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Más de 2.300 hectáreas de tierras fueron asignadas a campesinos de Caucasia, Yondó y Urabá, Antioquia

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Los campesinos antioqueños han recibido este mes poco más de 1.900 hectáreas de tierra y les serán repartidas más de 400 hectáreas en los próximos días por parte del Gobierno nacional.

La mayor parte de los predios fueron entregados en el municipio de Caucasia, en la subregión del Bajo Cauca, donde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) distribuyó 1.384 hectáreas a 12 familias. Los beneficiarios fueron los afiliados a las organizaciones Baluarte y Somos Tierra.

Igualmente en Yondó, subregión del Magdalena Medio, les entregaron 511 hectáreas a 40 familias de la Asociación de Familias Campesinas Agromineras del Sur de Bolívar y Antioquia, entre ellas las que se cuentan víctimas del conflicto armado. “Muchos sufrimos desplazamientos con nuestras familias y hoy estamos cumpliendo el sueño de volver a la tierra y tener algo propio para sembrar alimentos y vida”, expresó Dairo Gómez, representante de los campesinos beneficiarios.

Por su parte, el director de la ANT, Felipe Harman, indicó que los predios objeto de la asignación son tierras productivas que se dedicarán al cultivo de alimentos, ganadería y cría de animales.

Fuera de eso, de acuerdo con el funcionario, en los próximos días la ANT entregarán 428 hectáreas en Arboletes y San Pedro de Urabá, con lo cual se alcanza un total de 2.200 hectáreas en esta cruzada en la que, en total, en el país los terrenos puestos en manos de familias de labriegos suman 8.000 hectáreas. A la fecha, de acuerdo con Harman, van más de 104.000 hectáreas compradas dentro del programa de reforma agraria del Gobierno nacional.

El acto en Caucasia

En relación con el acto de entrega de tierras en Caucasia, el alcalde de este municipio, Jhoan Montes Cortés, precisó que «gracias al gobierno nacional hoy en Caucasia entregamos 1,384 hectáreas que corresponden a 2 departamentos, dos municipios cercanos, Caucasia y Ayapel. Son 107 familias que se beneficiarán de esta entrega, de ellas, la mitad son familias trabajadoras de la finca hoy y la otra mitad, personas de lavorganización Baluarte».

El burgomaestre agregó que «esta es una de las entregas más significativas, no solo por ser en el Bajo Cauca, lugar donde históricamente el conflicto y la minería ha persistido, también porque esta entrega es el vivo ejemplo de lo que significa la Reforma Agraria para nosotros. Generar oportunidades de trabajo».

Explicó que este predio tiene 4 líneas productivas: siembra y transformación de madera, apicultura, reforestación y ganadería. «Una gran ventaja es que en esta finca ya cuenta con rentabilidad, beneficios competitivos, es totalmente productiva. Esta finca no es solo un predio, tiene una capacidad instalada que hace que sea una empresa y uno de los mayores empleadores de la región», subrayó Montes Cortés.

De igual modo destacó que es un predio de fácil acceso, sobre la vía principal. «Estamos cumpliendo con la directriz del presidente Petro, hace dos meses estuvo aquí y ordenó que compráramos fincas a precios comerciales y eso estamos haciendo hoy. Le compramos esta gran finca al señor Pedro Alejandro Restrepo», recalcó el alcalde los caucasianos.

Fue enfático al señalar que «la reforma agraria es una de las políticas más importantes para el gobierno del presidente Petro y el Bajo Cauca es una de las zonas más importantes, aquí en mayo ya entregamos 1,500 hectáreas para organizaciones de mujeres campesinas. La entrega de tierra es la posibilidad de saldar deudas históricas con el campesinado de esta región».

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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