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Empresa Chiquita Brands fue hallada culpable de financiar paramilitares en Colombia

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La multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands fue hallada culpable por financiación del paramilitarismo en Colombia, según determinó la justicia de Estados Unidos, luego de seis semanas de juicio. La compañía ya se había declarado culpable por entregar dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), luego de que el Departamento de Justicia estadounidense la investigara.

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la empresa llegó a efectuar 100 pagos por más de 1,7 millones de dólares a tres bloques de las AUC: el Norte, el Bananero y el Élmer Cárdenas. La entrega del dinero se llevó a cabo entre 1997 y 2004, con el objetivo de contar con “seguridad privada”, proporcionada por los paramilitares.

Según detalló Cambio, la multinacional se defendió en los juicios asegurando que los millones de dólares entregados a las AUC, lideradas por la Casa Castaño, obedecieron a una necesidad de proteger a los trabajadores de la empresa de los mismos paramilitares, por cuenta de las extorsiones y amenazas que estos ejecutaban.

No obstante, según el medio citado, el abogado de las víctimas, Jack Scarola, afirmó que la empresa firmó un “pacto con el diablo” al decidir financiar el paramilitarismo en Colombia, sabiendo los crímenes que se cometían. Incluso, indicó que no puede exonerársele de responsabilidad a pesar de que, en efecto, hubiera sido objeto de intimidaciones.

Los 10 jueces que escucharon los argumentos de las partes tomaron la decisión de declarar culpable a la empresa. “Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, aseguró el asesor general de la organización no gubernamental EarthRights International, Marco Simons, citado por Cambio.

Según dicha organización sin ánimo de lucro, que se dedica a emprender acciones legales contra “poderosas corporaciones” en defensa de los derechos humanos, todo el proceso inició en 2007, cuando interpusieron una demanda colectiva federal en nombre de las víctimas de las AUC en Colombia.

Pues, el dinero que Chiquita Brands entregó a los hombres armados permitió que sus operaciones delictivas se mantuvieran en varias regiones bananeras del país. Exdirectivos, expresidentes y exconsejeros generales de la empresa fueron señalados por las víctimas de hacer parte de este entramado.

Según detalló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras la empresa financiaba a los paramilitares, en la región del Urabá se registraron 97 masacres, cuyo saldo fue 607 víctimas. Esto ocurrió entre 1991 y 2011, años en los que habitantes, líderes y lideresas sociales, trabajadores y sindicalistas, fueron asesinados.

El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Gerardo Vega recordó que los paramilitares dejaron más de 4.000 víctimas en el Urabá. “La justicia norteamericana ha avanzado, primero impuso una multa de 25 millones de dólares a esa empresa, pero ese dinero quedó en Estados Unidos y las víctimas están en Colombia. En Colombia, las empresas y personas que financiaron el paramilitarismo, sobre todo en esa región, gozan de impunidad”, detalló el exfuncionario.

Indicó que ni la justicia ordinaria, ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni Justicia y Paz, han impartido justicia con respecto a las acciones delictivas de la multinacional en el país. “Esperamos nosotros que la justicia colombiana, de manera pronta, decida sobre esos temas, ubique las responsabilidades e imponga las sanciones que se requieren”, precisó Vega, el 30 de abril de 2024, cuando empezaron los juicios contra Chiquita Brands en Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Tiempo, aunque fue la justicia estadounidense la que halló culpable a la compañía, se aplicará el Código Civil colombiano y, en esa medida, las víctimas tendrán que ser indemnizadas.

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Consejo de Estado no abre incidente de desacato contra el presidente Petro

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El Consejo de Estado se abstuvo este jueves de abrir incidente de desacato por el supuesto incumplimiento a la orden que se le impartió al presidente Gustavo Petro para que se retractara de unas afirmaciones que hizo contra el ciudadano Enrique Vargas Lleras, por irregularidades en el manejo de recursos de la salud que se habrían producido por parte de una EPS.

Para el Consejo de Estado, el escrito que presentó el mandatario para dar cumplimiento a ese fallo contiene su retractación expresa de las imputaciones que dieron origen a la demanda.

El Presidente, consideró el Consejo de Estado, admitió haberse referido al accionante, Enrique Vargas Lleras, por su participación en la junta directiva de la EPS y señaló que los hechos afirmados en la realidad solo son objeto de investigación.

Frente a la objeción de conciencia solicitado por el Presidente, el Consejo de Estado precisó que la tutela solo estaba encaminada a garantizar el derecho fundamental a la honra y buen nombre de un ciudadano; no a coartar la libertad de expresión del jefe del Estado, ni a impedir el cumplimiento de la obligación que tiene todo servidor púbico de denunciar ante las autoridades competentes irregularidades o ilícitos de los que tenga conocimiento.

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Capturan a “las inspectoras” del Clan del Golfo, que multaban hasta por el motilado y color de las uñas

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En uno de los más grandes operativos contra el Clan del Golfo realizado en Antioquia en los últimos meses, que las autoridades adelantaron en tres municipios del Occidente y en Medellín, capturaron a nueve presuntos integrantes de este grupo criminal, incluyendo cuatro mujeres que eran conocidas como “las inspectoras” de esta organización criminal y a quienes se les señala de haberse convertido en el terror en varios municipios ejecutando multas y castigos por las razones más irrisorias.

El operativo se realizó en Heliconia, Armenia Mantequilla y Ebéjico, además de la capital antioqueña.

Allí fueron capturados nueve presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez, y entre estos figuran tres mujeres identificadas con los alias de ‘Victoria’, ‘Claudia’ y ‘Mila’.

Según señaló el director de la Policía, general William Salamanca, estas mujeres se habían adjudicado el rol de “inspectoras” en los municipios y recorrían barrios y calles imponiendo multas y hasta trabajos forzosos como limpiar potreros, arrear ganado y ejecutar todo tipo de trabajos manuales como castigo por cosas tan absurdas como un corte de cabello o un color de uñas que fueran en contravía con “el manual” de comportamiento impuesto por estos criminales, y que según las autoridades es uno de los mecanismos utilizados para ejercer control social entre la población.

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Incrementan pie de fuerza y ofrecen cien millones de pesos por autores de atentado en Arauca

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Tras un consejo de seguridad extraordinario en el departamento de Arauca, las autoridades y las Fuerzas Militares anunciaron medidas inmediatas para capturar a los responsables del atentado perpetrado el martes 17 de septiembre contra una guarnición del Ejército en esa zona del país.

Entre las acciones destacan el envío de 30 pelotones del Ejército y de la Armada al departamento, así como una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita la captura de los miembros del ELN, señalados como responsables del ataque terrorista, que dejó 25 soldados heridos y dos fallecidos.

Durante la reunión de seguridad, inteligencia militar reveló que el responsable de atentado terrorista es alias Raúl, cabecilla del Frente de Guerra Domingo Laín Sáenz del ELN.

“Se reafirma toda la contundencia de las Fuerzas Militares de Colombia en contra del grupo armado organizado ELN, al no existir ningún decreto de cese al fuego vigente”, informó la institución.

Así mismo, se anunció la creación, por parte de la Policía Nacional, del cartel de los más buscados en el departamento con el fin de incentivar la denuncia y propiciar cuanto antes la judicialización de los implicados.

Hasta ahora, luego de los atentados, han sido capturados dos presuntos responsables, quienes ya fueron presentados ante un juez y este mismo jueves serán llevados a las diligencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento

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