó el 7 de agosto de 2024, en la vía entre Neiva y Castilla, a la altura de Natagaima. Un conductor y su hijo menor de edad fueron retenidos durante tres horas mientras les arrebataban los artículos de valor y se llevaban el vehículo.

En diligencias realizadas por la Policía Nacional fueron capturados 10 de los señalados integrantes de ‘Los Mimos’, en Bogotá y Natagaima. Entre ellos está el señalado cabecilla, Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias Vacatuca; y Wlliam Arnulfo Matiz Díaz, alias Lápiz, quien sería el encargado de coordinar la instalación de los retenes ilícitos y las actividades posteriores a los hurtos.

Los demás, al parecer, identificaban a las víctimas, las secuestraban, se apropiaban de sus bienes y facilitaban el desguace de los automotores y el ocultamiento de las piezas. Una fiscal de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple. Los procesados no aceptaron los cargos. Ocho deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario y dos en su lugar de residencia.

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Fiscalía fortalece acercamiento institucional con la embajada de Canadá para impulsar cooperación judicial

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La Fiscalía General de la Nación a través de la Seccional Atlántico consolidó la relación de cooperación y articulación institucional con la Embajada de Canadá en Colombia, durante un encuentro orientado al intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de las capacidades investigativas y la búsqueda de estrategias conjuntas frente a los desafíos de seguridad y criminalidad en el territorio.

La reunión, que se desarrolló en la sede de la Fiscalía en Barranquilla en la Torre Manzur, contó con la participación del director de la Seccional Atlántico, Romel Arévalo; la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams y el consejero de Asuntos Políticos, Económicos y Públicos de esa misión diplomática, Patrice Laquerre.

Durante el encuentro se abordaron diferentes asuntos de interés como la identificación de dinámicas de criminalidad organizada, las finanzas criminales y los delitos que más afectan a la ciudadana.

Asimismo, se planteó la posibilidad de fortalecer los conocimientos y capacidades especializadas de los equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional, particularmente en materia de delitos informáticos y técnicas de investigación.

“Uno de los principales temas de la agenda fue el fortalecimiento de los programas de justicia restaurativa, campo en el que Canadá cuenta con una amplia experiencia.

En ese sentido, la delegación diplomática manifestó su disposición para compartir
conocimientos, experiencias y procesos de capacitación que contribuyan a fortalecer la aplicación de estos mecanismos en Colombia, tanto en contextos urbanos como en comunidades rurales”, indicó el director de la Seccional Atlántico.

De igual manera, se dialogó sobre la protección de los derechos

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