El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, condenó al entonces máximo cabecilla del extinto Bloque Catatumbo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, y a 45 exintegrantes de esa organización ilegal por 1.323 hechos criminales ocurridos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en Norte de Santander.

«La decisión da cuenta 568 hechos de homicidios, entre ellos los perpetrados durante las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú; 55 casos de desaparición forzada, la mayoría relacionados con población civil y representantes de las comunidades que fueron retenidos en zona rural y sobre los cuales se desconoce su paradero; y 700 eventos asociados con desplazamientos forzados», informó la Fiscalía.

El ente acusador señaló que «las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos. Las víctimas de estas conductas fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley».

Por esta razón, Salvatore Mancuso fue condenado a 480 meses de prisión, mientras que los demás sentenciados recibieron entre 240 a 480 meses de prisión. Además, deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin embargo, no pagarán este sentencia teniendo en cuenta que les aplica la pena alternativa de 8 años de prisión, de acuerdo los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz, y hay que indicar que Mancuso ya duró ese tiempo en prisión.

Adicionalmente, el Presidente Gustavo Petro lo designó como ‘gestor de paz’ para ‘contribuir al diálogo y llevar a la paz total’ que necesita el país.

«El fallo conocido ordena a los exintegrantes de las AUC reparar patrimonialmente los daños morales y materiales causados a las víctimas acreditadas en el proceso», puntualizó la Fiscalía.

La estrategia investigativa puesta en marcha por la Fiscalía General de la Nación para detectar y afectar los activos adquiridos con recursos del narcotráfico y otras conductas delictivas, permitió identificar 101 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de Pedro Pablo Guzmán Usma, alias Pelomono, un señalado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ que sería el encargado de cobrar a otras estructuras ilegales para permitirles sacar toneladas de cocaína
por el Golfo de Urabá.

Las verificaciones realizadas por fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo de la Policía Nacional, evidenciaron que las propiedades fueron puestas a nombre de familiares y amigos de Guzmán Osma para ocultar su origen ilegal e intentar evadir el control de las autoridades.

En ese sentido, los predios fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, las cuales fueron materializadas en diligencias realizadas en Apartadó y Turbo (Antioquia).

Los bienes afectados superan preliminarmente en valor los 2.300 millones de pesos. Están representados en 7 inmuebles urbanos, 27 vehículos, 66 semovientes y un establecimiento de comercio.

Alias Pelomono fue capturado en enero de este año, en atención a una solicitud de extradición elevada por la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. Los reportes oficiales dan cuenta de que es cuñado de alias Chiquito Malo, uno de los cabecillas principales del ‘Clan del Golfo’, y estaría involucrado en el envío de
clorhidrato de cocaína por el Caribe colombiano con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Andrés Camilo Sotelo Torres, como presunto responsable de atacar con un arma de fuego y ocasionarle la muerte a Juan Felipe Rincón Morales, hijo del Inspector General de la Policía, el pasado 24 de noviembre en el barrio Quiroga, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio doloso agravado; y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Los cargos no fueron aceptados.

Los elementos de prueba obtenidos por un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que la víctima habría llegado al sector y fue interceptada por varias personas, entre ellas Sotelo Torres, quien en medio de una discusión y en un acto de intolerancia, al parecer, le disparó con un revólver.

El señalado agresor resultó herido en una de las piernas, producto de la reacción del escolta del joven. En las próximas horas será sometido a una cirugía, por lo que el juez de control de garantías suspendió la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento mientras se cumple el procedimiento y se garantiza su recuperación.