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Datos de Mindefensa: «367 capturas, 24 muertes y 44 ataques frustrados en suroccidente»

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En el marco del debate de moción de censura en su contra en la plenaria de la Cámara, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reportó que en los departamentos del suroccidente del país, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se han registrado desde que se levantó el cese al fuego con el EMC 67 combates, 367 capturas, 24 muertes y 44 ataques frustrados.

En este sentido el jefe de la cartera de seguridad reiteró «el compromiso de la Fuerza Pública con la protección de las comunidades en las zonas más afectadas por la violencia, el fortalecimiento del pie de fuerza, la lucha contra el narcotráfico y los delitos de alto impacto que, en su mayoría, registran reducción en comparación con el 2023».

También en esta zona del país, dijo, se fortaleció la presencia militar con 3.046 nuevos soldados para los tres departamentos y tras el atentado a la estación de policía en Morales (Cauca) el pasado 20 de mayo, se coordinó un despliegue de un Kfir, un helicóptero arpía y un avión Supertucano, dos pelotones de caballería liviana y dispuso de un helicóptero Cazador para apoyar a los policías del municipio.

“Si lo que pretende esa organización criminal es que nos rindamos y pactemos nuevamente un cese, están equivocados, porque no habrá reanudación de cese al fuego con el Estado Mayor Central en Nariño, Cauca y Valle del Cauca”, aseveró Velásquez.

Además destacó que en 2024 se han incautado 368 toneladas de cocaína, más de dos toneladas diarias, avaluadas en $11 billones de dólares aproximadamente, promedio que se ha mantenido desde 2023 en el que se incautaron 740 toneladas de cocaína, la mayor cantidad en la historia del país, además de la captura de 37 narcotraficantes de alto impacto o ‘narcos invisibles’, jefes de mafias que delinquen en el país.

«Los grupos Gaula han evitado el pago de $64 mil millones en extorsiones y capturado a más de 1.200 delincuentes en 2024. Las denuncias por estos delitos aumentaron en 21% (5.093 casos). Así mismo se desarrollaron 3 macro operaciones y se crearon 7 nuevos grupos Gaula», afirmó el ministro.

En cuanto a seguridad ciudadana aseguró que la mayoría de los 22 delitos de impacto que se tienen en cuenta para las mediciones de seguridad, están en reducción, salvo delitos sexuales, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

La Policía Nacional, al respecto, señaló el funcionario, fortaleció su servicio con 10.276 nuevos uniformados distribuidos en todo Colombia que hacen parte del Plan 20.000 y que, para noviembre, se proyecta seleccionar y presentar 8.000 aspirantes a las diferentes escuelas de formación, para un avance del 73 % de dicha iniciativa para incrementar el número de uniformados.

«Frente a 2023 el homicidio intencional a 31 de mayo se redujo en 3.2 % (189 casos menos), el hurto a residencias -22,1 % (3.802 casos menos), hurto a comercio -30,2 % (7.097 casos menos) y hurto a personas -18,4 % (33.506 casos menos)», dijo.

Y concluyó que durante este gobierno se logró la modificación de las condiciones de quienes prestan el servicio militar, aumentando su remuneración en un salario mínimo, cuando anteriormente era solo del 30%, y garantizando la gratuidad en matrículas de escuelas militares y policiales. Adicionalmente, mediante una reforma constitucional se blindó el pago de la mesada 14 a los veteranos de la Fuerza Pública.

 

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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