Como parte de las investigaciones que se siguen contra los componentes armados y financieros del ‘Clan del Golfo’ en la Costa Atlántica, la Fiscalía General de la Nación estableció que el jefe de operaciones de la Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional (Sipol) en Bolívar, el intendente Harvey Arellano Cerda, sería el responsable de entregar
información privilegiada al grupo armado ilegal.

Los elementos de prueba obtenidos dan cuenta de que el uniformado, al parecer, aprovechaba su cargo y entraba sin autorización a los sistemas de la entidad para extraer detalles de las operaciones y los movimientos de la fuerza pública en el departamento.

Esto lo haría con el propósito de alertar a la subestructura Uldar Cardona Rueda sobre las acciones en su contra.
De esta manera, los cabecillas evadían los operativos y evitaban que fueran impactadas sus finanzas ilegales.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminalesle imputó al intendente Arellano Cerda el delito de violación de datos personales agravado. El funcionario aceptó de manera libre y voluntaria el cargo en su contra.

En ese sentido, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa
de la libertad en su lugar de residencia.

El exservidor judicial fue acusado de autorizar el reconocimiento irregular de cesantías a docentes y de ordenar el embargo de cuentas oficiales.

Wilson Escarria Camacho, exjuez laboral de Buenaventura, fue presentado ante un juez de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien lo imputó como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. Los cargos no fueron aceptados por el acusado.

Escarria Camacho, quien se encuentra detenido en un centro carcelario de Cali por otros casos presuntamente irregulares, es señalado de modificar y agrupar de manera irregular siete procesos ejecutivos relacionados con demandas de profesores contra el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio, por pagos atrasados de cesantías. En cada uno de estos procesos estaban involucrados entre 50 y 300 docentes.

Entre enero y noviembre de 2019, el exjuez emitió 53 fallos en los que favoreció a los docentes. No obstante, se determinó que habría actuado sin competencia para dictar esas decisiones y utilizado normas derogadas para fundamentar sus fallos. Además, habría ordenado el embargo de cuentas de entidades del Estado, lo cual está prohibido por la ley.

De los siete procesos que asumió, cinco fueron revocados en segunda instancia, pero en los casos que quedaron firmes se depositaron más de 23.000 millones de pesos en una cuenta judicial, los cuales habrían sido dirigidos a los abogados de los demandantes.

Después de una investigación, las autoridades revelaron que estos hechos venían ocurriendo desde 2023, mientras este sujeto les impartía clases a niños y niñas de primero y segundo grado.

La Fiscalía General de la Nación capturó y judicializó a William Robert Moreno Oviedo, un profesor de primaria en Ibagué (Tolima), señalado de abusar sexualmente de seis de sus alumnas.

La investigación, adelantada por la recién creada Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, reveló que los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024, mientras el docente impartía clases a niños de primero y segundo grado.