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Petro firma decreto que ordena desclasificar archivos del DAS

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El decreto permite desclasificar y levantar la reserva de los archivos de inteligencia, contra inteligencia y gastos reservados del extinto DAS.

El Presidente Gustavo Petro firmó este viernes el decreto que ordena la desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

“La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora. No es hasta junio”, afirmó el mandatario durante el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional a favor del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, llevado a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

De acuerdo con el Petro, el decreto permite desclasificar y levantar la reserva de los archivos de inteligencia, contra inteligencia y gastos reservados del extinto DAS.

“Esto está en el Archivo General de la Nación. Hay todo un proceso de ordenamiento, de anonimación en donde hay un comité para ello, porque hay nombres que no deben aparecer, no de los culpables, sino por otras razones que están también regidas y que hay que ponerle cuidado a la anonimación. Entonces queda firmado el decreto de desclasificación de los archivos del DAS”, explicó.

Sostuvo que hay otros organismos de inteligencia que también se ordenará la desclasificación de sus archivos en favor de la verdad como herramienta de no repetición.

“La próxima entidad en desclasificar sus archivos con los requisitos de cuidado, de norma y de ley, será la Dipol (Dirección de Inteligencia Policial). La Dipol, la más poderosa, es una caja oscura para mí y va a ser una caja transparente”, anotó.

Y agregó: “No se acaba mi Gobierno sin que haya una política de desclasificación de archivos”.

«Hay que crear la institucionalidad de la verdad»

El Presidente señaló que las verdaderas disculpas por los crímenes del pasado aún no han sido dadas, al tiempo que criticó la obstaculización y falta de voluntad política para desclasificar información y permitir el acceso a la verdad histórica.

“Pido disculpas por lo que un Estado genocida hizo en Colombia, pero ese Estado aún no ha pedido perdón y sigue intentando ocultar la verdad”, afirmó.

El mandatario también cuestionó las decisiones judiciales que limitan el acceso a las confesiones de paramilitares y terceros ante la JEP, al considerar que “buscan ocultar la verdad sobre los responsables y financiadores de la violencia”.

Precisó que las garantías de no repetición tienen que ver con construir una institucionalidad para que se sepa la verdad. Dijo que actualmente no existe en Colombia y que no solo depende del Presidente construirla, sino también requiere de las actuales cortes.

“Empecemos a construir en medio de la lucha política la institucionalidad de la verdad. No depende de mi mano, depende de las cortes actuales que, por alguna razón, no nos están ayudando a construir la institucionalidad de la verdad. La JEP, tal como quedó escrita en los Acuerdos de Paz con la FARC, que son declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser la instancia de cierre de la verdad en Colombia”, apuntó Petro.

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Familias del Pacífico colombiano aún viven entre grietas tres meses después del terremoto

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*Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde solo quedó una casa en pie.

Numerosas familias del Pacífico siguen viviendo en casas dañadas, agrietadas o dependiendo de otros hogares para alojarse casi tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país, según un balance divulgado este jueves por Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Observamos que muchas familias de las comunidades visitadas seguían ocupando sus casas afectadas o estaban siendo recibidas por familias de acogida, lo que afecta las condiciones de vida de ambas», señaló la organización humanitaria en su informe.

Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde, según el censo de la comunidad, de las 65 viviendas que había antes del terremoto del pasado 10 de agosto solamente una quedó en pie.

La organización, que este jueves anunció el cierre de su atención a la emergencia tras diez semanas de trabajo, explicó que muchas viviendas continúan habitadas pese a presentar grietas por las que entra el agua y techos sostenidos con apoyos improvisados.

La emergencia agravó problemas que ya afectaban a las comunidades del Pacífico, especialmente en zonas rurales e indígenas con dificultades de acceso a servicios básicos, agua potable y atención sanitaria.

En las riberas de los ríos Baudó y San Juan, inundaciones que se produjeron después del terremoto destruyeron cultivos y dejaron a numerosas familias en una situación de mayor vulnerabilidad alimentaria, explicó la jefa de misión de MSF en Colombia, Siham Hajaj.

«Las problemáticas preexistentes se agudizaron por el terremoto. Centenares de familias afectadas por conflicto, violencia y restricciones de acceso a servicios básicos perdieron sus hogares», señaló Hajaj, quien reclamó una respuesta integral y sostenida para atender las necesidades de estas comunidades.

Durante las diez semanas de intervención, los equipos de MSF realizaron 5.001 consultas, de las cuales 4.645 fueron de salud física y 356 de salud mental, además de distribuir filtros de agua y artículos de primera necesidad.

En seis municipios del Chocó, la organización identificó que una parte importante de las enfermedades estaba relacionada con el consumo de agua no segura.

También detectó cerca de 100 casos de malaria y más de 40 de dengue, especialmente en las zonas rurales. El balance oficial del terremoto cifra en 335 los fallecidos, 103 los desaparecidos y 4.516 los heridos.

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Avanza megaoperativo en Bogotá para expulsar a más de 80 peligrosos delincuentes extranjeros

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En un megaoperativo articulado entre las principales fuerzas de seguridad e inteligencia del país, las autoridades avanzan en Bogotá con el traslado y posterior expulsión de más de 80 ciudadanos extranjeros que permanecían bajo custodia judicial por la comisión de diversos delitos de alta severidad. La intervención interinstitucional cuenta con la participación activa de la Policía Nacional, funcionarios de Migración Colombia, efectivos de las Fuerzas Especiales y unidades del Ejército Nacional.

El procedimiento operativo inició durante las horas de la tarde en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Sijín), ubicadas en el centro de Bogotá, en inmediaciones de la carrera décima y las antiguas dependencias de la Policía Metropolitana.

En la sede judicial se concentró a los requeridos, donde personal especializado de Migración Colombia, junto a oficiales de altos mandos de la Policía Nacional, adelantó uno a uno los trámites administrativos, la verificación de expedientes y el diligenciamiento de la documentación reglamentaria requerida para concretar la medida de expulsión del territorio colombiano.

Durante la tarde y la madrugada posterior, se coordinaron los esquemas de seguridad necesarios para garantizar el control del perímetro exterior e interior de las instalaciones de retención.

Hacia las 2:15 de la madrugada, las autoridades iniciaron la fase de evacuación de los detenidos desde las celdas de la Sijín. Los retenidos fueron extraídos en bloques organizados de a 20 personas, bajo la estricta custodia de comandos armados del GOES y uniformados del Ejército Nacional, quienes custodiaron el abordaje hacia los buses de la Policía Nacional dispuestos sobre las vías aledañas.

Una vez abordados los vehículos, se puso en marcha una fuerte caravana de seguridad con rumbo al occidente de la ciudad. El convoy tomó la calle Sexta escoltado por una decena de vehículos de la Policía, camionetas institucionales, motocicletas del personal de tránsito y tanquetas blindadas. El dispositivo garantizó el trayecto ininterrumpido hasta las instalaciones del Aeropuerto Militar de Catam, donde los trasladados quedaron bajo custodia a la espera de la logística aérea.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y la cobertura en el lugar de los hechos, las personas objeto del operativo registran antecedentes y procesos vinculados a graves afectaciones a la seguridad ciudadana. Entre las conductas punibles imputadas a los extranjeros destacan delitos de extorsión, homicidio y diversas modalidades delictivas ejecutadas en Bogotá y distintas regiones del país.

Tras su arribo a la terminal aérea militar de Catam, se dispuso el transporte aéreo de los retenidos mediante un vuelo directo hacia la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Desde este punto fronterizo se completará el trámite de expulsión y deportación terrestre hacia territorio venezolano en el transcurso de las próximas horas.

 

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Dos muertos y 10 heridos dejó riña e intento de motín en URI de Puente Aranda, en Bogotá

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*La emergencia se registró al interior de las instalaciones, donde un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad obligó a la intervención de las autoridades.

dos personas murieron y otras 10 resultaron heridas en medio de una riña y un intento de motín registrado en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se presentaron al interior de las instalaciones de esta URI, donde se habría desatado un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. La situación generó una emergencia que dejó varias personas lesionadas y obligó a la intervención de las autoridades.

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el suceso, pero familiares de algunos de los detenidos han dado a conocer que la riña ya deja un saldo de dos muertos y ocho heridos. Varios de los involucrados que resultaron con heridas fueron trasladados a la Clínica de Occidente y al Hospital Santa Clara.

Sobre uno de los fallecidos, sus familiares fueron los encargados de confirmar que era uno de los detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y que resultó gravemente herido. A pesar de que alcanzó a ser trasladado con vida a la Clínica de Occidente, donde recibió atención médica, no logró sobrevivir.

Se está a la espera de que las autoridades que atienden la situación den un informe oficial sobre lo que ocasionó la emergencia en la URI, la cifra oficial de heridos y fallecidos, así como de las acciones que se tomarán por este hecho.

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