*Se comunicó con el periodista Daniel Coronell, a quien le dijo que ha sido  maltratado para presionar que firme su autodeportación de Estados Unidos a Colombia.

El activista colombiano Beto Coral detenido hace una semana en Phoenix, Arizona, fue trasladado en las últimas horas al Central Louisiana, un centro de procesamiento de Ice, considerado la última escala antes de la deportación.

«Anoche, poco antes del inicio del partido entre las selecciones de Colombia y Congo, llamó a un amigo suyo que a su vez se comunicó conmigo y me dijo que conserva la esperanza de ganar su caso ante un juez de inmigración», dijo Daniel Coronell.

Coral asegura que sus derechos han sido vulnerados, que fue despojado de documentos básicos para su defensa y que ha sido trasladado seis veces lo que le impidió acceder a la representación de un abogado por varios días.

Afirma que tiene cita ante un juez de inmigración el próximo martes, 30 de junio en El Paso, Texas, pero no tiene certeza de que podrá atenderla porque ahora está en Lousiana. Dice que ha sido presionado para firmar su autodeportación y que su familia también quisiera que lo hiciera.

Beto Coral dijo que no tiene ningún cargo criminal y que su detención por parte de agentes del cuerpo especial de HSI solo obedece a que la orden procedía del secretario de Estado.

Sostiene que inició un proceso para denunciar judicialmente al hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, en ejercicio de sus derechos por haber grabado una conversación privada, una conducta que en Florida se sanciona hasta con 5 años de cárcel.

Dice que sueña con ver pronto su hijo de su 12 años, que estaba junto a él en el momento de su detención, y abrió la posibilidad de reencontrarse en un tercer país.

«Anoche, cuando hablé con Beto Coral me dijo que no conocía la carta que nueve congresistas demócratas le dirigieron al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de seguridad nacional Markwayne Mulin pidiendo que sea liberado y sosteniendo que nadie en Estados Unidos puede ser detenido por expresar opiniones políticas», precisó el periodista Daniel Coronell.

Coral asegura que en sus pertenencias apareció súbitamente un hilo grueso y aclaró que no piensa suicidarse.

Conmina a alcaldes, gobernadores y ministerios a cumplir las leyes de bienestar animal y advierte que la omisión puede acarrear faltas disciplinarias.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, expidió la Directiva 012 de 2026, la cual constituye la intervención preventiva más amplia de la Procuraduría en materia de protección animal, esta decisión responde a los incumplimientos sistemáticos detectados en numerosas administraciones territoriales frente a leyes en materia de Protección y Bienestar Animal.

La Directiva contiene 22 disposiciones dirigidas a alcaldes, gobernadores, 5 ministerios, asambleas, concejos y Juntas Defensoras de Animales, entre las medidas más relevantes se encuentran: la implementación inmediata de jornadas de esterilización, incluyendo la estrategia de Captura, Esterilización y Retorno (CER) para animales sin hogar; la creación o puesta en operación de centros de bienestar animal en cada municipio, con un plazo de 90 días para presentar un plan de acción ante la PGN; la formulación inmediata del Plan de Centros Regionales de Bienestar Animal (CRBA) por parte de gobernadores y alcaldes que aún no lo hayan hecho; y la creación del Fondo Municipal de Protección Animal.

En materia de justicia, se ordena capacitar a los inspectores de policía para aplicar el Proceso Verbal de Maltrato Animal e implementar el Curso de Sensibilización previsto en la Ley Ángel, la Directiva también conmina al Ministerio de Ambiente a expedir de manera inmediata la Ruta de Atención al Maltrato Animal (pendiente desde octubre de 2025) y al Ministerio de Educación a incorporar contenidos sobre bienestar animal y tenencia responsable en los currículos escolares.

Para vigilar el cumplimiento, la Directiva crea la Mesa Nacional de Seguimiento coordinada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, con participación de los ministerios, las entidades territoriales, las Juntas Defensoras de Animales y las organizaciones de protección animal.

Todas las entidades destinatarias deben reportar semestralmente sus avances.

La Procuraduría advierte que el incumplimiento de estas obligaciones por omisión o negligencia administrativa pueden configurar faltas disciplinarias conforme a la Ley 1952 de 2019 y sus modificaciones previstas en la Ley 2094 de 2021. Proteger a los animales no es opcional: es una obligación legal que el Estado colombiano debe cumplir en todos los rincones del territorio.

*El material de guerra iba a ser enviado al departamento del Guaviare.

Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cinco, de la Tercera División, del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, incautaron 26 fusiles, 7 drones, cerca de 300 granadas y 6.300 cartuchos en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca.

Según las autoridades, el material de guerra pertenecería a la Estructura Jaime Martínez, de la disidencias.

Los elementos incautados, de acuerdo al informe de la Institución, pretendían ser enviados al departamento del Guaviare para fortalecer el accionar criminal de la estructura.

“En una operación de inteligencia militar, tropas de la #FUDRA5 de @Ejercito_Div3, en coordinación con la @PoliciaColombia, ubicaron y neutralizaron este importante cargamento en Yumbo, #ValleDelCauca, afectando de manera contundente las capacidades logísticas y ofensivas de los grupos armados organizados residuales”, informó el Ejército Nacional en su cuenta de X.