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Fiscalía

Descubierto entramado ilegal de infiltración y obtención de información de seguridad nacional

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Fueron judicializados el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández.

Actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, permitieron detectar un entramado ilícito que habría infiltrado operaciones en contra de estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, así como esquemas de protección; y obtenido
información de seguridad nacional.

Los presuntos involucrados en estas actividades ilegales fueron identificados como el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con el Ejército Nacional y la Policía Nacional en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N°3 del Ejército Nacional, en Bogotá. La Fiscalía las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia.

La mujer, haciéndose pasar como capitán, es señalada de asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto relacionada con indagaciones en curso, composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra estructuras criminales, entre estas el ‘Tren de Aragua’.

En el caso del sargento segundo Padilla Villanueva, los elementos materiales probatorios indican que sería el encargado de facilitar la entrada de la particular a las instalaciones militares, y permitirle interactuar con la tropa e involucrarse en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico.

También se le atribuye la entrega de detalles sobre los movimientos de la unidad y de la logística para la utilización de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que permitió a la particular disponer de detalles de interés estratégico sin cumplir con los protocolos de seguridad ni contar con autorización.

De esta manera, quedaron en manos de un civil documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia. Con esta fuga de material, en algunas oportunidades, se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales, y se indujo en error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de fuentes legales y
verificadas.

Fiscalía

Capturan con fines de extradición a dos rusos requeridos por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico

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*Los detenidos son señalados de integrar una red transnacional que utilizaba veleros para transportar cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedarán los ciudadanos rusos, Oleg Khazov y Vitali Zhikarev, quienes fueron capturados con fines de extradición por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA.

Los procedimientos se realizaron en el muelle de Cartagena (Bolívar) y en el sector de El Poblado, en Medellín (Antioquia), respectivamente. De acuerdo con el requerimiento de una Corte del Distrito Este de Luisiana (Estados Unidos), los dos extranjeros harían parte de una red trasnacional conformada por colombianos y europeos, con presencia en la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá, dedicada al envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a destinos internacionales.

En ese sentido, Khazov sería el encargado de coordinar la logística de los cargamentos de estupefacientes, mientras que Zhikarev tendría a su cargo la adquisición y adecuación de veleros, así como su tripulación, para ocultar y transportar la sustancia ilícita. La organización, al parecer, trasladaba la cocaína desde Bogotá y Medellín hacia distintos puntos de la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá. Allí acondicionaba las embarcaciones para camuflar los alijos y garantizar su posterior salida a Estados Unidos y Europa.

Los dos ciudadanos rusos estarían relacionados con el envió de 77 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron descubiertos por las autoridades estadounidenses el 25 de mayo de 2025, en Metairie, estado de Luisiana.

Las capturas serán comunicadas por los canales diplomáticos a la justicia de Estados Unidos, para iniciar la formalización del pedido de extradición por cargos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

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Nueva imputación por violencia sexual contra hombre señalado del asesinato de una niña

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*Informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aportaron evidencias sobre agresiones anteriores a la muerte. El cuerpo de la víctima fue encontrado en una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar.

La Fiscalía General de la Nación adicionó nuevos cargos relacionados con violencia sexual a Shenner José Rojas Lárez, quien le habría causado la muerte a una niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Tras recaudar nuevos elementos materiales probatorios, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

El procesado, de nacionalidad venezolana, ya había sido vinculado por feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidenció que la menor de edad habría sido víctima de agresiones sexuales el día del crimen y meses atrás.

Estos comportamientos en contra de su integridad y formación sexual no se habrían limitado a tocamientos abusivos.

Los hechos investigados comenzaron el 14 de septiembre en una vivienda de Mosquera (Cundinamarca), donde Rojas Lárez sostuvo una discusión con su compañera sentimental, hermana de la víctima.

Ante la actitud violenta que presuntamente asumió el hombre, la niña salió del inmueble en busca de ayuda. Rojas Lárez habría ido tras ella y, una vez la alcanzó, la convenció de subir a su motocicleta.

Luego la trasladó hasta un inmueble ubicado en Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Al día siguiente, el cuerpo de la menor de edad fue hallado en el sur de la ciudad.

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Fiscalía

Dos hombres señalados de transportar y lanzar una granada contra un negocio en Barranquilla fueron encarcelados

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*El lanzamiento de la granada contra un lavadero de carros ocasionó lesiones a dos personas.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Luis Silva Arria y Manuel Felipe Ibáñez Díaz, por su presunta responsabilidad en un ataque con artefacto explosivo contra un establecimiento comercial en el barrio Caribe Verde, en Barranquilla, que dejó dos personas lesionadas.

Por decisión de una juez con funciones de control de garantías, ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 23 de octubre, cuando, al parecer, los hoy procesados transportaron y lanzaron una granada contra un lavadero de carros.

La explosión ocasionó lesiones a dos personas, quienes fueron trasladadas a un centro hospitalario. Además, causó daños en la fachada y el interior del establecimiento.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional ac vó un plan candado que permi ó ubicar y capturar en flagrancia a los dos hombres en inmediaciones de la avenida Circunvalar.

Durante el procedimiento les fue incautado un celular. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; lesiones personales y daño en bien ajeno. Los procesados no aceptaron los cargos.

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