En el marco del proceso por presunto fraude procesal en la Universidad Autónoma del Caribe, la fiscal 32 de Patrimonio Económico, Betzaida Guerra Martínez, radicó una respuesta técnica de 16 páginas ante el Juzgado 16 Penal del Circuito de Barranquilla para sustentar la legalidad de la orden de reintegro de Silvia Gette Ponce a la rectoría.

El documento técnico contradice la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), calificando algunos de sus argumentos como «ajenos a la verdad» y defendiendo la competencia del juez penal para restablecer derechos conculcados por un delito.

Uno de los ejes centrales de la argumentación de la fiscal Guerra radica en la naturaleza del cargo de Jorge Enrique Senior Martínez, actual rector de la institución. Mientras el Ministerio afirma que Senior fue designado directamente por dicha cartera mediante la Resolución 002081 de 2024, la Fiscalía presentó pruebas de que el rector fue elegido el 9 de marzo de 2026 por el Consejo Superior de la universidad, obteniendo 6 de 9 votos posibles.

La fiscalía resalto una contradicción en el proceder del Ministerio, señalando que en un proceso previo de tutela ante el sindicato, la cartera educativa se desligó de la elección de Senior alegando que fue un acto de autonomía universitaria ajeno a su intervención.

La posición de la Fiscalía se fundamento en la aplicación del Artículo 22 de la Ley 906 de 2004, que obliga a las autoridades judiciales a adoptar medidas para que las cosas vuelvan al estado anterior a la comisión de una conducta punible. Bajo este enfoque profesional, la fiscalía sostiene que:

Vigencia del cargo

La salida de Gette en 2013 fue producto de un fraude procesal y falsedad en documentos, lo que vicia de nulidad los actos posteriores que llevaron al nombramiento de Ramsés Vargas Lamadrid.

Situación penal superada

Silvia Gette ya cumplió la totalidad de su condena previa por abuso de confianza el 11 de julio de 2022, por lo que legalmente no posee inhabilidades vigentes para ejercer cargos administrativos.

Independencia de la vigilancia estatal

La fiscal aclara que la vigilancia especial del MEN es sobre la universidad como persona jurídica y no sobre una persona natural. El cambio de rector no anula las medidas de inspección, el plan de pagos ni el control financiero impuesto por el Estado.

Desde una perspectiva estrictamente procesal, la fiscal Guerra Martínez solicitó declarar la improcedencia de la tutela del Ministerio. Argumenta que el accionante pretende usar la acción constitucional para adelantarse al resultado de un recurso de apelación ordinario que aún está en curso, lo que desnaturaliza el carácter residual de la tutela.

La fiscalía concluye que no existe una «vía de hecho» por parte del juez de garantías, sino un cumplimiento del deber constitucional de proteger a las víctimas y garantizar que el delito no sea fuente de derechos legítimos. Según el documento aportado, el restablecimiento del derecho debe actuar como la herramienta definitiva para corregir los efectos de un fraude que ha perdurado por más de una década en la institución académica.

*Brayan Ferney Cruz Castillo, como se llama, enfrenta proceso de extradición a Colombia por cargos de terrorismo y concierto para delinquir.

En un operativo liderado por la Interpol, fue detenido en Buenos Aires el colombiano Brayan Ferney Cruz Castillo, investigado por su presunta participación en asesianto contra el senador y entonces candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025.

“El hombre quedó a disposición de la justicia federal de Argentina, a la espera del eventual proceso de extradición a Colombia”, señala el comunicado oficial.

Las autoridades precisaron que la investigación en territorio argentino estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de la provincia de Corrientes. “A partir de información oficial enviada por autoridades colombianas a través de la Gendarmería Nacional de Argentina, se investigaba desde marzo pasado el posible ingreso en Argentina de Cruz Castillo”, se lee en el documento.

De acuerdo con el reporte, la Dirección Nacional de Migraciones detectó irregularidades en su estatus.

“El fugitivo registraba un trámite en curso y se encontraba en situación irregular en el país”, indicaron las autoridades. Además, “tenía una orden de expulsión vigente, debido a que había sido detenido en Buenos Aires en una causa por robo, aunque luego había sido liberado”.

La captura se produjo cuando Cruz Castillo acudió a una citación judicial. “Fue citado a los tribunales de Buenos Aires porque había aceptado un juicio abreviado en el expediente por robo. Y allí fue nuevamente detenido”, detalla el comunicado.

Según las investigaciones, el detenido tendría vínculos con estructuras criminales.

“Bajo las órdenes de Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’, y quien tenía contacto con la Segunda Marquetalia, Brayan hizo supuestamente seguimientos a Uribe Turbay para conocer sus rutinas y su esquema de seguridad”, señalaron las autoridades.

Asimismo, se confirmó su relación con otra de las personas implicadas en el caso. Cruz era pareja de Katherine Andrea Martínez, conocida como ‘Gabriela’, quien transportó el arma con la que el sicario menor de edad asesinó a Uribe Turbay. Esta mujer fue condenada a 21 años de prisión en febrero pasado”.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión inmediata de las licencias de tres empresas tras detectar la pérdida de 393 armas de fuego que estaban bajo su custodia.

Se conoció que las compañías involucradas —Águila de Oro, Laucris Security y Helam— compartían, mediante un acuerdo de colaboración empresarial, a un mismo coordinador de activos: Elkin David Polanco Pérez, quien tenía acceso directo al armamento de las tres firmas.

Ese tipo de convenio no es permitido, lo que activó de entrada las indagaciones administrativas de la Supervigilancia.

Polanco Pérez estaba vinculado contractualmente desde el 1 de junio de 2012 y entre sus funciones tenía la custodia del armamento, control de los libros de registro, verificación del estado de las armas, mantenimiento y reporte de novedades. En la práctica, era el responsable de supervisar el inventario y garantizar su trazabilidad.

El coordinador salió a descanso el 31 de diciembre y debía reintegrarse en enero de este año, pero no volvió a responder llamadas ni requerimientos. Ante la falta de información sobre los libros de control de salidas de armas, las empresas iniciaron una verificación interna que derivó en el hallazgo más crítico: solo en Águila de Oro faltaban 275 armas, avaluadas en cerca de 550 millones de pesos.

La situación se replicó en las otras compañías. En Helam se reportó la pérdida de 104 armas y en Laucris, 14 más. En total, 393 armas cuyo paradero hoy es desconocido.