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Fiscalía

Asegurados cuatro policías por presuntas torturas a un detenido

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*La víctima fue sacada de una estación de Policía y conducida a una zona rural para presionarla a entregar una información.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el intendente Rodolfo Herrera Hernández, los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque, y la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez presuntamente sometieron a un privado de la libertad a actos de tortura con el fin de ubicar una supuesta caleta con armas y dinero.

El 9 de julio de 2025, la víctima habría sido esposada, trasladada mediante engaños desde la estación de policía de San Vicente Ferrer a una zona rural de La Ceja (Antioquia), donde le exhibieron una pica y una pala, y la amenazaron con ser sepultada en la zona sino suministraba la información que necesitaban los uniformados.

El hombre logró escapar y llegar a una finca en La Unión (Antioquia), donde recibió auxilio y fue puesto en contacto con unidades de la Dijin de la Policía Nacional, para su entrega voluntaria.

Dos días después, el 11 de julio de 2025, el intendente Herrera Hernández, en su condición de subcomandante de la estación de policía de San Vicente Ferrer, reportó a sus superiores que el privado de la libertad se había fugado durante un traslado médico.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Antioquia imputó a los policías el delito de tortura.

Adicionalmente, a Herrera Hernández le formuló cargos por falsedad ideológica en documento público. Entre tanto, un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Fiscalía

Exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, imputado por presunta corrupción

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*El contrato fue suscrito por 15.280 millones de pesos y recibió una adición de 6.500 millones. La obra permanece suspendida desde febrero de 2024.

La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado por las presuntas irregularidades detectadas en la planeación, contratación y ejecución de un proyecto para construir un colegio con énfasis agrícola en Suaita (Santander), financiado con recursos de regalías.

La investigación indica que, en marzo de 2021, el entonces mandatario autorizó la compra por 551 millones de pesos del predio destinado a la obra, pese a que presentaba condiciones que comprometían su viabilidad, como fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas por 30 años. Un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura había advertido sobre las dificultades del terreno.

Posteriormente, Aguilar Hurtado delegó la firma del contrato, que fue suscrito el 7 de diciembre de 2022 por 15.280 millones de pesos. Los estudios y diseños estarían
incompletos, no contemplaban las licencias ambientales requeridas y el presupuesto no incluía la totalidad de las obras necesarias.

Aunque el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir el costo de las modificaciones, en octubre de 2023 solicitó una adición de 6.500 millones de pesos, que fue aprobada.

Luego se efectuó un pago de 3.339 millones por la compra del lote, trabajos preliminares y movimientos de tierra.

La obra fue suspendida en febrero de 2024 y, según los elementos recopilados, lo construido tendría que ser demolido por razones ambientales. Para la Fiscalía, las irregularidades habrían ocasionado un detrimento patrimonial de 3.339 millones de pesos.

La investigación también evidenció que en el municipio ya existía una institución educativa con 10 sedes adicionales, y que no se había previsto presupuesto para una nueva planta docente ni se contaba con suficientes estudiantes para justificar el proyecto.

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Fiscalía

Capturan a 3 suboficiales señalados de sustraer armas de depósitos militares y venderlas a grupos ilegales

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*También fueron capturados dos civiles.

La Fiscalía anunció que puso al descubierto una red delincuencial señalada de extraer y comercializar ilegalmente municiones y otros elementos de uso exclusivo de la fuerza pública, mediante maniobras que habrían permitido alterar los registros y controles establecidos para la custodia del material en diferentes sedes militares.

«Con la coordinación de un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional capturaron a cinco señalados integrantes de la organización en Armenia, Ibagué, Florencia, Villavicencio y Bogotá. Se trata de tres suboficiales, uno activo y dos en retiro, y dos civiles», indicó la Fiscalía.

Así mismo fue notificado en la cárcel La Picota de Bogotá Óscar Roberto Cediel Hoyos, alias ‘Sargento García’, quien cumple una condena por tráfico de armas y sería el encargado de coordinar la actividad ilícita desde el centro carcelario.

Según la Fiscalía, la estructura contactaba a funcionarios que desempeñaban labores de almacenistas de armamento en diferentes guarniciones. Al parecer, les ofrecían dinero y otros beneficios a cambio de alterar registros, generar legalizaciones fraudulentas y facilitar la extracción de armas, municiones y componentes.

Posteriormente, estos elementos eran comercializados a diferentes grupos armados ilegales.

«Hasta el momento han sido documentados eventos delictivos en el Cantón Militar Coronel Jaime Rooke, de Ibagué, y en el Batallón de Infantería Mecanizada No. 5 ‘General José María Córdova’, en Santa Marta», indicó la Fiscalía.

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Fiscalía

Hombre hirió con un machete a su hermana por una deuda de 40 mil pesos

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El 20 de septiembre, en la manzana C casa 7 del barrio El Oasis, Santa Marta, se presentó una riña entre hermanos relacionada con una deuda de 40.000 pesos.

Durante el altercado, Gabriel Antonio Payares Bolívar habría agredido con un arma blanca a su hermana, Juana María Payares Bolívar, ocasionándole una lesión de gravedad en una de sus manos.

La víctima fue auxiliada por su hermana y su esposo, quienes la trasladaron inicialmente al puesto de salud de Bastidas y posteriormente a la Clínica Bahía, donde recibió atención médica debido a la gravedad de la lesión.

Gabriel Antonio Payares Bolívar fue capturado en flagrancia por uniformados de la Estación Bastidas y puesto a disposición de la Fiscalía 7 Seccional URI.

El caso fue tipificado como lesiones personales agravadas por circunstancias, conforme al artículo 119 del Código Penal.

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