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Empresa Chiquita Brands fue hallada culpable de financiar paramilitares en Colombia

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La multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands fue hallada culpable por financiación del paramilitarismo en Colombia, según determinó la justicia de Estados Unidos, luego de seis semanas de juicio. La compañía ya se había declarado culpable por entregar dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), luego de que el Departamento de Justicia estadounidense la investigara.

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la empresa llegó a efectuar 100 pagos por más de 1,7 millones de dólares a tres bloques de las AUC: el Norte, el Bananero y el Élmer Cárdenas. La entrega del dinero se llevó a cabo entre 1997 y 2004, con el objetivo de contar con “seguridad privada”, proporcionada por los paramilitares.

Según detalló Cambio, la multinacional se defendió en los juicios asegurando que los millones de dólares entregados a las AUC, lideradas por la Casa Castaño, obedecieron a una necesidad de proteger a los trabajadores de la empresa de los mismos paramilitares, por cuenta de las extorsiones y amenazas que estos ejecutaban.

No obstante, según el medio citado, el abogado de las víctimas, Jack Scarola, afirmó que la empresa firmó un “pacto con el diablo” al decidir financiar el paramilitarismo en Colombia, sabiendo los crímenes que se cometían. Incluso, indicó que no puede exonerársele de responsabilidad a pesar de que, en efecto, hubiera sido objeto de intimidaciones.

Los 10 jueces que escucharon los argumentos de las partes tomaron la decisión de declarar culpable a la empresa. “Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, aseguró el asesor general de la organización no gubernamental EarthRights International, Marco Simons, citado por Cambio.

Según dicha organización sin ánimo de lucro, que se dedica a emprender acciones legales contra “poderosas corporaciones” en defensa de los derechos humanos, todo el proceso inició en 2007, cuando interpusieron una demanda colectiva federal en nombre de las víctimas de las AUC en Colombia.

Pues, el dinero que Chiquita Brands entregó a los hombres armados permitió que sus operaciones delictivas se mantuvieran en varias regiones bananeras del país. Exdirectivos, expresidentes y exconsejeros generales de la empresa fueron señalados por las víctimas de hacer parte de este entramado.

Según detalló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras la empresa financiaba a los paramilitares, en la región del Urabá se registraron 97 masacres, cuyo saldo fue 607 víctimas. Esto ocurrió entre 1991 y 2011, años en los que habitantes, líderes y lideresas sociales, trabajadores y sindicalistas, fueron asesinados.

El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Gerardo Vega recordó que los paramilitares dejaron más de 4.000 víctimas en el Urabá. “La justicia norteamericana ha avanzado, primero impuso una multa de 25 millones de dólares a esa empresa, pero ese dinero quedó en Estados Unidos y las víctimas están en Colombia. En Colombia, las empresas y personas que financiaron el paramilitarismo, sobre todo en esa región, gozan de impunidad”, detalló el exfuncionario.

Indicó que ni la justicia ordinaria, ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni Justicia y Paz, han impartido justicia con respecto a las acciones delictivas de la multinacional en el país. “Esperamos nosotros que la justicia colombiana, de manera pronta, decida sobre esos temas, ubique las responsabilidades e imponga las sanciones que se requieren”, precisó Vega, el 30 de abril de 2024, cuando empezaron los juicios contra Chiquita Brands en Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Tiempo, aunque fue la justicia estadounidense la que halló culpable a la compañía, se aplicará el Código Civil colombiano y, en esa medida, las víctimas tendrán que ser indemnizadas.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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