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Confesión ante la JEP vinculó al general Iván Ramírez en supuesto plan para matar a Petro en los 90

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En la búsqueda de la justicia y el esclarecimiento de los hechos de la violenta historia de Colombia, el sargento José Leonairo Dorado Córdoba, exintegrante de la inteligencia militar en la década de los 90, reveló detalles sobre su participación, y la de altos mandos militares, en una serie de crímenes cometidos en esta época.

La W Radio tuvo acceso exclusivo a su confesión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que ha puesto en el centro de la controversia al general retirado Iván Ramírez Quintero, quien ya enfrenta condenas por sus vínculos con el paramilitarismo, al ser condenado a 31 años de prisión por desaparición forzada.

Dorado Córdoba inició su carrera en la inteligencia militar en 1984, integrando el Batallón de Contrainteligencia 1 y el Batallón de Inteligencia Charry Solano de la Brigada XX y fue bajo las órdenes del sargento retirado y narcotraficante Justo Pastor Perafán que se vio envuelto en actividades ilegales que incluían la persecución y asesinato de figuras políticas de izquierda, entre ellas se incluía un plan para asesinar al actual presidente Gustavo Petro.

“El general Iván Ramírez Quintero era el autor intelectual de los seguimientos, torturas y asesinatos de líderes de la UP, M-19 y otros partidos de izquierda”, afirmó Dorado.

La concejala de Bogotá por el Pacto Histórico, Heidy Sánchez Barreto, se refirió en su cuenta oficial de X sobre las declaraciones de Dorado Córdoba.

“El testimonio del sargento José Leonairo Dorado Córdoba es un crudo testimonio del exterminio y genocidio político contra la UP Colombia y otras agrupaciones de izquierda en nuestro país, las clases que hoy llaman a la insubordinación de las fuerzas militares son las mismas que durante décadas se sostuvieron en el poder por medio de la violencia política. No solo es un llamado por la memoria, es un llamado de alerta por una realidad que algunos pretenden revivir”, escribió.

Entre los crímenes más relevantes, Dorado confesó su participación en el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas en 1994. Según Dorado, los seguimientos que precedieron la muerte de Cepeda fueron ordenados por altos mandos del Ejército, incluyendo al general Ramírez Quintero.

“Cepeda sabía que lo seguíamos; era una muerte anunciada,” relató. El asesinato fue ejecutado por un grupo de sicarios bajo el mando del mayor César Corredor y otros oficiales.

Dorado también brindó detalles sobre el asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza en 1998. Según su testimonio, la orden de eliminar a Umaña vino directamente del general Ramírez, después de meses de seguimientos debido a las denuncias del abogado sobre crímenes cometidos por la Brigada XX. “Interceptamos sus llamadas y recibía amenazas directas de nuestra unidad,” confesó Dorado.

Además de los mencionados asesinatos, Dorado implicó al general Ramírez y otros altos oficiales en la desaparición forzada de Guillermo Marín en 1986, el secuestro y asesinato de Amparo Tordecilla en 1989, y la tortura de José Cuesta Novoa en 1988. Estos actos, según Dorado, formaban parte de un esfuerzo sistemático de la inteligencia militar para eliminar a la oposición política.

El general Iván Ramírez desmintió estas acusaciones a través de su abogado y las calificó de “falsas y sin fundamento”. Según él, las declaraciones de Dorado no coinciden con su mandato en la dirección de inteligencia, negando que esto haya ocurrido así.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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