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MinTrabajo ordena medidas inmediatas a Caracol TV al detectar presuntos riesgos de acoso sexual y laboral

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El Ministerio del Trabajo informó esta noche que como resultado de la inspección realizada el pasado 26 de marzo a Caracol Televisión, se expidió el auto No. 0010 del 7 de abril de 2026, mediante el cual se imponen medidas preventivas de ejecución inmediata a ese canal de televisión.

La medida se adoptó ante la identificación de presuntos riesgos actuales de afectación a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras

La actuación administrativa se inició después del escándalo que costó la salida en días pasados de los periodistas presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego tras múltiples denuncias de presunto acoso sexual.

Según un comunicado del MinTrabajo, la visita permitió evidenciar una brecha entre los protocolos formales de la empresa y su aplicación efectiva:

Presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, no limitadas a hechos aislados.

Subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales.

Falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador.

Deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, que comprometen la eficacia de los mecanismos internos.

Durante la visita de inspección, y posteriormente, el Ministerio del Trabajo también recibió denuncias por presuntos actos de acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo por parte de trabajadores y trabajadoras de la empresa.

Estos elementos permiten advertir la existencia de un riesgo actual de repetición de conductas y de vulneración de derechos como la dignidad humana, la igualdad y el trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunque la empresa adoptó decisiones iniciales frente a los hechos denunciados, el Ministerio concluyó que estas no cumplieron con los estándares de debida diligencia, al no evidenciarse procesos de investigación estructurados ni acciones orientadas al esclarecimiento integral de los hechos.

En este contexto, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino señaló: “No toleraremos el silencio ni la impunidad en el mundo laboral. Los protocolos no pueden ser un saludo a la bandera: deben funcionar y proteger efectivamente a las personas trabajadoras.”

El Ministerio ordenó a la empresa la adopción de acciones urgentes, entre ellas:

Protección integral de víctimas, denunciantes y testigos

Garantías de no revictimización y no represalia

Inicio de investigaciones internas con enfoque de género

Medidas de reparación y garantías de no repetición

Fortalecimiento de los canales de denuncia y su trazabilidad

Investigación sobre la filtración de información

Reconstrucción de antecedentes disciplinarios

Incorporación del enfoque de género y diversidades

Acciones inmediatas de sensibilización y prevención

Al respecto, la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, afirmó: “El miedo a denunciar no puede seguir siendo la regla en ningún lugar de trabajo. Estas medidas buscan garantizar protección efectiva y transformar las condiciones que permiten la repetición de estas conductas».

La medida adoptada tiene carácter:

Preventivo, inmediato y obligatorio

Transitorio, mientras se adelantan las actuaciones administrativas

Su incumplimiento podrá agravar la responsabilidad del empleador

El Ministerio del Trabajo continuará con el seguimiento riguroso del caso y la verificación del cumplimiento de cada una de las órdenes impartidas.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la construcción de entornos laborales seguros, dignos y libres de violencia, e insiste en que las empresas deben garantizar que sus mecanismos internos sean efectivos, confiables y centrados en la protección de las personas.

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Familias del Pacífico colombiano aún viven entre grietas tres meses después del terremoto

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*Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde solo quedó una casa en pie.

Numerosas familias del Pacífico siguen viviendo en casas dañadas, agrietadas o dependiendo de otros hogares para alojarse casi tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país, según un balance divulgado este jueves por Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Observamos que muchas familias de las comunidades visitadas seguían ocupando sus casas afectadas o estaban siendo recibidas por familias de acogida, lo que afecta las condiciones de vida de ambas», señaló la organización humanitaria en su informe.

Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde, según el censo de la comunidad, de las 65 viviendas que había antes del terremoto del pasado 10 de agosto solamente una quedó en pie.

La organización, que este jueves anunció el cierre de su atención a la emergencia tras diez semanas de trabajo, explicó que muchas viviendas continúan habitadas pese a presentar grietas por las que entra el agua y techos sostenidos con apoyos improvisados.

La emergencia agravó problemas que ya afectaban a las comunidades del Pacífico, especialmente en zonas rurales e indígenas con dificultades de acceso a servicios básicos, agua potable y atención sanitaria.

En las riberas de los ríos Baudó y San Juan, inundaciones que se produjeron después del terremoto destruyeron cultivos y dejaron a numerosas familias en una situación de mayor vulnerabilidad alimentaria, explicó la jefa de misión de MSF en Colombia, Siham Hajaj.

«Las problemáticas preexistentes se agudizaron por el terremoto. Centenares de familias afectadas por conflicto, violencia y restricciones de acceso a servicios básicos perdieron sus hogares», señaló Hajaj, quien reclamó una respuesta integral y sostenida para atender las necesidades de estas comunidades.

Durante las diez semanas de intervención, los equipos de MSF realizaron 5.001 consultas, de las cuales 4.645 fueron de salud física y 356 de salud mental, además de distribuir filtros de agua y artículos de primera necesidad.

En seis municipios del Chocó, la organización identificó que una parte importante de las enfermedades estaba relacionada con el consumo de agua no segura.

También detectó cerca de 100 casos de malaria y más de 40 de dengue, especialmente en las zonas rurales. El balance oficial del terremoto cifra en 335 los fallecidos, 103 los desaparecidos y 4.516 los heridos.

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Avanza megaoperativo en Bogotá para expulsar a más de 80 peligrosos delincuentes extranjeros

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En un megaoperativo articulado entre las principales fuerzas de seguridad e inteligencia del país, las autoridades avanzan en Bogotá con el traslado y posterior expulsión de más de 80 ciudadanos extranjeros que permanecían bajo custodia judicial por la comisión de diversos delitos de alta severidad. La intervención interinstitucional cuenta con la participación activa de la Policía Nacional, funcionarios de Migración Colombia, efectivos de las Fuerzas Especiales y unidades del Ejército Nacional.

El procedimiento operativo inició durante las horas de la tarde en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Sijín), ubicadas en el centro de Bogotá, en inmediaciones de la carrera décima y las antiguas dependencias de la Policía Metropolitana.

En la sede judicial se concentró a los requeridos, donde personal especializado de Migración Colombia, junto a oficiales de altos mandos de la Policía Nacional, adelantó uno a uno los trámites administrativos, la verificación de expedientes y el diligenciamiento de la documentación reglamentaria requerida para concretar la medida de expulsión del territorio colombiano.

Durante la tarde y la madrugada posterior, se coordinaron los esquemas de seguridad necesarios para garantizar el control del perímetro exterior e interior de las instalaciones de retención.

Hacia las 2:15 de la madrugada, las autoridades iniciaron la fase de evacuación de los detenidos desde las celdas de la Sijín. Los retenidos fueron extraídos en bloques organizados de a 20 personas, bajo la estricta custodia de comandos armados del GOES y uniformados del Ejército Nacional, quienes custodiaron el abordaje hacia los buses de la Policía Nacional dispuestos sobre las vías aledañas.

Una vez abordados los vehículos, se puso en marcha una fuerte caravana de seguridad con rumbo al occidente de la ciudad. El convoy tomó la calle Sexta escoltado por una decena de vehículos de la Policía, camionetas institucionales, motocicletas del personal de tránsito y tanquetas blindadas. El dispositivo garantizó el trayecto ininterrumpido hasta las instalaciones del Aeropuerto Militar de Catam, donde los trasladados quedaron bajo custodia a la espera de la logística aérea.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y la cobertura en el lugar de los hechos, las personas objeto del operativo registran antecedentes y procesos vinculados a graves afectaciones a la seguridad ciudadana. Entre las conductas punibles imputadas a los extranjeros destacan delitos de extorsión, homicidio y diversas modalidades delictivas ejecutadas en Bogotá y distintas regiones del país.

Tras su arribo a la terminal aérea militar de Catam, se dispuso el transporte aéreo de los retenidos mediante un vuelo directo hacia la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Desde este punto fronterizo se completará el trámite de expulsión y deportación terrestre hacia territorio venezolano en el transcurso de las próximas horas.

 

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Dos muertos y 10 heridos dejó riña e intento de motín en URI de Puente Aranda, en Bogotá

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*La emergencia se registró al interior de las instalaciones, donde un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad obligó a la intervención de las autoridades.

dos personas murieron y otras 10 resultaron heridas en medio de una riña y un intento de motín registrado en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se presentaron al interior de las instalaciones de esta URI, donde se habría desatado un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. La situación generó una emergencia que dejó varias personas lesionadas y obligó a la intervención de las autoridades.

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el suceso, pero familiares de algunos de los detenidos han dado a conocer que la riña ya deja un saldo de dos muertos y ocho heridos. Varios de los involucrados que resultaron con heridas fueron trasladados a la Clínica de Occidente y al Hospital Santa Clara.

Sobre uno de los fallecidos, sus familiares fueron los encargados de confirmar que era uno de los detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y que resultó gravemente herido. A pesar de que alcanzó a ser trasladado con vida a la Clínica de Occidente, donde recibió atención médica, no logró sobrevivir.

Se está a la espera de que las autoridades que atienden la situación den un informe oficial sobre lo que ocasionó la emergencia en la URI, la cifra oficial de heridos y fallecidos, así como de las acciones que se tomarán por este hecho.

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