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Conflictos sociales aumentaron un 6% en primer semestre de 2025 en Colombia 

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Mil 834 eventos originados por reclamaciones sobre derechos laborales, a la educación, por falta de presencia e inversión estatal, por el respeto y garantía de los derechos a la vida.

Entre enero y junio del 2025 en Colombia hubo 1.834 eventos de conflictividad social, de acuerdo con el más reciente informe en la materia de la Defensoría del Pueblo, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 1.730 conflictos. El reporte da cuenta de que lo ocurrido tuvo lugar en 395 municipios, de los 32 departamentos del territorio nacional, y la capital colombiana.

El reporte elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad indica que estos hechos ocurrieron con mayor frecuencia en Bogotá (12%); Valle del Cauca y Bolívar (6% cada uno); Atlántico, Santander, Antioquia y Magdalena (5% cada uno); Huila, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Tolima y La Guajira (4% cada uno). Los demás departamentos del país concentraron una participación de entre el 1% y el 3% de los eventos en cada uno de ellos.

Es importante destacar que los departamentos donde se observaron mayores incrementos fueron Amazonas (100%), Putumayo (100%), Risaralda (63%), Nariño (55%), Quindío (45%) y Casanare (43%). Para el caso de Amazonas, se debió a conflictos por transporte, garantías para los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y recursos para el Cuerpo de Bomberos de Leticia. Respecto a Putumayo, su incremento se relacionó con la declaratoria de asamblea permanente de las diversas organizaciones del departamento ante lo que ellas consideraron abandono por parte del Estado.

Inconformidades de los manifestantes

Los mayores aumentos de un periodo a otro se observaron en conflictos por el incumplimiento del acuerdo para la finalización del conflicto armado, ya que se registraron movilizaciones de los firmantes de paz, quienes reclamaron garantías de seguridad y cumplimiento en la implementación de proyectos productivos para garantizar su reintegración.

Además, los actores sociales expresaron sus demandas por temas tributarios, por los derechos laborales, por el derecho fundamental a la educación, por los derechos de la población privada de la libertad, por falta de presencia e inversión estatal.

También por la garantía de los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad; estos reflejaron un aumento del 115%. Y ocurrieron debido a la grave crisis humanitaria que se vive en diferentes territorios del país a causa del accionar de los actores armados ilegales, a lo que se suman situaciones de inseguridad ciudadana que han cobrado la vida de personas y hechos de violencia política, como el reciente y lamentable atentando contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Otra fuente de inconformidad reiterativa durante el primer semestre del año tuvo que ver con el derecho a la salud, cuyas situaciones se intensificaron a nivel nacional, pues se registró un incremento del 86% de los eventos respecto al primer semestre del 2024.

Los mecanismos más usados fueron los plantones (41%), los bloqueos o cortes de ruta (39%), las marchas o movilizaciones (6%), los paros o cese de actividades (2%), entre otros (corresponden al 12% restante). Esto permite concluir que la mayoría de las manifestaciones de conflictos sociales en el país se expresa de manera pacífica; de hecho, el registro de disturbios o medidas violentas disminuyó para el periodo de análisis en un 36%.

Mediación de la Defensoría del Pueblo

En el primer semestre del año, la entidad impulsó la transformación pacífica de los conflictos en los territorios a través de 147 espacios de diálogo social en 22 departamentos y Bogotá, atendiendo a su rol de mediadora para la garantía de derechos.

Se recomienda al Gobierno nacional y las autoridades territoriales a mantener abiertos los canales de diálogo con los diversos actores sociales. Es importante continuar privilegiando la palabra y la escucha activa, pues el propósito es conjurar los conflictos sociales.

Asimismo, establecer mecanismos que permitan hacer un seguimiento riguroso y oportuno al cumplimiento de los acuerdos firmados con diferentes comunidades, actores y organizaciones sociales en distintas regiones del país. Si se avanza en ello, será prevenido el escalamiento de conflictos e impulsada la garantía de los derechos humanos.

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Dos menores figuran entre los 24 muertos en operación militar contra las disidencias en Guaviare

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*Veinte de las víctimas ya fueron identificadas. 8 mujeres y 12 hombres.

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Colombia reveló este viernes que hay al menos dos menores de edad entre los 24 muertos en una operación militar contra las disidencias de las FARC en Guaviare.

La información se conoce apenas un día después de que una juez ordenara al Gobierno no bombardear objetivos de grupos armados si había información de que la operación pudiese afectar a menores de edad, aunque esta operación es previa a la decisión judicial.

«De los veinte cuerpos identificados, ocho son femeninos, doce masculinos y dos son menores de edad», informó en un comunicado el IML, en el que agregó que los equipos forenses no han podido identificar los cuatro restantes debido al «estado en el que se encuentran» los cuerpos.

El anuncio del IML se conoce cuatro días después de que el Presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunciara los resultados de la operación denominada por las Fuerzas Militares como ‘Azarías’ que tuvo lugar el pasado fin de semana en la vereda (aldea) Lagos del Dorado, municipio de Miraflores de Guaviare.

En la operación, según el mandatario, fue abatido el jefe del Frente Carolina Ramírez, alias ‘El Tigre’, que operaba bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

El martes De La Espriella llegó hasta San José del Guaviare, capital de ese departamento, y tras hacer un balance de la situación, publicó un video donde se le veía caminando entre al menos 23 cadáveres que corresponderían a los intervenidos posteriormente por los forenses del IML.

Los dos menores de este viernes se suman a otros tres de la semana pasada, también en una operación en Guaviare, y a un cuarto que murió días antes en un bombardeo militar en la región del Catatumbo, por lo que ya son seis en total.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que apelaría el fallo «absurdo e inconstitucional» que le pedía abstenerse de operaciones aéreas ofensivas contra objetivos de grupos armados si existía la posibilidad de que se vieran afectados menores de edad.

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Familia de ‘El Bendito Menor’ convoca a protesta en Riohacha para que les entreguen el cuerpo

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*Las autoridades prevén el traslado de los cadáveres a la morgue de la ciudad de Barranquilla.

La familia de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, abatido por la DIJIN en Riohacha, La Guajira, la madrugada de este viernes, ha convocado una protesta para que les sea entregado el cuerpo del joven de 26 años.

Rosa Pérez, hermana de Naín, realizó la convocatoria a través de un Live en las redes sociales.

“Necesito que por favor todas las personas que se puedan acercar y nos apoyen a hacer una huelga para que entreguen el cuerpo de mi hermano”, expresó la allegada.

Desde el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, la joven indicó que llegaron a reclamar el cadáver de Naín, pero les fue negada por parte de las autoridades que indicaron que los cuerpos serán llevados a Barranquilla.

“El cuerpo de mi hermano Naín Andrés Pérez Toncel no lo quieren entregar, se lo quieren llevar a Barranquilla después que el presidente ya lo verificó y lo dio por muerto, no entiendo para qué lo quieren llevar a Barranquilla, si aquí hay forenses, aquí hay quien lo reconozca, aquí está su familia”, expresó la hermana de ‘Bendito Menor’.

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Nuevos detalles de la muerte de tres miembros de una familia en Bogotá

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Tres integrantes de una familia fueron encontrados sin vida dentro de un apartamento de la unidad residencial Casablanca Sector 4, ubicada en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El hallazgo se produjo luego de que habitantes del conjunto residencial manifestaran su preocupación por la ausencia durante varios días de las personas que vivían en el inmueble.

De acuerdo con la información conocida por Ojo de la Noche, los cuerpos fueron encontrados dentro de una de las habitaciones del apartamento, situado en un tercer piso de uno de los bloques de la unidad residencial, en el barrio Casablanca.

Las víctimas pertenecerían a la familia Pinzón. La información preliminar señala que se trataría de María Cristina, de 65 años; Joana, de 38 años, y Jairo Nicolás Pinzón, de 35 años. Sin embargo, durante el reporte inicial las autoridades entregaron edades diferentes, por lo que será Medicina Legal la entidad encargada de establecer plenamente las identidades y las circunstancias de las muertes.

Vecinos alertaron por la ausencia de la familia

La situación comenzó a generar preocupación entre los residentes de Casablanca porque durante varios días no habían visto salir del apartamento a quienes habitaban allí. Ante esta situación, se dio aviso a las autoridades, que llegaron hasta el inmueble para verificar qué estaba ocurriendo. Al ingresar, encontraron a las tres personas sin vida en una de las habitaciones.

Según los primeros testimonios conocidos, los integrantes de la familia se encontraban en pijama cuando fueron hallados. La Policía Nacional, bomberos y funcionarios de Policía Judicial acudieron al lugar para realizar los actos urgentes y adelantar la inspección técnica del apartamento.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de documentos que serían cartas de despedida. Según la información preliminar, una de las cartas estaría dirigida al padre de Joana y Jairo y contendría una petición de perdón, además de hacer referencia a una decisión que presuntamente habrían tomado las personas encontradas muertas.

Sin embargo, las autoridades han sido prudentes frente al contenido de estos documentos. Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué relación tienen las cartas con las muertes ni si corresponden efectivamente a los tres integrantes de la familia.

El teniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó el hallazgo de estos elementos durante la inspección: “En el sitio fueron encontrados medicamentos y documentos que permiten inferir unas cartas de despedida”, explicó el oficial.

La existencia de estos documentos hace parte de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores dentro del proceso de esclarecimiento del caso. Durante la inspección del apartamento, las autoridades encontraron medicamentos y algunos elementos médicos.

Estos elementos fueron incorporados a la investigación, pero por sí solos no permiten determinar qué ocurrió ni establecer una causa de muerte. Para ello serán fundamentales los procedimientos forenses y los resultados de Medicina Legal.

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